La calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) mantuvo la calificación de riesgo para Panamá en BBB, pero revisó la perspectiva de estable a negativa.
La perspectiva negativa, según la calificadora, refleja el riesgo de daño potencial a la confianza de los inversores y a las futuras inversiones privadas, a raíz del rechazo al contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá, S.A.
La fuerte oposición al contrato minero ha generado incertidumbre sobre el destino del proyecto, cuyo futuro ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia, donde hay hasta ocho demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406 de 2023, que adoptó el contrato con Minera Panamá. También ha dado lugar a una reciente moratoria sobre nuevos proyectos de minería metálica. Esta evolución podría debilitar la inversión privada y obstaculizar las perspectivas de crecimiento a largo plazo del país, situación que llevaría a Panamá a una degradación de la calificación en los próximos 12 meses, sentenció S&P.
Sin embargo, este no es el único factor que interviene en la perspectiva de la calificadora. De hecho, se suma a otros elementos que también generan incertidumbre.
Las previsiones de S&P incorporan el impacto en los ingresos del gobierno por la posible cancelación del contrato con Minera Panamá, así como eventuales déficits en los dividendos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), debido al impacto de la sequía en los ingresos de la vía acuática para el año 2024.
Por otro lado, está sin resolver la enorme crisis del subsistema exclusivamente a de beneficio definido Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS).
“El riesgo de un crecimiento económico potencialmente menor podría exacerbar el deterioro de las finanzas de Caja de Seguro Social de Panamá. Las reservas (del programa exclusivamente de beneficio definido) se agotarán en 2025″, según cálculos del Gobierno, lo que resultará en transferencias gubernamentales crecientes con el tiempo de una reforma fiscal.
Para la agencia, el perfil institucional de Panamá incorpora la consolidación de la democracia.
Es decir, que esperan que los principales partidos políticos del país compartan un consenso sobre políticas económicas clave. “Esperamos una amplia continuidad en las políticas después de las elecciones nacionales en mayo del próximo año, cuando el actual presidente Laurentino Cortizo del gobernante Partido Revolucionario Democrático finaliza su mandato de cinco años”.
La proyección es que el déficit del gobierno general de Panamá se mantenga ligeramente por encima del 3% del PIB hasta 2026 y la deuda neta del gobierno general se ubique en torno al 52% del PIB.
