Luego de 21 años, desde que se creó la Zona Franca de Barú (ZFB), provincia de Chiriquí, mediante la Ley 19 del 4 de mayo del 2001, el proyecto no ha logrado obtener los terrenos para desarrollar la infraestructura que le permita atraer empresas e inversionistas.
Durante la sustentación de su presupuesto para 2023, el gerente de la ZFB, Eriberto Guerra pidió que además de que se le cedan los terrenos, es necesaria la reglamentación de la Ley 19 “porque es muy compleja”.
La entidad solicitó unas 15 hectáreas de terrenos que ocupó la bananera Chiriquí Land Company y que ahora le pertenecen al Estado, pero según Guerra, hasta la fecha no ha habido respuesta y todo se ha quedado en trámite.
La Ley 19 señala que para el establecimiento del área comercial de este proyecto, la Nación cedería a la ZFB las extensiones de terreno que sean necesarias.
Explicó que después de dos décadas no han obtenido resultados y es por ello que él ha señalado que “la Zona Franca de Barú nació muerta, porque le han dado la ley pero no les dan los terrenos para desarrollarla”.
Se pretende construir un parque logístico en Puerto Armuelles, un puerto de contenedores y un aeropuerto de carga. Estas obras generarían empleos y reactivaría la economía del distrito de Barú, que tras el retiro de la empresa bananera ha quedado golpeado por la miseria y la pobreza.
“Promover inversiones permanentes en turismo y logística para que el distrito de Barú vuelva a recuperar la posición económica que gozaba hace 30 años”, reclamó Guerra, durante su presencia en la comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional.
El desarrollo de estas inversiones es urgente para explotar el calado marítimo natural que existe en Barú y evitar que las inversiones se vayan a países vecinos.
La entidad no cuenta con edificio propio y es parte de los objetivos que se tienen con los terrenos que han solicitado al Ejecutivo.
Por su parte, el director de finanzas de la Zona Franca de Barú, Felipe González detalló que de los $2.7 millones de presupuesto que solicitaron, el Ministerio de Economía y Finanzas solo les recomendó $638 mil 195, es decir, una disminución superior a $2 millones. Del monto recomendado, $500 mil son para funcionamiento y $138, 195 para inversiones.
En la Zona Franca de Barú hay 12 empresas, cuatro más que en 2019, cuando llegó el actual Gobierno.
Durante la sustentación del presupuesto, el diputado independiente Juan Diego Vásquez, cuestionó a los directivos de la ZFB sobre los resultados, y manifestó que se deben hacer los ajustes porque esto “parece más un gasto que una inversión”.
En la institución laboran 18 personas. La mayor parte del presupuesto se va en funcionamiento y muy poco se destina a inversión.
