Sin reformas reales y estructurales, la quiebra del sistema de pensiones es inminente

Panamá enfrenta la quiebra de uno de sus sistemas de pensiones en un año. Durante el último lustro no faltaron advertencias sobre el colapso del subsistema exclusivamente de beneficio definido Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), pero llegado el fin de sus reservas en el 2024, el país se enfrenta al aprieto financiero de no contar con los fondos suficientes para pagarle la jubilación a cerca de 300 mil personas.

El tamaño de la crisis que se avecina no tiene precedentes y genera angustia entre actuarios, analistas independientes, financista, abogados y miembros de la propia junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), de acuerdo con lo debatido la tarde del miércoles 26 de abril en el marco de la Conferencia Anual de Ejecutivos CADE 2023, organizada por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, (Apede).

El actuario Dino Mon, dijo que todos estamos advertidos de que las reservas del subsistema de beneficio definido se acaban en 2024, lo que significa que cerca de febrero del próximo año no habrá fondos suficientes para pagarle a los actuales pensionados.

De allí que hiciera un llamado a una discusión técnica, con elementos financieros, y alejada de la política para determinar reformas profundas que no arrastren a todo el país a un despeñadero.

Aunque reconoció que este mismo llamado se ha hecho en muchas ocasiones sin tener ninguna reacción, por lo que no descartó la sugerencia de dejar que todo siga como hasta ahora para esperar que el subsistema haga crisis y que el país realmente dimensione el tamaño del problema.

Sus palabras tenían de antesala la explicación de lo que está intentando fraguar el Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados (Conato), a través del proyecto de ley 748, con el que se busca unificar el quebrado subsistema de beneficio definido con el sistema mixto de pensiones, que consta de dos componentes (uno de beneficio definido y uno de ahorro personal), creado mediante la Ley 51 del 27 de diciembre de 2005.

La unificación del sistema da una solución ficticia y cortoplacista. Los fondos si acaso servirían para tapar el déficit de las pensiones hasta 2026, " con lo que se estaría corriendo la quiebra” apenas un par de años y arrastrando a un poco menos de 700 mil trabajadores del sistema mixto a la debacle del programa exclusivamente de beneficio definido.

La idea detrás del proyecto de ley 748 del Conato es que los fondos con el componente de ahorro personal, que son la garantía de las futuras generaciones, sean utilizados para pagarle a los actuales jubilados.

Sin embargo, esa fusión de pensiones plantea la “expropiación de ahorros individuales de los cotizantes”, aseguró Pablo Gutiérrez, financista especializado en gestión de riesgos y seguros.

Gutiérrez hizo un llamado a la población trabajadora joven para que exijan un sistema de pensiones transparente, que otorgue libertad a los cotizantes para escoger quién debe administrar sus fondos y explorar la idea de migrar una estructura de pilares.

Se refiere a la reforma que acaricia el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), con la que se tendría tres pilares. El primero, sería una pensión solidaria universal no contributiva, manejada por la CSS, que se financia con los ingresos fiscales del gobierno.

El segundo pilar sería una contribución definida obligatoria, basada en ingresos y en ahorro individual. Los aportes entrarían a una cuenta manejada por la CSS o por una Administradora de Fondos de Pensión (AFP); según escoja el cotizante.

Mientras que un tercer pilar sería de contribución definida voluntaria, cuyo monto sería definido por cada cotizante, con un aporte adicional a una cuenta administrada en la CSS o en una AFP.

Hugo Wood, abogado, con más de 10 años de trayectoria en derecho, políticas públicas y relaciones internacionales, recordó la importancia de tener acceso a un fondo de pensiones, lo que se traduce en una certeza de bienestar y de prevención de la pobreza cuando los trabajadores llegan a la edad de retiro.

Entiende que esto se logra haciendo cambios profundos, transformando una entidad ineficiente, con “obesidad” administrativa, en una que sea ágil, dinámica y transparente.

Aida de Maduro, una de los representantes del sector empleador en la junta directiva de la CSS, reconoció que no es posible tener resultados diferentes si se continúa sin hacer nada.

En este sentido, cuestionó el manejo manual de la entidad, la falta de una plan estratégico a largo plazo, la carencia de procesos de trazabilidad y las funciones irrelevantes que en la práctica asume la junta directiva de la entidad.

Yolanda Sandoval

Editora Negocios