La planilla estatal es uno de los componentes del gasto gubernamental que pone mayor presión a la deuda pública, marcado desde que llegó la pandemia, en medio de una situación fiscal difícil porque los ingresos se mantienen por debajo del gasto.
En marzo de 2022, la planilla registró un total de 246 mil 684 funcionarios y un sueldo bruto mensual de $399.8 millones, según el informe de la Contraloría General de la República.
En los primeros tres meses de 2022 el acumulado en el gasto de la planilla estatal sumó mil 176 millones de dólares, un aumento de $52.6 millones si se compara con el primer trimestre de 2021.
En estos tres primeros meses en promedio la planilla aumentó en 5 mil funcionarios cada mes, con relación a los mismos meses del año pasado; y un crecimiento en el gasto de más de $17 millones por mes.
Entre las instituciones con mayores aumentos de funcionarios en marzo pasado con relación al mismo mes de 2021 están la Asamblea Nacional de diputados, con 1,543 empleados públicos adicionales; el Ministerio de Salud, con 1,095; el Ministerio de Educación, con 704; la Caja de Ahorros, con 253; el Aeropuerto Internacional de Tocumen, con 246; el Ministerio de Seguridad Pública, con 240 y la Contraloría General de la República, con 208.
Para el analista laboral, René Quevedo, este crecimiento constante de la planilla estatal, en el contexto de una crisis laboral y una economía que no está generando nuevos empleos, “no parece sostenible”.
Quevedo sostiene que el tamaño real de la planilla estatal es objeto de controversia, a raíz de la nota MEF-2021-4493 del 1 de febrero 2021, donde se señala que los 148,739 funcionarios adscritos a Leyes Especiales representaban el 41% de los servidores públicos, lo que pondría la planilla estatal en 362,778 funcionarios.
“Esta cifra es cónsona con la Encuesta Laboral Telefónica a junio de 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), de la Contraloría General de la República, que en su Sección B.3 indica la existencia de 364,768 empleados del Gobierno”, afirma.
Sin embargo, señala Quevedo, en el informe de la planilla del sector público de ese mismo mes , indica textualmente “la planilla del sector público registra en junio de 2021, un total de 251,929 funcionarios y un sueldo bruto de $406.4 millones”, una diferencia de 112,839 funcionarios .
Añade que si sumamos los 365 mil funcionarios, más los 375 mil beneficiarios del Vale Digital y 191 mil personas que reciben subsidios del Misterio de Desarrollo Social (Mides), casi un millón de panameños (931 mil) reciben dinero del Gobierno mensualmente, financiado a través de préstamos. “Esto no es sostenible”, recalca.
Más contención
Distintas organizaciones de la sociedad civil y empresariales han solicitado buscar mecanismos para reducir el gasto de la planilla y dejar de utilizarla como trampolín para el clientelismo político.
En uno de sus pronunciamientos recientes, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá reconoció el efecto de las restricciones impuestas por la pandemia de la covid-19 en dos años, pero también cuestionó el gasto estatal en salarios sin ninguna reducción.
“Al mismo tiempo, han sido testigos del despilfarro de fondos por parte de un gobierno que no solo evitó hacer lo que solidariamente le correspondía, que era reducir salarios altos, sino que continúa aumentando la ya exorbitante planilla”, señaló el gremio.
Tras el inicio de la pandemia, la mayoría de las empresas del sector privado tuvieron que adoptar medidas para bajar el gasto con la reducción de la jornada laboral o en última instancia desvincular a parte de sus empleados. Mientras tanto, en el lado gubernamental no se aplicó ninguna rebaja o ajuste de los salarios.
Por su parte, el gobierno ha justificado que parte del crecimiento del gasto en la planilla tiene que ver con las leyes especiales que ordenan incrementos periódicos en los salarios de algunos funcionarios. Sin embargo, las estadísticas también muestran un aumento en el número de personas contratadas cada año.
La planilla estatal está compuesta por 90 entidades, distribuidas en 26 del Gobierno central, 40 instituciones descentralizadas, 16 empresas públicas y ocho intermediarios financieros.
La planilla estatal excluye a la Autoridad del Canal de Panamá, patronatos y los municipios con excepción del pago a los representantes de corregimiento. Es decir, cuando se implementen las leyes que crean nuevos corregimientos aprobados en la Asamblea, habrá un repunte en la planilla debido a la creación de nuevos puestos en esas organizaciones.
