Prepararse para un proceso lento.
En agosto 2022, luego de su lanzamiento operativo en abril, y después de 2 años y medio de su creación por ley, la Superintendencia de Sujetos No Financieros informaba que se contaba con información cargada de 25,000 personas jurídicas en el registro.
El Ministerio de Economía y Finanzas ha indicado que existen 740 mil sociedades
anónimas, de las cuales 400 mil se encuentran suspendidas. Al ritmo indicado podría tomar 3 años lograr la carga total. En Costa Rica, con ley de 2016, en 2021 se informaba que llevaban 92% de carga con una inversión de $7 millones.
Fincen en Estados Unidos aprobó el 29 de septiembre de 2022 su regla final sobre beneficiarios finales con entrada en vigor 1 enero de 2024 y carga al 1 de enero de 2025.
Perfeccionar la gobernanza del proceso.
Sugerencias:
- Usando tecnología, limitar la intervención humana al mínimo para evitar riesgos de demoras/mal uso de la información.
- Perfeccionar el gobierno corporativo del regulador finalizando el nombramiento de su junta directiva. La entidad fue creada en 2020 y debe tener una directiva de cinco miembros. Tres son funcionarios y dos son del sector privado. Uno de los representantes del sector privado fue nombrado en febrero 2022, dos años después de creado el regulador. En la actualidad falta nombrar al otro.
-Volver al plazo de 7 días establecido en la ley para que el regulador entregue la información a las autoridades. El cambio al poco preciso concepto de “forma oportuna” no es recomendable. Usando más tecnología el plazo puede ser menor.
-Verificar la calidad de la información y sancionar falsedades. Una de las personas que más estudia el registro inglés es Gray Barrow. Gray ha encontrado datos sobre la baja calidad de la información que suministran directamente las sociedades al Company House. Por ejemplo, cita el caso de Edward Solomon. Esta persona tiene 4 fechas distintas de nacimiento y tiene 3 direcciones ligeramente distintas. Varía número de casa o edificio en misma calle.
Buscar mecanismos prácticos frente a futuros cambios inevitables.
El registro hoy es privado. La tendencia es que los registros serán públicos. ¿Cuándo lo aceptará Panamá? Esto dependerá de muchos factores. Por ejemplo, su reacción a la competencia. Islas Vírgenes Británicas (BVI) va con registro público en 2023. Si Panamá considera que puede “aprovechar” esto para atraer a quien quiere registro privado, lo mantendrá privado. Si Panamá quisiera avanzar en transparencia, irá al público.
En todo caso, puede considerar una etapa intermedia de dar acceso a los oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados por ley a conocer el beneficiario final.
Si no se quiere dar acceso directo al registro, puede considerarse una fórmula paliativa.
Permitirles a los oficiales que confronten indirectamente su información con la del registro.
Si el registro no contesta su consulta en 24 horas se entendería que el beneficiario final es igual. En caso de diferencia el registro le informa.
Esto sería útil para quienes tiene una obligación que hoy cumplen de forma privada y precaria, existiendo un registro oficial con la información.
El autor es abogado
