Las operaciones de Uber están en vilo en Panamá, debido al anteproyecto de Ley N° 175 que obliga a los conductores afiliados a la plataforma a rotular sus vehículos, además de restringir de forma definitiva el pago en efectivo.
Gabriel Gutiérrez, gerente de la plataforma en Panamá, sostuvo que obligar a los socios conductores a rotular sus vehículos es improcedente, pues se trata de automóviles privados y no de una línea comercial, como ocurre con los taxis.
"Quieren taxificar a Uber, cuando se trata de autos privados y el 50% de los socios conductores utilizan a Uber de forma parcial. Ellos realizan otras actividades distintas al servicio de Uber. La plataforma es una opción de ingreso adicional para ellos", dijo Gutiérrez.
Sostuvo que existe mucha incertidumbre jurídica en Panamá que atenta contra las bondades del país para atraer a las Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), régimen del que forma parte Uber desde febrero de 2019. Las SEM tiene su propio régimen fiscal especial, por ley.
"Se corre el riesgo de que mas de 6 mil 900 personas pierdan un ingreso directo a través de la plataforma de movilidad y que no se pueda prestar servicio a más de 280 mil personas que usan la plataforma de Uber", apuntó.
[Lea aquí el anteproyecto de ley N° 175].
Gutiérrez sostuvo que les sorprendió el anteproyecto de ley presentado por la diputada Cenobia Vargas, del PRD, pues fija regulaciones a una empresa solamente, cuando debería referirse a una industria y no a una compañía en particular.
"Estamos abiertos al diálogo para elaborar una ley que permita el avance tecnológico de Panamá y favorezca la inversión, pero no con normativas que violan derechos constitucionales como la igualdad".
El anteproyecto -que en su redacción se refiere únicamente a Uber- fue presentado el 9 de septiembre pasado por la diputada Vargas, y está en la Comisión de Comunicación y Transporte.
"Es lamentable que en muchas ocasiones los transportes que tienen reglamentaciones especiales, son alquilados a los no propietarios, y de igual forma se alquilan a extranjeros sin que el gobierno tenga control de estas deformaciones, que a lo largo conllevan riesgos, inseguridad, mal servicio, y sin sabores para el usuario de transporte, sin que las autoridades a la fecha presente puedan controlar", escribió Vargas en su exposición de motivos.
