El capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI-Panamá) instó al Gobierno y al sector privado de servicios offshore “a hacer los cambios que exigen los estándares de transparencia y cooperación internacional contra el blanqueo de capitales y a no sacrificar al resto del país con el costo reputacional, económico, legal y ético provocado por un modelo de gestión inviable”.
El llamado surge después de la publicación de los Pandora Papers, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Según el comunicado de TI-Panamá, la investigación ha vuelto a enfrentar a Panamá a un dilema entre lo ético y lo legal, dado el rol que aún juega en la habilitación internacional del crimen organizado, la corrupción y el blanqueo de capitales, tras la filtración de documentos de 14 proveedores de vehículos financieros, entre los que figuran dos panameños.
“La información divulgada en la filtración evidencia que es tarea pendiente para el país -tanto en el sector público como el privado- dejar de ser habilitadores de un sistema paralelo que permite a criminales de diversa naturaleza, esconder, mover y gozar sus riquezas mal habidas, promover el fraude, el soborno internacional, la evasión fiscal, entre otros, todos delitos constitutivos de blanqueo de capitales. ¿Cuántos proveedores locales de servicios offshore en el país siguen siendo habilitadores?”, se pregunta TI-Panamá.
Según el escrito, los cambios normativos introducidos desde 2016, cuando se produjo la publicación de los casos vinculados a la firma Mossack Fonseca, “no fueron suficientes ni oportunos”. La organización recuerda que desde el año 2000 cuando se recibió la primera calificación como país no cooperador, hasta la formalización de la permanencia en la lista negra de la Unión Europea, “el país ha cumplido -forzadas y a medias- las recomendaciones de cambio de gestión y regulación, a menudo sin la voluntad política para lograrlo. Voluntad gubernamental que el sector que presta servicios offshore ha influenciado desproporcionadamente, logrando mantener el status quo, esgrimiendo -además- un discurso nacionalista que poco sirve al abordaje efectivo del problema, sus causas y efectos”.
La nota señala que en los sistemas offshore “se esconden el crimen organizado y políticos corruptos que han prometido cumplir sus leyes, no lo hacen y exigen, con sanciones incluidas, a sus ciudadanos que lo hagan. Ocultan fortunas producto del saqueo a nuestros países -en todas las regiones- en esquemas corruptos y corruptores, que desvían los recursos que las poblaciones necesitan”.
Uno de los aspectos que reflejan la débil implementación de leyes tiene que ver con el registro privado y único de beneficiarios finales, que fue aprobado por una ley en marzo de 2020 y cuya puesta en marcha aún está pendiente. Un registro de este tipo, especialmente abierto al público, -algo que no se ha contemplado en la ley- “sería un paso para acercarnos, a través de la transparencia, a que las personas jurídicas dedicadas a actividades lícitas puedan desempeñarse con seguridad y a cerrar el cerco a aquellas que son vehículos para el crimen y la corrupción”, señala TI-Panamá.
La organización reclama que el país debe enfrentar que “un modelo opaco y de laissez faire de generar y vender personas e instrumentos jurídicos de hace casi un siglo, sin mayores responsabilidades, no se sostiene en la era digital y de la transparencia proactiva”. A esto se suma la falta de herramientas institucionales para prevenir los conflictos de intereses en el sector público y hacer cumplir la ley, dada la debilidad de las instituciones regulatorias, de justicia penal y de control.
“Hay un deber ético en no facilitar que corruptos y criminales tengan donde esconderse, son inviables los argumentos de que otros que lo demandan no lo hacen y de que el país y el sector económico que brinda el servicio no son responsables. Tan inviables como pretender ser un centro financiero internacional en permanente lucha contra el resto de la comunidad financiera internacional y los estándares internacionales. El modelo de gestión tanto del Gobierno como del sector de servicios offshore debe cambiar a la viabilidad de la nueva normalidad de transparencia corporativa y económica que permita a Panamá actuar con legitimidad en la comunidad internacional. No hacerlo sería seguir sacrificando al resto del país a un costo reputacional, económico, legal y ético que ya estamos pagando con creces”, sostiene TI-Panamá.
