El fin de semana fue caótico para algunos miembros de la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), cuando empezó a circular el borrador de una resolución en el que se proponen reformas administrativas, financieras y la inclusión de ingresos que escapan del alcance de la entidad, pero que se habrían fijado como una supuesta bocanada de oxígeno para el sistema de pensiones.
Algunos estuvieron a favor y otros en contra de lo que había quedado plasmado en el documento preliminar presentado el viernes y que aún no se ha discutido. Pero todos tuvieron que ir a las bases de las organizaciones que representan para dar detalles de su posición frente a lo que se discute a lo interno de la directiva.
El documento tendría como base el del artículo 219 de la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005, en el que se establece que la directiva debe proponer los cambios legales necesarios, para hacerle frente al déficit decretado en el subsistema exclusivamente de beneficio definido del programa Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
De acuerdo con lo que ha podido conocer este diario, la mayoría de las sugerencias redactadas en el documento están motivadas por los sindicatos que representan a los trabajadores.
Quienes representan al sector empresarial se habrían negado a que en el documento apareciera una recomendación que implicaba la unificación del el subsistema exclusivamente de beneficio definido con el sistema mixto; éste último con un componente de ahorro personal.
Ayer lunes, incluso se reunieron los miembros del Consejo Nacional de la Empresa Privada(Conep) para conversar sobre el tema, entendiendo que sus 3 miembros pueden hacer muy poco cuando son 11 miembros en la directiva y se necesitan al menos 6 votos para llegar a acuerdos.
En el borrador de resolución, que aún no ha pasado por un proceso de votación, se propone realizar las modificaciones legales para que ingrese al IVM el 10% de los ingresos que percibe el Estado de la actividad minera, además del 10% de los ingresos que percibe el Estado en materia de concesiones de telecomunicaciones; y el 10% de los aportes del Canal de Panamá.
También se propone implementar la excepción de control previo en los préstamos personales e hipotecarios que realiza la CSS.
Sin control previo, propusieron que se pueda invertir hasta el 30% de las reservas de la institución en préstamos personales e hipotecarios para asegurados, a pesar de que en el pasado se ha advertido de la falta de garantías en la aprobación de estos créditos.
Alguna de estas propuestas ya habían formado parte de la discusión del diálogo por la CSS. Pero en su momento surgieron advertencias de su poca efectividad, cuando se está frente a déficits de $1,000 millones al año, que van en aumento.
Además, se trata de recursos que el gobierno central tendría que eliminar de otros frentes sociales, por lo que se necesitaría de un debate que traspasa las fronteras de la directiva de la CSS.
Enrique Montenegro, coordinador del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) dijo ayer en conferencia de prensa que la ruta es seguir en el sistema solidario y unificar todos los sistemas “como única alternativa para los problemas de la CSS. Esto nos daría un avance hasta el 2040″.
Sin embargo, los especialistas sentados de la Junta Técnica Actuarial han advertido que la unificación de los sistemas crea una aparente solvencia financiera, pero cuadruplica el déficit en el tiempo.
Hasta el cierre de esta edición no se conoció de ningún pronunciamiento oficial por parte del sector empleador.
