El Supremo rechaza las alegaciones de Bolsonaro antes de examinar la denuncia por el golpe

La Corte Suprema de Brasil rechazó este martes todas las alegaciones presentadas por el expresidente Jair Bolsonaro y otros siete acusados por el intento de golpe de Estado y dejó para el miércoles la decisión de si acepta la denuncia y abre un juicio penal.

La Sala Primera del Supremo, formada por cinco jueces, realizó hoy dos audiencias que sirvieron para la lectura del informe del caso, la presentación de los argumentos de la Fiscalía y los alegatos de las defensas de este primer grupo de acusados, apuntado como el núcleo de la conspiración.

Este miércoles, los magistrados analizarán finalmente si ven indicios suficientes para procesar a Bolsonaro por cinco delitos, cuyas penas máximas sumadas rondan los 40 años de cárcel.

El líder ultraderechista fue el único de los ocho acusados que acompañó en persona este primer día de juicio. Lo hizo escoltado por su equipo de abogados y algunos de sus aliados.

“Proyecto autoritario” de Bolsonaro, según el fiscal

El exmandatario escuchó la dura exposición del fiscal general, Paulo Gonet, quien volvió a acusarlo de “liderar” una trama golpista, junto con el exministro y general retirado Walter Braga Netto para garantizar su continuidad en el poder “a todo coste” tras las elecciones de 2022, que venció el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Todos aceptaron, estimularon y realizaron actos tipificados en la legislación penal de atentado contra la existencia del Estado democrático de derecho”, afirmó.

Gonet señaló que el golpe se empezó a gestar en 2021, en mitad del mandato de Bolsonaro, y se aceleró cuando Lula recuperó sus derechos políticos tras la Justicia anular sus condenas por corrupción ese mismo año.

El fiscal aseveró que la trama “documentó” su proyecto “autoritario” de poder a través de manuscritos, archivos digitales, planillas e intercambio de mensajes “reveladores sobre la marcha de la ruptura democrática”.

“La tentativa de golpe es evidente”, zanjó Gonet, que ha denunciado a un total de 34 personas en el caso.

Luego presentaron sus argumentos las defensas de los ocho acusados, los cuales se refirieron a la querella como una “narrativa inepta” repleta de “conjeturas” y “mentiras”.

Una de las exposiciones más encendidas fue la del abogado de Bolsonaro, Celso Vilardi, quien dijo que durante el proceso “no se encontró absolutamente nada” contra el exjefe de Estado.

Solicitó además anular la confesión del antiguo edecán de Bolsonaro, el teniente-coronel Mauro Cid, clave en la investigación, por supuestas presiones por parte del juez instructor, Alexandre de Moraes, pero el juez rechazó esta tesis con vehemencia.

Carpetazo a los recursos de las defensas

Acto seguido, se votaron los recursos presentados por los acusados por supuestos agravios reglamentarios e irregularidades en el transcurso de la causa. Todos fueron archivados; todos, por unanimidad menos uno.

Los abogados intentaron sin éxito apartar a varios de los jueces por supuesta falta de imparcialidad, entre ellos Cristiano Zanin, antiguo abogado personal de Lula; el propio De Moraes, por ser presunta víctima del golpe, y Flávio Dino, quien fue ministro de Justicia de Lula hasta el año pasado.

También declararon la incompetencia del Supremo para juzgar el caso y que al menos este debería ser estudiado por los once jueces del plenario. Solo aquí uno de los cinco magistrados, Luiz Fux, aceptó tal argumento.

Las defensas pidieron además la nulidad de la causa por entender que se violó el debido proceso legal al no tener acceso a las pruebas en bruto y al haber realizado la Policía allanamientos sin buscar pruebas concretas, entre otras presuntas irregularidades. Los magistrados rechazaron estos alegatos.

Próximos pasos

Este miércoles se celebrará la tercera y previsiblemente última audiencia para decidir si se acepta la denuncia.

Si la mayoría aprueba la denuncia, Bolsonaro y los otros siete acusados serán juzgados por cinco delitos: abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio protegido.