Trabajadores de Minera Panamá S.A. (MPSA), subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), protestaron este miércoles frente a la sede de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para conseguir que se autorice la reanudación de las operaciones de carga de concentrado de cobre.
“Las pesas están calibradas, pero ahora mismo la Autoridad Marítima de Panamá no da una fecha de resolución para que la empresa empiece a exportar”, dijo a los periodistas el secretario general del sindicato Unión de Trabajadores de Minera Panamá (Utramipa), Francisco Díaz.
Díaz recordó que desde el Puerto Rincón, que sirve a la mina, “no se puede exportar” por la suspensión del embarque de cobre ordenada mediante resolución por la Autoridad Marítima a finales de enero, lo que tildó de situación “muy preocupante” para los trabajadores.
En este momento, según Díaz, las operaciones de MPSA “no están al 100 %, vamos a decir que un 95 % por el tema de mantenimiento y preservación de los equipos”, señalando que esta situación afecta directamente a unos 6,000 trabajadores y otros 40,000 indirectos.
El 23 de febrero pasado, la minera informó que dejó de procesar cobre en la gran mina que opera en el país debido a que no puede embarcar la carga y anunció que “desmovilizará parcialmente más de 8,000 empleados y contratistas”, en medio de la controversia contractual que mantiene desde hace más de un año con el Gobierno.
La AMP ordenó suspender a finales de enero pasado, mediante una resolución, el embarque del cobre, como parte de las medidas que ha tomado el Gobierno en el marco de la controversia, incluida la orden de suspender las operaciones de la mina dictaminada en diciembre de 2022 y que la minera ha objetado ante las correspondientes.
El Ministerio del Trabajo de Panamá informó el martes que rechazó una solicitud de suspensión de los contratos laborales de 4,051 trabajadores de la mina Cobre Panamá, presentada por la empresa que explota el yacimiento.
El Gobierno y la minera comenzaron a negociar un nuevo contrato de concesión en septiembre de 2021 y en enero de 2022 anunciaron un acuerdo, que sin embargo no ha llegado a materializarse con una firma, lo que llevó al Ejecutivo a ordenar el cierre de las operaciones de la mina en diciembre pasado.
El acuerdo anunciado hace más de un año incluía elevar de 2% a entre 12% y 16% las regalías, garantizar un aporte anual mínimo al Estado de 375 millones de dólares, “10 veces más” de lo que aportó la empresa anteriormente y el pago de impuestos hasta ahora exentos.
La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional en 2017 la ley de 1997 que avaló la concesión para la explotación de la mina Cobre Panamá, la más grande a cielo abierto de Centroamérica.
La mina Cobre Panamá, con una inversión de alrededor de 10,000 millones de dólares y 5,279 trabajadores, comenzó a exportar mineral de cobre en junio de 2019, lo que representa el 45% de la producción total de FQM, que explota otros yacimientos en varios países, de acuerdo con información pública.
Cobre Panamá “contribuye con alrededor del 5% del PIB de Panamá, constituye el 75% de la exportación de bienes del país y ha creado, en base a estimados de MPSA, al menos 40.000 empleos, directa e indirectamente”, reiteró la empresa.
