El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (AITSA), Raffoul Arab, se enteró ayer miércoles a las 5:00 p.m. de la resolución del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP), que revocó una decisión del aeropuerto de dar por terminado el contrato con Odebrecht e inhabilitar a la empresa para participar en otras licitaciones con el Estado.
Sin embargo, esta disputa legal no ha concluido con dicha resolución. Al menos, no para AITSA.
Arab habló este jueves vía telefónica con La Prensa y aseguró que, aunque acata la decisión del TACP, “nosotros nos mantenemos firmes en velar por los intereses del país, así que estaremos agotando las últimas instancias que nos permite la ley para salvaguardar los intereses de Panamá”.
Esa instancia es la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Como la resolución del TACP agota la vía administrativa, a AITSA le tocaría ir a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.
Desde la noche del miércoles y durante todo el día de hoy, los funcionarios de Tocumen estarán reunidos con sus abogados externos y asesores legales internos para determinar el enfoque legal que le darán al caso y qué recurso presentará ante la Corte.
Después de una octava adenda, en la cual se le concedía más tiempo a Odebrecht para terminar los trabajos pendientes de la Terminal 2 del aeropuerto, Tocumen decidió en 2021 cancelar el contrato ante el incumplimiento para atender los trabajos pendientes.
Tres años después, el TACP considera que esa decisión se debe revocar porque la obra fue ocupada y está en uso. Dicho tribunal dijo que la actuación del aeropuerto no se ajustó al procedimiento para resolver administrativamente el contrato.
Su decisión la fundamenta en el artículo 354 del Decreto Ejecutivo 66 de 2006, que reglamenta la Ley 22 de 2006, sobre contrataciones públicas.
Arab, sin embargo, advierte que la nueva terminal pudo ser ocupada porque la administración de Tocumen asumió los trabajos que Odebrecht no terminó y que eran vitales para recibir aviones y atender a los pasajeros.
“Claramente, ha habido un incumplimiento por parte de la empresa en una obra que nos ha costado a todos los panameños casi $1,000 millones, una obra que no está entregada a satisfacción y tampoco culminada. Seguimos teniendo problemas con muchos defectos”, dijo el gerente de Tocumen.
Arab detalló que la terminal, que está en operaciones hace más de un año, lo hizo luego de cuatro años de atraso “y nos cuesta más de $8 millones en intereses”, refiriéndose a los compromisos financieros asumidos por AITSA para hacer realidad la inversión y puesta en ejecución.
“Muy responsablemente la pusimos [la Terminal 2] en operaciones. Sin embargo, desde el día 1 hemos hablado del incumplimiento por parte de la empresa en muchos aspectos, como lo son los sistemas de aire acondicionado, los techos, los pisos... Hay temas de garantía que tampoco han atendido”, agregó.
Tocumen alegó que ni la Ley 22 de 2006 ni el contrato suscrito con la empresa en 2012 establecen de modo alguno que, habiéndose realizado entregas sustanciales de obra, el Estado panameño se encuentra impedido de resolver administrativamente un contrato, frente a incumplimientos contractuales.
“La entrega sustancial no es sinónimo o equivalente a entrega final de la obra”, dijo el gerente de AITSA.
Por otro lado, indicó que la cláusula cuarta del contrato, referente a las obligaciones del contratista, establece que el acta final de la obra determinará si la misma se ha llevado a cabalidad y de conformidad con todas las especificaciones técnicas.
En relación a esto, se destaca que el programa de expansión del aeropuerto nunca alcanzó el 100% de ejecución física y el proyecto nunca se entregó completamente satisfactorio. Por esta razón, “ni Tocumen ni la Contraloría General de la República emitieron ni firmaron un acta final de obra como tal”.
“La decisión del TACP nos llama poderosamente la atención y nosotros seguiremos velando por los intereses del país y sobre todo de Tocumen. Hay serios cumplimientos en la obra e incluso estamos encontrando nuevos hallazgos que afectan las operaciones del aeropuerto, como en las plataformas de aterrizaje”, sentenció Arab.
