Los 5 mil 941 trabajadores que están en el proyecto Cobre Panamá, operado por Minera Panamá, han empezado el año con la advertencia de un posible despido.
La filial de la canadiense First Quantum comunicó a sus trabajadores que tendrá que ejecutar un recorte de gastos en caso de no alcanzar un acuerdo con el Gobierno para continuar con la operación de la mina ubicada en las montañas de Donoso, provincia de Colón.
El pasado viernes, a través de un comunicado interno, la empresa expresó que confía en lograr un acuerdo con el Ministerio de Comercio e Industria (Mici) que mantenga el pago mínimo anual de 375 millones de dólares en aportes al Estado, como ha reclamado el gobierno de Laurentino Cortizo desde hace un año.
Sin embargo, advirtió que de concretarse el plan de mantenimiento y cuido ordenado por el Consejo de Gabinete, deberá tomar acciones para reducir sus gastos, incluyendo recortes de personal y disminución de los planes que realiza en comunidades dentro y cerca de la concesión de 13 mil 600 hectáreas en Donoso.
“En ausencia de un acuerdo, nos preocupa que el gobierno nos exija poner la mina bajo cuido y mantenimiento. Este es un paso drástico y en nuestra opinión, innecesario, que potencialmente tendrá un gran impacto en nuestros empleados, proveedores y las comunidades aledañas. Esta no es una acción que deba tomarse a la ligera, pero lamentablemente nos veremos obligados a seguir la directiva del gobierno, si los términos finales pendientes no pueden resolverse sobre una base razonable”, señala el comunicado.
Por su parte, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata indicó que cualquier decisión que tome la minera en función del cese de los trabajadores, “debe ser previamente consultado y aprobado” por el Mitradel, conforme lo dicta el Código de Trabajo.
La empresa también informó a sus trabajadores que presentará una apelación ante el Mici, luego que el Gobierno negó la reconsideración presentada contra la resolución que ordenó el cese de las operaciones comerciales de la minera.
Actualmente, en la concesión hay, en este momento, 3 mil 241 trabajadores de campo, mientras que otros 2 mil 700 están en labores administrativas. A estos trabajadores hay que sumar los empleados de los subcontratistas.
Michael Camacho, directivo de la Unión de Trabajadores de Minera Panamá (Utramipa), sindicato mayoritario dentro del proyecto minero, indicó que luego del anuncio hecho por la empresa el pasado viernes se ha incrementado la preocupación entre los trabajadores sobre quién asumirá el pago de sus salarios de concretarse el plan de mantenimiento y cuido, donde se detendrán en su totalidad las exportaciones y se reducirá al mínimo la operación de la planta procesadora para evitar daños en los molinos.
Camacho adelantó que el próximo miércoles 11 de enero se reunirán con la ministra Zapata para exponer la preocupación de los trabajadores, quienes continúan en sus puestos de trabajo; incluso señala que no se ha detenido el proceso de nuevas contrataciones.
En relación al plan solicitado por el Gobierno, la compañía informó que el mismo se está elaborando para luego someterlo a la aprobación del Mici.
La Resolución de Gabinete No. 144 de 15 de diciembre de 2022 estableció un plazo de 10 días hábiles para que, luego de ser notificada formalmente, Minera Panamá presente las acciones que adoptará para cumplir con el cese de operaciones.
Ni el Mici ni Minera Panamá han revelado cuándo se cumple el plazo de los 10 días hábiles, pero todo indica que a finales de la próxima semana la empresa debe entregar el documento.
Una vez sea aprobado por el Consejo de Gabinete, la filial de la canadiense First Quantum tendrá dos días hábiles para implementarlo.
El Gobierno ha señalado que la empresa ha solicitado reconsiderar los puntos ambientales acordados hace un año como la ampliación de la superficie dada en concesión, así como mantener los beneficios fiscales contemplados en 1997.
Aunque la empresa asegura que la operación de la mina es legal, ya que la concesión fue “prorrogada” por 20 años en 2017 por el entonces ministro de Comercio, Augusto Arosemena, el Gobierno sostiene que la Corte Suprema de Justicia ratificó su fallo, en el que dictaminó la inconstitucionalidad de la Ley 9 de 1997, que abrió las puertas para la minería a cielo abierto en la provincia de Colón. El fallo fue producto de la demanda de Inconstitucionalidad presentada por el Centro de Incidencia Ambienta. (Ciam).
Entre enero y septiembre de este año, la mina de Donoso generó ventas brutas por $2,285 millones y una ganancia bruta de $876 millones. En este periodo, el Estado panameño recibió $46 millones en pagos de regalías, bajo los términos pactados en 1997, ya que lo acordado en enero de 2022 nunca fue oficializado.
First Quantum ha indicado que su última propuesta cumple con los $375 millones que pide el Gobierno, pero que es necesario que se les otorguen garantías en caso de que el precio de la libra de cobre se desplome en los mercados internacionales.
