El pasado 15 de enero, unos 11 mil barriles de petróleo de la refinería La Pampilla, operada por Repsol, cayeron al mar peruano y comenzó un vendaval de culpas y responsabilidades. Seis meses después, tanto el impacto real a nivel medioambiental como el panorama de miles de personas afectadas sigue siendo incierto.
La situación está atascada, alertó el director científico de la organización ambiental Oceana Perú, Juan Carlos Riveros, respecto al bloqueo que considera que existe al no tenerse un informe oficial del daño ocasionado por el peor desastre medioambiental de la historia reciente del país, como lo catalogó la ONU.
Cuando accidentes de este tipo se producen, se pone en marcha un proceso con varias fases, que comienza con la limpieza, y luego se realiza un informe detallado sobre el daño en aguas, playas y organismos vivos para conocer el impacto real del accidente.
Riveros explicó que la siguiente etapa, denominada remediación, depende de un informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que hasta el momento no se ha hecho público.
Por ese motivo, aún no se ha comenzado a remediar el impacto del derrame, para lo cual se podrán usar técnicas como la aplicación de microorganismos que eliminan la toxicidad de los restos de crudo o disolventes que ayudan a restaurar el orden biológico.
“Que a seis meses la situación siga así es criminal”, sentenció el especialista.
En ese sentido, Repsol afirmó que continúa a la espera del informe de evaluación del OEFA y remarcó que esto cobra vital importancia, dado que, de este informe, se implementarán -de ser el caso- los planes de rehabilitación, en donde corresponda, y adicionalmente porque repercute en la reactivación de las actividades productivas y de recreación de las zonas afectadas.
Aunque el OEFA aseguró que este reporte estará listo en agosto próximo, el director de Oceana sostuvo que los meses que han seguido al derrame han mostrado una cierta ineficiencia y lentitud en los procesos, algo que la inestabilidad política en el país y los cambios de funcionarios públicos ha agrandado.
El desastre ecológico comenzó en el remoto Pacífico Sur, donde la erupción del volcán Tonga provocó que países con costas bañadas por este océano decretaran la alerta de tsunami, algo que no hizo la Marina de Guerra de Perú, encargada en el país de estos casos.
Según Repsol, esto llevó a que las operaciones de extracción de crudo no se paralizaran, lo que influyó en el vertido, causado cuando el buque italiano Mare Doricum descargaba combustible por las tuberías submarinas de la refinería La Pampilla, que opera la empresa española en el municipio de Ventanilla, en el norte de Lima.
En un primer momento, la petrolera reportó que se trataba de una fuga de 0.16 barriles (unos 25 litros), una cifra que días después la empresa elevó a 10 mil 396 barriles, mientras que las autoridades peruanas situaron en 11 mil l900.
Esta fuga afectó 112 kilómetros cuadrados de mar y litoral peruano, y las imágenes de aves cubiertas de crudo, peces muertos, playas sucias y la desesperación de los pescadores y los trabajadores del mar ocuparon titulares y portadas, pero poco a poco el ruido se fue apagando. En medio de las investigaciones que buscan aclarar lo ocurrido en enero, el pasado 14 de junio una comisión del Congreso peruano remarcó en la responsabilidad de Repsol y señaló deficiencias en el proceso de descarga del combustible.
