La actual crisis del sistema del subsistema exclusivamente de beneficio de pensiones, cuyas reservas se acabarán el próximo año, plantea el enorme reto de implementar una reforma de la que el Gobierno se desentiende, mientras que el sector privado y los trabajadores sindicalizados tienen posturas totalmente opuestas, lo que ralentiza aún más la discusión y toma de decisiones.
Con más de 2,000 millones de dólares que se deben pagar al año a los actuales jubilados y la falta de fondos para hacerle frente al enorme compromiso, básicamente se tendrían tres escenarios: no hacer nada y dejar que el sistema público de pensiones quiebre, acudir a reformas que acabarían agrandando el problema o asumir el compromiso de llevar adelante cambios profundos que le garanticen a los panameños ingresos dignos para cuando lleguen a la edad de retiro.
César Tribaldos, exmiembro de la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS); y el banquero Roberto Brenes, hablaron con este diario para advertir de los efectos de la crisis que está por detonar, las salidas que observan en el horizonte y la desinformación, que a su juicio, ronda sobre este tema y la cual genera una zozobra mayor que la financiera.
Para empezar, indican, se ha querido hacer ver que la crisis del subsistema exclusivamente de beneficio definido Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) es el resultado de dividir el programa en dos, sobreviviendo el “mal llamado” sistema solidario y dando origen al subsistema mixto, que tiene un componente de ahorro personal.
En este sentido, aclaran que dicha división lo que evitó fue que los nuevos trabajadores que empezaban a cotizar fueran parte del subsistema exclusivamente de beneficio definido, que había demostrado ser insostenible.
Por otro lado, Tribaldos recuerda que siempre se supo que después de las reformas ambos sistemas en su conjunto debían ser revisados y reformados, si fuese necesario.
Pero han pasado los gobiernos de Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo, y no se ha hecho nada.
Además, recalcó que los compromisos que realmente se debían asumir en ese momento fueron ignorados.
En el caso del subsistema exclusivamente de beneficio definido, al tratarse de un sistema cerrado –al que no ingresan los trabajadores más jóvenes– siempre habrá un crecimiento de pensionados y una disminución de los cotizantes.
Por ello, el Estado debía hacer aportes anuales para asumir lo que se conoce como el costo de transición.
Pero a pesar de que los estudios actuariales en ese momento indicaban que los costos de transición serían de entre 400 millones y 500 millones de dólares anuales, se terminó aprobando en la Ley 51 de 2005 (artículo 213), que los aportes máximos fueran 140 millones de dólares al año.
Es decir, que en aquella reforma se estimó que el Estado aportaría mínimo 400 millones de dólares anuales a un fideicomiso, pero terminaron siendo 75 millones de dólares para los tres primeros años, 100 millones de dólares para los siguientes tres años y 140 millones de dólares en adelante.
Este único factor ha hecho una enorme diferencia, dijo Tribaldos, ya que si durante 14 años se hubiesen destinado 500 millones de dólares, a un interés del 3%, se habría obtenido cerca de 6,151 millones de dólares, solo en aportes del Estado, que habrían servido para tapar el enorme agujero que ahora no hay forma de sellar.
110 millones de personas
En América Latina son propietarias de $660 mil millones en sus cuentas de ahorro individuales, lo que es muy diferente a la promesa incumplida de los sistemas de beneficio definido.
Por otro lado, nunca se ha cumplido con lo que dictamina la ley respecto al mínimo de las reservas.
De acuerdo a la ley orgánica de la CSS, el IVM debe tener una reserva mínima de 2.25 veces de sus gastos anuales, y esto evidentemente tampoco se cumple.
Al cierre de 2021 las reservas institucionales del subsistema de pensiones terminaron en $1,001 millones, lo que significó una reducción de 14% al comparar el resultado con el del año 2020. Ese mismo año el programa tuvo costos y gastos por $2,032 millones.
Las deudas del subsistema de beneficio definido IVM van más allá de los 18 mil 600 millones de dólares que se tienen que pagar a través del tiempo a quienes ya están jubilados.
Las deudas actuariales reales de la CSS estarían entre 65 mil millones y 75 mil millones de dólares, que sería el monto total que de aquí a 2079 habría que pagarle a los actuales y futuros pensionados que hagan parte del subsistema exclusivamente de beneficio definido, de acuerdo con las cifras compartidas por la Junta Técnica Actuarial de la CSS.
¿Qué ha pasado con las reservas?
Este es un punto importante. La reserva es cuando yo tengo en mi alacena dos latas de sopa adicionales a las que me como. Pero cuando esas latas de sopa son de alguien más, eso no es reserva, eso es deuda del sistema con los que vienen atrás, recalcó Brenes.
$1,101.7 millones
este sería el déficit anual, sin reservas, al cierre de 2024 en el programa exclusivamente de beneficio definido.
¿El subsistema de beneficio definido es solidario?
Si fuera solidario no estarían limpiando a la generación que viene detrás de los que están jubilados, que es lo que ha pasado, dijo el banquero.
“Si de verdad hubiera algún equilibrio en el sistema, habría dinero. Pero lo que ha pasado es que le van quitando el dinero a los que están ahorrando. Un empleado podría decir: yo no pago al Seguro porque ni hay plata... El dinero que yo puse ya se la llevaron, ni me pueden decir cómo van a pagarme el futuro. Por lo tanto, porqué voy a pagar a un pozo sin fondos. Yo justificaría al que se rehúsa pagar al Seguro Social, porque actualmente lo están estafando”, precisó.
La estructura del programa exclusivamente de beneficio definido se basa en que la generación que aún trabaja y cotiza, y que forma parte del esquema exclusivamente definido, paga gran parte de las pensiones de los que ya están en edad de retiro.
$2,000 millones
se pagan en pensiones anualmente a los jubilados que forman parte en este momento del subsistema exclusivamente de beneficio definido de la CSS.
Como las generaciones más jóvenes financian gran parte de estas pensiones, los jubilados del subsistema exclusivamente de beneficio definido pueden recibir mucho más dinero del que aportan.
Con un 60% de repago, sus aportes apenas servirían para pagar pensiones por 8 años, pero al utilizar los aportes de otros trabajadores pueden recibir su cheque de jubilación, en promedio, 21 años después de dejar de trabajar.
Esto es insostenible, dijo Tribaldos.
¿Qué proponen?
Tribaldos y Brenes están convencidos de que un sistema de varios pilares puede solucionar el problema, garantizando una pensión mínima para quienes no cotizaron durante suficientes años.
Al mismo tiempo, el sistema permitiría que quienes hagan mayores aportes ( con mejores políticas de inversión) reciban más dinero en su jubilación. Y así mismo pasaría para quienes coticen por mucho más tiempo.
" Esto no significa ninguna privatización”, recalcó Brenes, ante las constantes críticas que ha recibido el sector empleador cuando proponen los mencionados cambios. Aunque “sí implica que el manejo de las inversiones debe ser más ágil y más rentable”.
Básicamente el programa estaría compuesto de un primer pilar solidario no contributivo financiado por el Estado, otorgando una especie de pensión básica universal, que mejoraría en caso de que el trabajador haya hecho cotizaciones en algún momento de su vida.
Un segundo pilar obligatorio de ahorro individual, que pagaría pensiones según lo aportado, donde la totalidad de lo aportado le pertenece al afiliado.
Esto plantea una importante diferencia con el sistema mixto, que está sustentado en el ahorro individual, pero que también tiene un componente definido.
La propuesta incluiría un tercer pilar de ahorro voluntario y complementario, que mejoraría las pensiones y promueve la participación de empleadores y trabajadores.
Brenes enfatizó que en la ecuación hay que considerar que se necesita reparametrizar al menos el número de cuotas o años que se pagan y el porcentaje de la misma.
¿Qué pasa con la edad de jubilación?
No hay que entrar en una discusión de la edad de jubilación. Al final, cada quien podría escoger cuando se jubila, entendiendo que a mayor edad y habiendo cotizado por más años, así mismo será el retorno, dijo Brenes.
El presidente Laurentino Cortizo ha dicho que le corresponde a los empresarios y trabajadores presentar “las mejores opciones” para resolver la crisis del programa de pensiones, después de más de un año de estar paralizado el diálogo por la CSS.
En este sentido Brenes acentúo: Es una doble irresponsabilidad. A él se olvida que él es el Presidente de la República y también se olvida que es el primer empleador del país.
