El proyecto de ley presentado por el gobierno de José Raúl Mulino para reformar la Caja de Seguro Social (CSS) ha generado una ola de propuestas y críticas de quienes consideran que la iniciativa gubernamental no aborda de manera integral los problemas de fondo de la institución, mientras se desaprovecha la oportunidad de resolver los desafíos estructurales del país.
Este viernes 29 de noviembre, en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, el economista Ernesto Bazán alertó sobre lo que él considera algunos alcances nocivos de las reformas y presentó un conjunto de medidas que a su juicio podrían garantizar la sostenibilidad del sistema sin recurrir a endeudamiento masivo.
Por un lado, destacó la gravedad del déficit fiscal y actuarial que enfrenta el país, calificándolo como el mayor reto económico de la actualidad.
“El déficit fiscal actual, estimado en 6,200 millones de dólares al tercer trimestre de 2024 (7.1% del PIB), es insostenible, superando incluso el registrado durante la pandemia en 2020. A esto se suma un déficit actuarial en el sistema de pensiones de aproximadamente 80,000 millones de dólares. Según Bazán, cualquier solución que dependa del endeudamiento perpetuará la crisis, sin atacar la raíz del problema”.
Habló del tema del endeudamiento en el contexto en el que el proyecto de ley promete aportes del Estado por $966 millones en 2025, los cuales irían en aumento cada año.
Sin embargo, alertó que cuando se propone que los recursos para cubrir el déficit de la CSS provendrán de aportes extraordinarios del Estado, en realidad se está planteando financiarlo mediante deuda.
Esto se debe a que el Estado actualmente no cuenta con los recursos necesarios ni la capacidad para generarlos, salvo que recurra al endeudamiento o logre un cambio radical en sus finanzas públicas, pasando de un déficit fiscal a un superávit.
Para alcanzar este superávit, sería necesario realizar esfuerzos significativos, como implementar una drástica reducción del gasto público, eliminar exoneraciones fiscales innecesarias y combatir eficazmente la evasión fiscal.
Pero de acuerdo con Bazán, incluso con estas medidas, no hay garantía de lograr un superávit suficiente para cubrir las crecientes necesidades de la CSS.
Entre sus propuestas, planteó la creación de un Sistema Único de Pensiones, dividiendo a los beneficiarios en dos segmentos: los más vulnerables, quienes recibirían una pensión mínima financiada por un aporte solidario, y los que construirían su pensión a través de fideicomisos individuales.
Para financiar las pensiones mínimas, Bazán sugirió un impuesto de 1 centavo por cada 10 dólares en transacciones bancarias, con el que se recaudarían entre 400 y 500 millones de dólares anuales.
Este fondo permitiría asegurar una pensión mensual ajustable de 360 dólares para la población más vulnerable.
Otra fuente de financiamiento clave sería un llamado Fondo de Recuperación, que incluiría un 2.5% sobre las pólizas de seguros, un 3% de contribución de los barcos que cruzan el Canal de Panamá, un impuesto de 18 dólares por cada turista que ingrese al país y un 2% de los ingresos de concesiones futuras.
Según los cálculos de Bazán, estas medidas no paramétricas generarían al menos 250 millones de dólares anuales sin afectar directamente a los asegurados.
Para mejorar las pensiones de los menos vulnerables, propuso implementar el Mejorador de Cuenta Individual (MECI).
Este mecanismo añadiría un aporte adicional al fondo de pensiones basado en una tasa escalonada al ITBMS, comenzando con un 1% y aumentando gradualmente hasta un 3%. Según Bazán, este sistema incentivaría también a los trabajadores independientes a contribuir más activamente.
También recomendó que la regulación del sistema recaiga en la Superintendencia de Bancos para garantizar mayor transparencia y supervisión.
En cuanto a la evasión de cuotas, propuso sanciones más severas, incluyendo calificar como “lavado de activos” la retención de contribuciones no transferidas al fondo por parte de los empleadores después de 90 días.
Finalmente, Bazán criticó la fusión de los sistemas actuales, del sistema exclusivamente de beneficio definido y el subsistema mixto, calificándola como una expropiación de los fondos de cuentas individuales que afecta la seguridad jurídica. Instó a los legisladores a reevaluar el proyecto y a construir un modelo más sólido que priorice sostenibilidad y confianza.
También propuso un seguro de desempleo, con el que se garantizarían los aportes sin interrupciones de quienes se queden sin trabajo.
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