La crisis social que vive Panamá con cierres de calles y de las principales carreteras que comunican el país está teniendo un impacto fortísimo para la economía.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (Cciap) estima que en 12 días el impacto en el comercio al por menor y al por mayor es de $533 millones. Se trata de una cifra importante que puede seguir creciendo si no se resuelve el conflicto.
Marcela Galindo, presidenta de la Cciap, dijo que en la medida que las calles permanezcan cerradas no se podrá generar actividad comercial.
“Ahora estamos tratando de mover producto fresco del interior a la capital y otro tipo de productos como combustibles, oxígeno, gas, medicinas y otros insumos de la capital al interior. A medida que no podamos transitar, todo eso se suspende”, planteó.
Hay afectaciones directas en estos momentos, y las puede haber a más largo plazo, por ejemplo en materia de turismo e inversión, a raíz de una crisis que ya es parte de los noticieros internacionales. “Preocupa cómo se afecta la imagen de Panamá ante toda esta situación...Vamos a tener que retomar la confianza de los inversionistas”, planteó.
La presidenta del gremio compareció ayer, 20 de julio, ante medios de comunicación, acompañada por un amplio grupo de representantes de la Cámara, para hacer un llamado conjunto con la Federación de Cámaras de Comercio, la Unión de Pequeñas y Medianas Empresas, la Alianza para la Emprendimiento e Innovación y la Cámara de Comercio de Colón.
Los gremios reclaman la apertura de las vías y el avance del diálogo, un rol más activo del Gobierno, y un ataque frontal a la corrupción.
“Resulta urgente que tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial ataquen sin miramientos todo acto de corrupción; acaben con los privilegios y la falta de transparencia”, dijo Galindo.
En ese sentido, solicitó una hoja de ruta sobre los planes de austeridad, una revisión del Presupuesto del Estado, la eliminación de los incentivos fiscales al turismo, la renuncia de la rectora de la Universidad de Chiriquí, Etelvina Medianero de Bonagas, y la aprobación de la ley de conflictos de intereses.
“Los recursos del Estado nos pertenecen a todos, y todos merecemos su mejor manejo posible”, planteó.
Galindo también exigió al contralor general de la República, Gerardo Solís, “cumplir su deber fiscalizador sobre todos los Órganos del Estado que la población reclama y la Constitución lo obliga”.
Diálogo
Los representantes del sector empresarial que se citaron ayer en la sede de la Cámara de Comercio hicieron un llamado a la apertura de vías para que se reestablezca la cadena de suministro y a la vez se dé un diálogo en un ambiente de confianza y sin presiones externas.
Galindo dijo que la Cámara ha solicitado formalmente ser incorporada en la mesa única de diálogo. En ese sentido, dijo que en una primera instancia se están reuniendo los grupos que lideran las protestas para homologar un listado de peticiones. Una vez que esto suceda, pidió que se evite incorporar nuevas peticiones porque eso atrasaría el diálogo y las eventuales soluciones.
La presidenta de la Cámara instó también al presidente Laurentino Cortizo a formar parte de la mesa de negociación. Galindo dijo que “hemos sentido la ausencia del Gobierno”, en referencia a la falta de comunicación, destacando que la comunicación que recibe la ciudadanía procede de los grupos que lideran las protestas, con mensajes de cierres de calles, falta de acuerdos y caos. Mientras, no existe tal nivel de comunicación del Gobierno sobre los esfuerzos que se hacen para manejar la situación. “No recibir la comunicación por parte del Gobierno genera mucha incertidumbre en la población”.
Freno a la producción y desabastecimiento
La interrupción de la cadena para distribuir alimentos se ha reflejado en las tiendas y supermercados con el desabastecimiento, mientras que en los centros de producción agrícola del país algunos productos se pierden.
Ayer miércoles 20 de julio, después de 13 días de despachos irregulares, se movilizaron 200 camiones con productos alimenticios desde el occidente del país hacia la ciudad de Panamá.
Pero ya se habían registrado varios días de escasez de verduras y frutas, a la que se sumó la proteína animal como pollo, carne bovina y cerdo.
En los sectores más afectados por los cierres de vías ha sido muy limitada la oferta. Y en algunos casos, el producto ha desaparecido de las neveras.
Tras los cierres, en las fincas y granjas se interrumpió el proceso de sacrificio de animales para abastecer al mercado porque no se podían distribuir afectando las operaciones y los ingresos de las empresas agropecuarias.
En el caso de la producción porcina, diariamente se han dejado de sacrificar unos mil 500 animales o aproximadamente 18 mil cerdos en los últimos días de crisis, dijo Juan Guevara, presidente de la Asociación de Porcicultores Unidos de Panamá.
Las pérdidas del sector porcino también se miden por la falta de insumos que no han llegado a las fincas; como vacunas, minerales, vitaminas y el alimento para las crías de cerdo.
“Con uno de los insumos que haga falta entre los 18 componentes de la ración alimenticia para el cerdo de alta genética, se produce un caos”, advierte Guevara.
También hay efectos en la producción avícola, la proteína animal más económica para la población.
La Asociación Nacional de Avicultores de Panamá (Anavip) informó que han tenido pérdidas por la carne de pollo y los huevos que se quedó por varios días en los vehículos varados en los tranques.
A Chiriquí y Bocas del Toro no se ha podido llevar ni una libra de pollo, indicó Anavip. Se han dejado unas 200 mil aves en las fincas, con lo cual se interrumpe el ciclo de producción. Igualmente han tenido problemas para abastecer de alimento a las aves por la falta de suministro de insumos.
“Por eso hacemos un llamado como sector agropecuario que a los únicos que están castigando con estos cierres es al pueblo que dicen que están defendiendo”, señaló Luis Carlos Castroverde, presidente de Anavip.
Los gremios del sector agropecuario pidieron que se suspendan los tranques de las avenidas y las calles para que la producción de alimentos frescos, los insumos y las materias primas lleguen a los puntos de destino.
“No me parece que tenemos que estar recurriendo a la figura de corredores humanitarios, si aquí lo que se tiene es que garantizar el libre tránsito sin restricción. Este es un país democrático donde deben regir las garantías fundamentales para todos”, agregó Castroverde. Aclaró que el sector agropecuario no está en contra de que haya un reclamo de los grandes temas nacionales que se necesitan rectificar, pero considera que se debe dar paso al diálogo.
En este pronunciamiento del sector agropecuario se incluye a la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), la Asociación de la comunidad de productores de Tierras Altas, la Asociación de Procesadores de Quesos y Lácteos de Panamá, la Asociación Nacional de Molineros de Arroz (Analmo) y a la Asociación de Procesadores de Maíz Nacional para Consumo Humano.
