La industria pesquera reaccionó ayer jueves 23 de noviembre ante el escándalo en torno a la pesca de arrastre que desató la publicación del reglamento de la Ley de Pesca el pasado 13 de noviembre.
La versión original del reglamento, publicada la semana pasada, introdujo un artículo (el 17) que se refería a la pesca de arrastre para especies como lenguado, pargo, corvina, pargo blanco y cabezón como un tipo de “pesquería ya aprovechada”. Acto seguido, grupos ambientalistas como ProMar denunciaron que dicha pesca de arrastre para esas especies no estaba aprobada en el país, solo la de camarón, y con restricciones y periodos de veda.
Ricardo Wong, presidente de ProMar declaró en su momento a La Prensa que la normativa para la pesca, que nació con la Ley 204 de 2021, exige que todo nuevo tipo de pesca presente estudios técnicos, ambientales y de sostenibilidad previos a la solicitud de permisos. Algo que debió hacerse si se quería aprobar el método de arrastre para varias especies, pero al “referirse a ella como pesquería aprovechada en la reglamentación, lo que se buscaba era legalizar una ilegalidad”.
En pocas palabras, Wong calificó dicho artículo con el término popular de “golazo”.
El Gobierno reaccionó una semana después y el 20 de noviembre publicó un segundo decreto que modificó la reglamentación original. En este prohibieron expresamente la pesca de arrastre para corvina, pargo, lenguado y cabezón, además de actualizar las sanciones para la pesca ilegal, entre otras especificaciones.
Dos días después, la Presidencia anunció el reemplazo de la directora de la Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP), Yarelis Martínez y nombró en su reemplazo a Hamed Tuñón, un acuicultor, como administrador encargado.
En medio de este torbellino de eventos, ayer jueves la Cámara Nacional de Pesca y Acuicultura de Panamá (CNPA) , la Federación Nacional de Pescadores Artesanales (Fenapesca), la Asociación de pescadores artesanales Génesis de Puerto Caimito, junto a los Pescadores Unidos de Chiriquí y la Asociación de usuarios del Puerto Juan Díaz salieron al paso para quejarse de la última modificación, que según denunciaron, además de la corvina, lenguado, pargo y cabezón, prohíbe también la pesca de cojinúa y la de mediana escala de langosta.
El gremio, que incluye procesadores, exportadores y asociaciones de pescadores defendieron la pesca de cojinúa con redes, como un método que “se practica en Panamá desde hace 40 años” y que al prohibirla“ constituye un atentado contra la seguridad alimentaria de Panamá, ya que se trata de uno de los productos del mar de mayor demanda y consumo en el país”.
Esther González, representante de los pescadores de esa especie, lo definió como “el pescado del pueblo”.
Por otro lado, sobre la eliminación de la pesca de la langosta en mediana escala, dijeron que esto deja ver la “improvisación y desconocimiento” por parte de esta institución, refiriéndose al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, cuyo ministro criticaron por no haber querido reunirse con ellos en cuatro años de gobierno.
La posición de los pesqueros es que el MIDA con estas modificaciones dejó “un gran vacío” en materia de pesca y actividades conexas, quedando “sin una regulación clara”, de acuerdo al presidente de la Cámara de pesca, Gustavo Zúñiga, quien negó en la conferencia que la primera reglamentación haya creado “un nuevo arte de pesca”.
Según él, “lo único que hizo el decreto es que reconocía como pesquería desarrollada, [el método de arrastre] para luego entrar a una reglamentación específica”.
La pesca de arrastre, como su nombre lo indica, permite que entren muchas especies en la red al recorrer el lecho marino, tanto la especie aprobada como las no aprobadas.
Zúñiga reconoció que la pesca de red de cojinúa, donde entran otras especies, se hace desde hace décadas, al “no está regulada y normada”.
Al no estar expresamente prohibida, utilizaban ese método, pero ahora, con el decreto del pasado 20 de noviembre, dicho sistema quedó vetado.
La pesca de arrastre es el método más hostil del pesca para el ecosistema, ya que se trata de una superred que se arrastra en el mar y se lleva todo a su paso, afectando el plancton marino. En países como Costa Rica está prohibida. En Panamá persiste todavía para la pesca de camarón.
Sin embargo, organizaciones turísticas y ambientales piden que se prohíba del todo. La Asociación de Turismo Náutico, quien dijo a La Prensa que aspira a que se prohíba del todo la pesca de arrastre en las aguas territoriales de Panamá.
Organizaciones ambientales como ProMar y Mimar, entre otras, también se han pronunciado en varias ocasiones sobre los efectos negativos que tiene este tipo de pesca que se utiliza para la modalidad industrial, mayormente para capturar volúmenes para la exportación.
Santiago Escartín, presidente de la Asociación de Pescadores del Mercado de Mariscos, dijo que el uso de las redes se permitía para la pesca de doncella y pajarilla, pero fue suspendido hace dos años; y con la nueva ley de pesca deben presentar un documento que justifique cada especie capturada.
Hoy, según Zúñiga, hay 110 barcos que se dedican a la pesca de arrastre. El saldo de barcos en desuso podría ser el punto de inflexión que provocó este escándalo. “Probablemente alguien quiere comprarlos y echarlos a andar ahora” vaticinó una fuente cercana al sector.
La industria pesquera emplea más de 50,000 panameños en toda la cadena, según cifras proporcionadas por la Cámara de Pesca. De los que son pescadores, aproximadamente el 60% se dedica a la pesca artesanal.
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