El Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) pidió este miércoles 10 de abril una investigación y una auditoría en el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) tras la divulgación de la lista de beneficiarios de los auxilios económicos relacionados a funcionarios públicos y de la sociedad en general.
“Es fundamental que se dé el proceso de investigar y auditar todos los programas de auxilio económico otorgados en los últimos años”, se plasma en parte del comunicado, en el que también se resalta que esta situación devela una notable crisis por un posible mal uso de los recursos del Estado.
El SIP así mismo recuerda que el proceso de adjudicación de los auxilios económicos debe ser transparente y con criterios justos. “Los expedientes de los beneficiarios deben ser públicos, sin excepción”.
De igual forma se le hace un llamado de atención a la Contraloría General de la República, porque es la entidad encargada de fiscalizar y controlar los movimientos de los fondos y bienes públicos.
Además, el gremio industrial le solicita al gobierno que sea electo en mayo próximo que revise las leyes que rigen en el Ifarhu con la finalidad de adaptarlas a las necesidades actuales del país y eliminar la discrecionalidad en la asignación de los recursos.
La Prensa presentó este martes 9 de abril de 2024 la primera base de datos interactiva de los jugosos auxilios económicos que el Ifarhu repartió en poco menos de cuatro años: entre el 7 de julio de 2019 y el 24 de mayo de 2023.
La Prensa logró armar una base de datos con los nombres de 2,144 beneficiarios del programa de auxilios económicos, lo que representa un gasto de $141.6 millones. No son todos: hay otros 2,759 desembolsos cuyo beneficiario se mantiene en secreto.
