“Panamá sí coopera en materia de transparencia internacional”, intercambia información, supervisa actividades económicas como casinos, joyerías, venta de autos y bienes raíces. Creó el registro único de beneficiarios finales y el registro de información contable de las sociedades anónimas, clave en las investigaciones de blanqueo de capitales y de sus delitos precedentes, entre los que están la evasión fiscal o la corrupción.
Con todos estos cumplimientos puestos sobre la mesa, Moisés Cohen, presidente del Consejo de Servicios Internacional de Panamá (Cosip), dijo ayer martes que el país tiene que salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) a finales de este año, cuando el organismo haga la evaluación al término de una de sus reuniones plenarias, programada para el mes de octubre.
Panamá ha cumplido con 13 de las 15 acciones recomendadas por el GAFI y ha demostrado avances en las únicas 2 que le quedan por concluir, por lo que además de enfocarse en la salida de la lista gris, el Cosip sugirió a las autoridades, que en conjunto con el sector privado, se planifique y decida cuál será el futuro de los servicios internacionales.
Panamá ingresó en la lista gris del GAFI en junio de 2019. Desde esa fecha, el Gobierno panameño se comprometió a adoptar una serie de medidas para abordar las deficiencias detectadas, incluidas en un plan de acción que consta de 15 ítems. El avance del país es evaluado tres veces al año, en un proceso que inicia con una reunión cara a cara en la que las autoridades panameñas, y concluye con la publicación de la evaluación al término de las reuniones plenarias, que se celebran regularmente en febrero, junio y octubre.
En términos de cumplimiento en materia de transparencia financiera y la necesidad de tejer una estrategia a largo plazo, Cohen hace referencia a los resultados que arroja el registro único de beneficiarios finales.
A la fecha, dicho registro contiene el 50% de todas las sociedades vigentes y activas en Panamá, y más del 80% de todas las sociedades cuyos beneficiarios finales son extranjeros, recalcó.
La creación del registro de beneficiarios finales es un factor clave para que se pueda saber quiénes son las personas que realmente controlan las sociedades y otras estructuras jurídicas.
El mencionado registro es alimentado por los abogados que figuran como agentes residentes de las sociedades, quienes deben incorporar datos de la persona jurídica y del beneficiario final.
Paralelo a la carga de esta información, las autoridades han implementado un proceso de depuración de sociedades activas en el Registro Público.
Las sociedades que no cuentan con agente residente por más de 90 días o que no han pagado la tasa única por un periodo de tres años, son suspendidas.
En este sentido, Cohen precisó que se han suspendido 500 mil sociedades de un total de 750 mil, por lo que solo quedan 250 mil sociedades activas y vigentes en la República de Panamá.
El registro de beneficiarios finales fue creado por la Ley 129 de marzo de 2020. El texto legal fue modificado en noviembre de 2021, a través de la Ley 254, y el proceso de carga de la información se inició en abril de 2022.
Esas 500 mil sociedades suspendidas representaban ingresos por $500 millones anuales, según Cohen, computando los beneficios que generaban para el país, abogados y otros servicios, “lo que refleja el gran sacrificio que ha hecho Panamá en el proceso de cooperación internacional”, insistió.
La conversación de Cohen surgió al tenor de los avances que ha logrado Panamá después de haber sido incluido en listas que clasificaban al país como “no cooperador”, ya sea por el GAFI, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o la Unión Europea.
Cohen, acuerpado por una mesa principal conformada por los abogados Roberto Troncoso y Edna Ramos, además del banquero Roberto Brenes, recordó que el país tiene intercambio de información financiera con 71 jurisdicciones.
En este sentido, sugirió que la Dirección General de Ingresos (DGI) revise la lista de países con los que se tienen acuerdos de intercambio de información automática para asegurarse que actúan de manera recíproca y que la información que entrega Panamá será utilizada de forma responsable.
Ahora que Panamá considera haber cumplido la tarea de ser más transparente y que ha hecho todo lo solicitado para salir de la lista gris del GAFI, el Cosip envió el mensaje al Gobierno para que exija que los mismos requisitos que se le solicitan al país sean fijados a las demás jurisdicciones que se dedican a dar los mismos servicios internacionales para competir en igualdad de condiciones.
Las solicitudes del gremio, formado por agrupaciones empresariales y profesionales, incluso fue más allá, cuando también se pidió la revisión del alcance de supervisión de la Superintendencia de Sujetos No Financieros.
En el pasado, el GAFI le solicitó a Panamá la creación de dependencias como la mencionada Superintendencia para ejercer funciones de regulación y supervisión con mayor libertad y transparencia efectiva.
Dicha Superintendencia, creada para mantener el cumplimiento y los estándares internacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales, reemplazó a la Intendencia creada en 2015, que dependía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
De acuerdo con Cohen, actualmente se encuentran regulados por esa Superintendencia 8,471 sujetos, entre los que se encuentran zonas francas, casinos, joyerías, inmuebles, contadores y abogados.
En este sentido, está convencido de que hay que evaluar qué sectores y tamaños de negocios realmente podrían ser susceptibles al blanqueo de capitales.
A su juicio, no tiene sentido regular a una empresa que comercializa joyas a muy bajos precios, contrario al seguimiento que sí puede requerir una que venda unidades con un valor que sobrepasa los 50 mil o 100 mil dólares. “...Entonces, el alcance significa, primero ver cuáles son los regulados y ver hasta dónde va a llegar el alcance de la Superintendencia”, puntualizó.
