La Comisión Supervisora del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), un órgano representativo de la sociedad civil en la estructura de gobierno corporativo del fondo, reclamó al Gobierno el cumplimiento de la Ley 51 de 2018 y que se ejecuten “sin dilación” las instrucciones pertinentes para el traspaso al FAP de los aportes de $970.2 millones, correspondientes a las contribuciones efectuadas por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) al Tesoro Nacional en el periodo 2018-2022.
El FAP fue creado por ley en 2012 como heredero del Fondo Fiduciario para el Desarrollo. En 2018 se modificó la norma que regula el fondo para permitir mayores niveles de ahorro a partir de los aportes entregados por el Canal de Panamá al Estado.
La regla de acumulación señala que para los años 2018 y 2019, se destinaría al patrimonio del FAP la mitad de las contribuciones que realice la ACP al Tesoro Nacional superiores al 2.5% del producto interno bruto (PIB) nominal del año en curso. De 2020 en adelante, el aporte sería la mitad del monto que exceda el 2.25% del PIB.
Según la norma, “este excedente se transferirá en la vigencia fiscal siguiente después de la publicación del PIB por la Contraloría General de la República”, algo que no ha sucedido.
La Comisión Supervisora del FAP elevó el tono de exigencia con el Gobierno respecto a informes anteriores, para advertir sobre la importancia del cumplimiento de la ley: “Panamá es un país de leyes, que debe hacer valer y fortalecer el Estado de Derecho. El MEF está en la obligación de cumplir la regla de aportes promulgada en la Ley 38 de 2012 y la Ley 51 de 2018, lo que no ha hecho desde 2018″, señala el Informe de Opinión de la Comisión Supervisora para la vigencia 2022, publicado recientemente.
La regla de acumulación sigue la lógica de elevar las transferencias al FAP a medida que crecen los aportes del Canal de Panamá al Estado. La caída del PIB durante la pandemia y el crecimiento de los aportes del Canal se tradujeron, al aplicar la fórmula, en grandes sumas de dinero que el MEF debía destinar al ahorro nacional. Esto, mientras las finanzas públicas atravesaban una delicada situación.
Por ejemplo, según los cálculos de la administración del FAP, al aplicar la regla de acumulación al ejercicio 2020 surgió un monto de $269.8 millones que se debían transferir al FAP.
Además de hacer el llamado al MEF para que encuentre los recursos y se ponga al día con las transferencias adeudadas, la comisión plantea como una eventual solución “buscar mecanismos alternos al efectivo, como podrían ser otros activos del Estado, si considera que con dichos activos alternativos, resulte más viable cumplir prontamente y sin dilación con lo establecido en la Ley 51 de 10 de octubre de 2018″.
Propone, además, que se evalúe la posibilidad de que los aportes ingresen directamente al FAP desde la ACP, evitando que dichos fondos sean utilizados para cubrir necesidades alternas.
Para la comisión, no dotar al FAP de estos recursos “erosiona el Estado de Derecho, afecta negativamente la capacidad del fondo para cumplir los objetivos para los cuales fue creado y reduce su capacidad de ser herramienta anticíclica efectiva para la economía nacional en casos de desastres naturales o desaceleración económica”.
La comisión cuenta con representación de cinco organizaciones de la sociedad civil: El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), el Consejo Ecuménico de Panamá, el Colegio de Economistas de Panamá, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados y el Colegio de Contadores Públicos Autorizados.
Carlos Berguido, presidente de la comisión en representación del Conep, reconoció el impacto que generó la pandemia en las finanzas públicas, en la economía y el efecto que tuvo en las cantidades a transferir al FAP al aplicar la regla de acumulación. Pero apuntó que mientras no se hagan modificaciones a la norma, hay una ley vigente. “Para Panamá es muy importante cumplir la ley y que se nos considere un país cumplidor de la ley”, sostuvo.
Berguido dijo que “se trata del ahorro nacional y sería más que positivo para el país que se le diera la prioridad que requiere”. El representante del sector privado recordó que durante la pandemia el Gobierno hizo retiros del FAP, lo que “demostró que el fondo tiene un valor importante para hacer frente a las crisis”.
De cumplirse con los aportes establecidos por ley, el patrimonio del FAP daría un salto sustancial. Según los últimos datos disponibles, al cierre del primer trimestre de 2023 el FAP contaba con $1,336.7 millones en activos netos. Si se sumaran los $970.2 millones pendientes, el patrimonio del ahorro nacional ascendería a $2,306.9 millones.
Berguido dijo que a excepción de 2022, en el que el resultado de las inversiones fue negativo, generalmente el FAP ha generado buen rendimiento. “Cuanto más dinero se tenga invertido, más rendimiento podemos esperar… Se está perdiendo la oportunidad de que el dinero trabaje para el país”.
Además de abordar el tema de los aportes pendientes, la Comisión Supervisora reclama al Gobierno información sobre el uso de los fondos retirados durante la pandemia.
Durante la crisis sanitaria, el Gobierno hizo dos retiros de fondos del FAP por un total de $105 millones. En su informe, la comisión reiteró al MEF “la necesidad de contar con un informe de rendición de cuentas que permita conocer a esta comisión y a la sociedad en general, el desglose sobre el uso de los capitales que fueron retirados del FAP para atender la pandemia del Covid-19″.
Seguro catastrófico
La ley que creó el FAP en 2012 señala que el fideicomitente -es decir, el MEF- podrá contratar un seguro catastrófico como herramienta de previsión ante posibles desastres naturales. La Comisión Supervisora reiteró “la necesidad de contar con dicho seguro catastrófico para que el FAP pueda mitigar los distintos riesgos”.
Berguido dijo que hay seguros que cubren bienes públicos como puentes, carreteras y edificios en caso de catástrofe. Si se contase con un respaldo de ese tipo, no habría que recurrir a los recursos del FAP para hacerle frente a una eventual crisis.
Esto supondría pagar una prima de seguro, pero ese costo se podría presupuestar y sería relativamente bajo en comparación con el costo de no estar asegurado y que ocurra una catástrofe, comentó Berguido.
¿Por qué importa el ahorro?
El economista Carlos Araúz, se pregunta: ¿Cómo promover una cultura de ahorro como país si no empezamos por el más básico de los principios? Los aportes al FAP son esenciales por un número plural de razones: la capacidad de endeudamiento, la calificación de riesgo o la eventual emergencia que nos obligue a buscar fondos.
En lugar de la planificación o la tranquilidad que da el ahorro hemos optado por gastar y crear todo tipo de distorsiones incluyendo una mentalidad de subsidios que empuja al pobre a ser más pobre.
Solo un cambio que le dé al fondo personería e integridad a nivel constitucional puede cambiar la actual situación. Son $970 millones que hacen falta en el estado de situación del ahorro de todos los panameños, y eso es inaceptable.
