Las demandas impuestas contra las tarifas y otros temas del sector eléctrico, ante la Corte Suprema de Justicia, pueden tardar años en resolverse o incluso causar retrasos que afectan tanto a las empresas como a la calidad de los servicios para los usuarios.
Así lo indicó el secretario nacional de Energía, Juan Manuel Urriola, durante el foro de Energía organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede).
“Cualquier loco llega a la Corte Suprema de Justicia y mete una demanda. Esa demanda, de repente, causa un problema y retrasa o tira en el tiempo hacia atrás las tarifas que son anteriores a las que se tienen permitidas como máximo hoy. Y, por supuesto, eso le crea un hueco en el flujo a las empresas”, dijo.
Sostuvo que hay un caso en particular que ha causado un efecto contrario, alcanzando una afectación de 36 millones de dólares para los trabajadores de una de las empresas eléctricas.
Urriola expresó que la Corte Suprema de Justicia debe tener algún mecanismo expedito para los casos relacionados con el sector eléctrico.
“Una forma de que los casos que provienen del sector de energía sean atendidos en un lugar especial. O si no, que por lo menos tengan seriedad en sus definiciones”, expresó.
Sostuvo que lo mismo sucede con las multas que impone la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), las cuales pueden causar caos.
“El caos pasa por la multa que pone la ASEP. La multa que pone la ASEP se resuelve 10 años después, 12 años después”, manifestó, sobre la necesidad de que estos mecanismos no frenen al sector.
Mencionó que, en algunos casos, esas multas fueron ratificadas por la ASEP y, posteriormente, llevadas a la Corte Suprema, donde las decisiones han salido 12 y hasta 13 años después.
“Esa situación, para un sector de alto flujo y alto manejo de capital, como lo es el sector de energía, no puede ser”, afirmó.
El secretario nacional de Energía dijo que se acercaron a la Corte Suprema de Justicia para hablar de estas preocupaciones.
“Ya hablamos con uno de los magistrados, pero cada magistrado tiene su estilo, su forma, sus tiempos. Pero si hubiera un denominador común en los temas del sector de energía, sobre todo en aquellos que involucran al usuario final, que son ¿cuántos? Un millón y medio de usuarios deberían tener este contrato. No estamos pidiendo una definición a favor, estamos pidiendo que se le dé una serenidad [a las demandas y casos] porque, de otra manera, la situación es diferente”, expresó.
Recientemente, un informe de la calificadora de riesgo Fitch analizó las preocupaciones que existen en el sector eléctrico por la intervención de la Corte Suprema de Justicia en las decisiones del mercado.
Específicamente, la agencia de riesgo ponderó el efecto que ha tenido la decisión de la CSJ de ordenar la suspensión de las tarifas aprobadas para la empresa distribuidora y comercializadora ENSA en octubre de 2024, lo que ha afectado la estabilidad financiera de la empresa, que abastece al 40 % del país.
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