El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP), recibió los informes de las inspecciones que realizaron los peritos designados por el Aeropuerto Internacional de Tocumen y la empresa Odebrecht, y que permitirán determinar si la anulación del contrato que realizó el aeropuerto el 28 de septiembre de 2021 es válida, o si el contratista, no fue responsable del atraso que registró la construcción de la nueva terminal de pasajeros.
El TACP había ordenado a los peritos que las inspecciones debían resolver una serie de preguntas vinculadas al cronograma de pago que hizo Tocumen a lo largo de la duración del contrato, ya que la empresa brasileña sostiene que una de las razones que le impidieron cumplir con los plazos de construcción fue precisamente atrasos en los pagos. También los peritos tenían que demostrar desde cuándo Tocumen comenzó a operar la nueva terminal, y si los trabajos pendientes, afectaron la operación de la terminal aérea.
Sobre el cronograma de pago, el documento presentado por José Hidrogo Calvo, perito designado por Tocumen, se indica que a la fecha el aeropuerto ha cancelado 915 millones de dólares, de un total, de 917 millones de dólares, que terminó costando la construcción del edificio de 116 mil metros cuadrados. El precio final supera en 238 millones de dólares, el monto original pactado en el contrato firmado en 2012, luego que se hicieran cambios en el diseño original para integrar las dos terminales de pasajeros y mejorar la operación del nuevo edificio.
El perito sostiene en su análisis que el monto adeudado a Odebrecht es de 2.8 millones de dólares, sin contar las retenciones, y señala que el mismo no se ha cancelado debido a que el contrato ya expiró y que se está a la espera de la decisión que tomará el TACP sobre la apelación presentada por la compañía brasileña. Hidrogo indica que entre 2020 y 2021 Odebrecht fue secuestrada por dos de sus subcontratistas por retrasos en los pagos, situación que impidió que la empresa recibiera pagos de Tocumen, a pesar de que los cheques ya estaban confeccionados.
Igualmente, el perito sostiene que dos cheques que sumaban 2.3 millones de dólares a favor de Odebrecht fueron anulados luego de que el juez de cumplimiento, Héctor Zarzavilla, ordenó que la cuantía fuera transferida a la cuenta del Tesoro Nacional para que se contabilizaran como parte de los pagos que debe realizar la compañía brasileña para saldar una multa de 220 millones de dólares luego de confirmarse que había usado el sistema financiero de Panamá para distribuir sobornos a funcionarios y particulares a cambio de millonarias obras en distintos gobiernos.
El acuerdo entre Odebrecht y el Ministerio Público se firmó en 2017, donde la compañía se comprometió a pagar una multa de $220 millones en un plazo de 12 años, pero no ha cumplido. De esa suma, ha abonado $52 millones, entre pagos voluntarios y órdenes de retenciones.
Tras analizar los documentos entregados por Tocumen y Odebrecht, Hidrogo concluyó que la administración del aeropuerto pagó “en tiempo oportuno”, las gestiones de cobro efectuadas por Odebrecht, y que los retrasos que alega la empresa brasileña fueron producto de situaciones ajenas al aeropuerto, como el cambio de nombre de la empresa, secuestros realizados por subcontratistas y anulación de cheques ordenada por el Ministerio Público.
Por su parte, el informe preparado por los peritos Rolando Chavarría y Rogelio Forero, quienes fueron designados por Odebrecht, indica que al 30 de septiembre de 2021, cuando venció la octava adenda, Tocumen adeudaba 7.5 millones de dólares a la empresa brasileña, de los cuales, 4.3 millones de dólares corresponden a retenciones que debía hacer el aeropuerto según los términos del contrato, 2.5 millones de dólares en concepto de intereses por demora en los pagos y 954 mil dólares por trabajos no facturados y pagados por parte de la administración de la terminal aérea.
“Siendo que, a pesar de que Odebrecht estaba cumpliendo de manera sostenida con los compromisos de entrega de ítems en ajustes y cumplimientos acordados en la adenda 8 al Contrato, Tocumen incumplió con sus obligaciones de pago definidos en la referida adenda a partir del mes de junio de 2021″, indican los peritos.
Sobre el saldo relacionado con las retenciones, Tocumen ha informado que, de un monto inicial de 28.4 millones de dólares, ha cancelado a Odebrecht un total de 25.9 millones de dólares, quedando por pagar 2.4 millones de dólares.
El informe preparado por Chavarría y Forero resalta que el aeropuerto estaba obligado a cancelar el total de las retenciones 90 días después de firmar el acta de aceptación final, hecho ocurrido en febrero de 2020, situación, que aseguran los técnicos no ocurrió, a pesar, de que se había acordado en la adenda 7.
Para sostener su argumento, los peritos citan el cambio introducido en la adenda 2 del contrato, que dice que “Tocumen hará una retención del cuatro por ciento (4%), de cada cuenta mensual presentada, hasta el cien por ciento (100%) de avance del proyecto, cantidad que será devuelta al contratista (Odebrecht) dentro de un plazo no mayor de noventa (90) días después de la fecha de entrega Sustancial de la Obra, o parte de la Obra.
Según los argumentos presentados por el contratista brasileño, el monto de las retenciones sería utilizado para pagar mano de obra, subcontratistas y proveedores del proyecto.
Entrega
Los peritos designados por Odebrecht expresan que parte del edificio de 116 mil metros cuadrados donde opera la segunda terminal de pasajeros de Tocumen estaba lista para operar desde el 14 de noviembre de 2017, y señalan que la estructura comenzó a usarse el 2 de diciembre de 2018 con la visita del presidente de China, Xi Jinping, a Panamá. El avión del mandatario chino se estacionó en la plataforma de la nueva terminal.
No fue hasta enero de 2019 que se habilitaron las 5 primeras puertas de abordaje, de un total de 21 que tiene el edificio, para atender el incremento en el número de pasajeros producto de la Jornada Mundial de la Juventud que ese mes se realizó en el país. El total de las puertas de abordaje y el sistema de registro de entrada y salida por la nueva terminal se habilitaron en junio de 2022.
“Hemos tenido conocimiento de noticias que indican que Tocumen inauguró la terminal 2 el 30 de abril de 2019, y volvió a inaugurar la terminal el 2 el 22 de junio de 2022, sin embargo, no ubicamos un hecho relevante desde el punto de vista técnico que haya ocasionado que la terminal no hubiese podido inaugurarse desde que fue recibida sustancialmente en febrero de 2020, tomando en cuenta que se venía usando desde diciembre de 2018, y que lo único pendiente desde entonces son ajustes y complementos que Odebrecht continúo con su ejecución”, concluye el informe.
Sobre la pregunta relacionada con la fecha de uso de la nueva terminal hecha por el TACP, el ingeniero José Ramón Icaza Clément, designado por Tocumen para participar en la inspección, señaló que el uso parcial que realizó el aeropuerto de la nueva terminal en 2018 y 2019 no puede clasificarse como “entrega operativa”, ya que no fue hasta junio de 2022 que de forma ininterrumpida se permite el embarco y desembarco de pasajeros con la operación del sistema de equipaje, y la habilitación del sistema contra incendio, climatización, sistemas especiales, entre muchos otros que permiten la entrada y salida por la nueva terminal.
Icaza plasma en su informe que los retrasos en el proyecto comenzaron desde la adenda tres, es decir, en 2018, cuando la compañía comenzó a enfrentar problemas de liquidez. “Desde esa fecha los retrasos fueron constantes, haciendo necesario firmar nuevas adendas, debido a los pocos avances”, destaca el perito. La falta de liquidez, comenta Icaza, llevó a Odebrecht a enfrentar demanda de parte de sus proveedores y subcontratistas, además de provocar la perdida de personal técnico necesario para continuar con la ejecución del proyecto.
Aunque Odebrecht asegura que la pandemia del coronavirus (covid-19), le impidió culminar con los trabajos pendientes, Icaza advierte que al momento de declararse la coyuntura sanitaria, el proyecto registraba un avance físico superior al 99.8%, por lo cual, no se justifica que no se cumplieran con los plazos acordados en la adenda 8.
“La pandemia tuvo su efecto mundial en la industria de la construcción, sin embargo, no se puede atribuir como la causa principal de los atrasos en la construcción de la nueva terminal de pasajeros, toda vez que la obra debía haber terminado antes de haberse declarado, por lo cual, los materiales pendientes debían haber estado en sitio, y no en proceso o en pendientes de solicitarse a los proveedores, como pudo ser documentado”, explicó el perito designado por el aeropuerto.
Voceros del aeropuerto han señalado que en la adenda 7 se contemplaron los retrasos provocados por las restricciones de movilidad implementadas durante los dos primeros años de la pandemia.
Tras revisar la documentación relacionada con el proyecto, Icaza concluyó que ninguno de los retrasos que afectaron la construcción de la nueva terminal se le puede atribuir a Tocumen o a los subcontratistas de Odebrecht, y que la resolución administrativa del contrato que realizó Tocumen fue la vía que se encontró para habilitar en su totalidad el proyecto, tal como ocurrió en junio de 2022, aunque todavía quedan trabajos pendientes por realizar.
Tocumen señala que al 30 de marzo de 2023, Odebrecht tenía pendiente de atender 285 trabajos, de los cuales; 175 tienen, que ver con el sistema de climatización; 15, con el sistema contra incendios; 13, con los sistemas especiales; 22, con elevadores, y 9 con acabados, entre otros. Por su parte, el contratista comenta que los pendientes no superan los 40 y que la mayoría tiene que ver con aprobaciones no entregadas por el aeropuerto.
Nuevo recurso
La decisión sobre el recurso de apelación interpuesto por Odebrecht se ha dilatado por más de 20 meses, en parte por los recursos legales que ha interpuesto el propio reclamante ante la Corte Suprema de Justicia contra la anulación del contrato, pero todos fueron rechazados por los magistrados. Odebrecht ha sostenido su argumento de que Tocumen no tenía la potestad de anular el contrato de forma directa, ya que en opinión del contratista, la vía para resolver cualquier diferencia vinculada a la construcción de la nueva terminal, era la vía arbitral.
Ahora, la empresa brasileña presentó un nuevo recurso de nulidad, donde pide que el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, no acepte el informe de los peritos designados por Tocumen, alegando que los documentos no se entregaron en los tiempos establecidos por el Tribunal. Además, Odebrecht asegura que José Ramón Icaza Clément, no firmó su informe y que la firma que aparece en el documento es digital.
En el recurso de nulidad, Odebrecht pide que se revise el sistema de vigilancia del Tribunal para determinar si el informe fue presentado el 14 de junio, fecha establecida para la entrega del documento. Además, se pide comprobar con el Servicio de Migración Nacional, si el perito se encontraba en el país el día que el informe fue entregado al Tribunal.
