Un nuevo capítulo se añadió a la disputa que mantiene la empresa Odebrecht y el Aeropuerto Internacional de Tocumen por la anulación del contrato para la construcción de la nueva terminal de pasajeros, hecho ocurrido el 28 de septiembre de 2021, cuando el aeropuerto determinó que el contratista no cumpliría con los términos de la octava adenda del acuerdo.
La nueva controversia entre las partes se da en torno a la solicitud de anulación que hiciera Odebrecht al Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TAPC), para que ese colegiado, no validara el informe que presentó el perito José Ramón Icaza, quien fue designado por Tocumen para verificar las razones que llevaron a la terminal aérea a resolver el contrato de 917 millones de dólares, cuando la construcción registraba un avance de 99%.
De acuerdo con Odebrecht, Icaza no entregó su informe el pasado 14 de junio, fecha establecida por el TACP. Para reafirmar su acusación, presentó un testigo que aseguró que hasta el cierre de oficina del Tribunal, hace un mes, no se había recibido el informe del perito. En su recurso de anulación, la empresa brasileña pidió que se revisaran las cámaras de seguridad del TACP, solicitud que fue aceptada por el magistrado Luis Mariscal.
Al verificar el contenido el archivo de vigilancia correspondiente al 14 de junio, los técnicos determinaron que el testigo presentado por Odebrecht se había retirado a las 2:41 p.m. y que, contrario a lo que había señalado, no regresó a las oficinas del TACP a las 4:00 p.m.
En el acta de inspección del archivo de vigilancia se dejó constancia de que Icaza no entregó personalmente el informe, pero se comprueba que el documento fue entregado por un tercero.
Ante estos resultados, la firma Morgan & Morgan, representante legal de Tocumen en este proceso, acusaron a Odebrecht de presentar falsos argumentos para crear suspicacia en el proceso.
“Por las razones expuestas, solicitamos respetuosamente al Tribunal de la causa, compulse copias al Ministerio Público a fin de que se investigue la posible comisión de delitos derivados de dicha conducta y se continúe dándole trámite al presente recurso de apelación, con la celeridad que el proceso amerita”, solicitó la firma Morgan & Morgan.
En su informe, Icaza determinó que los retrasos en el proyecto comenzaron desde la tercera adenda, es decir, en 2018, cuando la compañía comenzó a enfrentar problemas de liquidez. “Desde esa fecha los retrasos fueron constantes, haciendo necesario firmar nuevas adendas, debido a los pocos avances”, destaca el perito.
La falta de liquidez, comenta Icaza, llevó a Odebrecht a enfrentar demanda de parte de sus proveedores y subcontratistas, además de provocar la pérdida de personal técnico necesario para continuar con la ejecución del proyecto.
Aunque Odebrecht asegura que la pandemia del coronavirus (covid-19) le impidió culminar con los trabajos pendientes, Icaza advierte que al momento de declararse la coyuntura sanitaria, el proyecto registraba un avance físico superior al 99.8%, por lo cual, no se justifica que no se cumplieran con los plazos acordados en la octava adenda.
“La pandemia tuvo su efecto mundial en la industria de la construcción, sin embargo, no se puede atribuir como la causa principal de los atrasos en la construcción de la nueva terminal de pasajeros, toda vez que la obra debía haber terminado antes de haberse declarado el estado de emergencia, por lo cual, los materiales pendientes debían haber estado en sitio, y no en proceso o en pendientes de solicitarse a los proveedores, como pudo ser documentado”, explicó el perito designado por el aeropuerto.
Aunque el TACP aceptó realizar las pruebas solicitadas por Odebrecht para determinar si Icaza entregó su informe, el magistrado Mariscal aclaró que las mismas, no impedirán que el informe de Icaza sea valorado como parte de las pruebas que permitirán determinar si Tocumen tenía la facultad administrativa de anular el contrato, o si bien, los retrasos en la construcción del proyecto, no fueron responsabilidad del contratista brasileño.
