El proyecto de reforma de la Ley de Intereses Preferenciales ha dejado un sabor amargo entre los promotores y desarrolladores de viviendas del interior del país.
Por un lado, apoyan que la ley no tenga fecha de caducidad, que se definieran nuevos tramos de tasas de interés según el precio de las viviendas y que el Estado se comprometa a pagar la deuda a los bancos por los créditos paralizados en los últimos meses.
Sin embargo, advierten que el nuevo esquema de subsidio no permite que las familias con ingresos menores a $700 accedan a una vivienda, ni siquiera en el primer tramo del subsidio.
El proyecto de ley establece para el Tramo Preferencial N.º 1 una tasa subsidiada máxima del 4% por un plazo de 8 años no renovable, aplicable a préstamos hipotecarios preferenciales para la compra de viviendas nuevas de hasta $50,000.
Salarios bajos limitan el acceso a vivienda
Carlos Troetsch, vicepresidente de la Asociación de Promotores de Chiriquí (Aprochi), explicó a La Prensa que los tramos preferenciales propuestos por el Ejecutivo dificultan la obtención de créditos hipotecarios, especialmente en el interior del país, donde los salarios son más bajos.
Sostiene que en el interior, los salarios pueden ubicarse un 17% por debajo del promedio en la capital, lo que limita el acceso a financiamiento hipotecario.
“El ingreso promedio en Chiriquí ronda los $628, mientras que en la capital supera los $776. Con los cambios propuestos, ninguna familia del interior podría optar por una vivienda de $50,000, ya que su salario está muy por debajo del mínimo requerido”, recalca.
Una postura similar expresan los promotores de Azuero, Veraguas y Coclé, quienes afirman estar en desacuerdo con los porcentajes de subsidios establecidos.
“No se consideró la capacidad salarial del interior del país. Por ello, solicitaremos ajustes basados en estadísticas oficiales para que nuestra comunidad laboral pueda acceder a la compra de una vivienda con una Ley de Intereses Preferenciales aplicable y efectiva”, mencionó Diosa Elena Cedeño, directiva de la Asociación de Promotores de Azuero.

Impacto en el costo de acceso a vivienda
Cálculos de los promotores revelan que, bajo las condiciones anteriores del Fondo Solidario de Vivienda (junio 2024), una persona con un ingreso de $545.12 podía optar a una vivienda de hasta $50,000, gracias a:
Un bono de $10,000 para la inicial, que otorgaba el Estado.
Tasa de interés subsidiada del 4% por 10 años.
Pero ese beneficio venció y no fue renovado.
Ahora con el nuevo esquema propuesto por el Gobierno, sin el bono para la inicial de la vivienda y con un subsidio del 4% de la tasa de interés por solo 8 años, el ingreso requerido por los bancos para optar a un crédito hipotecario subiría a $767.79, lo que dejaría fuera a la mayoría de los trabajadores del interior, según advierten los promotores.

“La verdadera problemática es que el proyecto de ley no toma en cuenta que la mayoría de los panameños no tiene el ingreso mínimo necesario para acceder a una hipoteca bajo estas condiciones”, insistieron los representantes de los promotores de Coclé.
Diferencias salariales por provincia
El economista Eric Molino Ferrer, quien presentó un estudio para los promotores de Chiriquí, resalta que los salarios varían significativamente entre regiones:
Bocas del Toro: $561.7
Coclé: $618.8
Chiriquí: $628.9
Los Santos: $639
Herrera: $663.6
Veraguas: $700
Colón y Panamá Oeste: Superan los $728.6
Panamá (capital): $776.6
Tomando en cuenta la mediana salarial mencionada para cada provincia, se estima que el número de empleados que perciben menos de $700 asciende a 309,323 trabajadores, quienes no tendrían acceso al primer tramo del subsidio de vivienda.
Comentó que además de la brecha salarial, el déficit habitacional en el interior es mayor, dificultando aún más el acceso a vivienda.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, se estima que en todo el país faltan 180,000 viviendas, de las cuales:
50,760 se requieren en comarcas indígenas.
44,460 en Panamá.
17,640 en Panamá Oeste.
15,300 en Veraguas.
“Es fundamental mejorar el proyecto de Ley de Intereses Preferenciales en la Asamblea Nacional para garantizar que todas las familias panameñas, especialmente las del interior, puedan acceder a una vivienda digna”, precisan los promotores de Chiriquí.