El sector bancario panameño reclamó al Gobierno que cumpla con los lineamientos del régimen de interés preferencial, de manera que los bancos puedan recuperar los montos del subsidio a los préstamos de interés preferencial, una cifra que ya suma entre $500 millones y $600 millones, según comunicaron ayer representantes de la Asociación Bancaria de Panamá.
En una rueda de prensa ofrecida ayer en el marco de la VIII Cumbre Financiera Internacional, el presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, Otto Wolfschoon, dijo que “es importante, en el caso de los intereses preferenciales, que la ley en la parte de reconocimiento o pago de los créditos fiscales se cumpla”.
El presidente ejecutivo del gremio, Carlos Berguido, explicó que la última vez que el Gobierno se puso al día con la banca fue al inicio de la administración del presidente Laurentino Cortizo. Berguido comentó que la administración anterior había dejado un saldo importante de créditos fiscales pendientes de ser reconocidos, instrumentados y utilizados, y cuando entró la administración actual se hizo un esfuerzo para ponerse al día. “Pero luego vino la pandemia y su continuación, y las cosas se han mantenido relativamente sin movimiento desde entonces”. Mientras tanto, los créditos han seguido acumulándose y así las cuentas pendientes con los bancos.
El régimen de créditos con interés preferencial está amparado por la Ley 3 de 1985. Consiste, básicamente, en que se concede un subsidio para costear una parte de la tasa de interés que los bancos cobran a sus clientes en un préstamo hipotecario para viviendas nuevas de cierto monto.
Dependiendo del monto de la vivienda, el tramo subsidiado varía. En la práctica, una vez concedido un préstamo hipotecario con estas condiciones, el banco no cobra al cliente el tramo subsidiado, y ese monto se reporta al Gobierno para que eventualmente lo reconozca como un crédito fiscal.
Para que esto suceda, en una primera instancia el Gobierno debe emitir una resolución que da derecho al banco al crédito fiscal y en un segundo paso el banco utiliza ese crédito fiscal como un mecanismo para rebajar el monto a pagar de sus impuestos.
Según miembros de la industria, por un lado se están produciendo demoras en la emisión de resoluciones y, además, la Dirección General de Ingresos no está aceptando la presentación de los créditos fiscales.
Mientras, los bancos han seguido desembolsando créditos con estas condiciones por compromisos que se habían adquirido previamente, y de esta manera el monto pendiente a ser reconocido ha ido en aumento.
Al cierre de mayo, según cifras de la Superintendencia de Bancos compartidas por la Asociación Bancaria, el saldo de hipotecas residenciales con ley preferencial sumaba $8,358 millones. No es una cuestión menor, tomando en cuenta que, como publicó el regulador bancario recientemente, “a la fecha, 7 de cada 10 créditos de viviendas que se otorgan en Panamá son del segmento de interés preferencial”.
Esta situación está derivando, según reconocieron los representantes del sector bancario, en que algunas entidades se replanteen su participación en el programa. Wolfschoon señaló las decisiones dependen de cada entidad, pero advirtió de que “cualquier cosa que da inestabilidad para la rentabilidad de cualquier sujeto económico puede impactar su apetito de participar en un determinado mercado.”
En la práctica, mientras no se acelere el reconocimiento de los créditos fiscales, estarán siendo los bancos los que costean un subsidio estatal, limitando su capacidad para hacer uso de esos fondos, ya que esos montos pendientes de ser reconocidos por parte del Gobierno podrían estar en inversiones financieras generando rendimientos o colocados en nuevos préstamos que generen un efecto positivo para la economía.
A mediano plazo, si los bancos pierden el interés por financiar proyectos en el rango del interés preferencial, se puede producir un efecto cascada negativo que afecte el inicio de nuevos proyectos de vivienda, con el consiguiente impacto en la construcción y en la economía.
Crédito y depósitos crecen
Los representantes del sector bancario presentaron además la situación actual de la industria, que registra un crecimiento en el saldo de los préstamos y en los depósitos.
La cartera total de créditos del sistema bancario nacional al mes de mayo aumentó 11.4% para totalizar $77,019 millones. De ese total, el crédito interno suma $58,981 millones y registra crecimientos en las carteras de mayor volumen, como son hipotecas (5.3%), consumo personal (2.1%) y comercio (8.3%). La cuarta, la de construcción, sigue por debajo del nivel del año anterior (-3.1%).
En cuanto a los depósitos, el centro bancario internacional cerró el mes de mayo con $99,911 millones, un aumento de 1.4% en comparación con el mismo momento del año anterior. Los depósitos internos cayeron 2.3%, mientras que los externos aumentaron un 8.1%.
Wolfschoon dijo que pese a los problemas que se viven diariamente, el país cuenta con muchos atractivos para inversionistas y depositantes extranjeros, entre los que citó la estabilidad macroeconómica y política, la dolarización de la economía, el hub regional y un sistema bancario sólido.
Por contra, la permanencia en listas internacionales ha generado en los últimos años ciertas trabas para la inversión o para depositar fondos en el país, dijo el banquero.
Ante la esperada salida del país de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en los próximos meses, Wolfschoon dijo que “vamos a tener oportunidad de que se reconsidere a Panamá por parte de estos inversionistas”.
No obstante, esto no sucederá “por generación espontánea”, sino que habrá que hacer el trabajo de mercadeo y relanzamiento del país para motivar la inversión.
