A las 9:30 a.m. y vestida de blanco, la defensora del Pueblo, Patria Portugal, llegó a la Asamblea Nacional. El cielo estaba oscuro, y el ambiente olía a lluvia y a pescado.
Acompañada de ocho personas que la cubrían con sus paraguas, Portugal avanzó hacia la entrada principal del edificio.
A pocos pasos, William Mayns y Pedro Montañez, que se identificaron como víctimas de los jarabes envenenados con dietilene glycol le gritaban: “a la cárcel por corrupta”.
La lluvia y el asedio de los medios desató el caos. “Cállense. La atacan porque es pueblo”, vociferaba en medio del alboroto Román Mollah Portugal, su hijo.
Ella, Portugal, entró sonriente al hemiciclo. En las gradas, un grupo de integrantes del Partido Popular (PP) con escobas verdes simulaban limpiar el sitio. Portugal, en tanto, enviaba besitos a su barra de apoyo, liderada por su vástago.
Y comenzó el interrogatorio. A la defensiva, Portugal empezó a responder el cuestionario de 13 preguntas que le habían formulado diputados de Cambio Democrático para la citación, aunque ninguno de ellos la cuestionó. “¿Tengo que leer la pregunta o tengo que dar la respuesta directa?”, preguntó. “Bueno, daré solo las respuestas, las preguntas la deben saber ustedes”, se respondió.
Aunque afirmó haber hecho 55 contratos durante su gestión, que incluyen el arrendamiento de la sede principal y 10 sedes regionales; la mayor atención fue fijada en los contratos con Imaginarium Studio, S.A. y En Avant, S.A. El primero para una asesoría de imagen que incluyó el desarrollo de una página web y un logotipo. El segundo, una consultoría para capacitación en servicio al usuario.
Sin embargo, en medio de la explicación, Portugal aprovechó para lanzar algunos dardos: “yo no estoy improvisada en la Defensoría del Pueblo, soy una mujer que cree y vive los derechos humanos. Hay tres tipos de personas que trabajan en los derechos humanos: puede ser una funcionaria u otra persona que vive los derechos humanos por ser víctima y porque cree en ellos... pero están los mercenarios de los derechos humanos que viven de ellos y que yo los conozco”, dijo.
LA PÁGINA WEB
Explicó que los dos polémicos contratos, cuyos directivos son de una misma familia, se pactaron de acuerdo con las normas de administración presupuestaria. Reiteró que la primera consultoría con Imaginarium Studio, S.A. fue requerida para mejorar la imagen de la institución y negó que se hiciera una página web.
“Señores, no se ha hecho página web, no se hizo logotipo, este se hizo a través de un concurso a nivel nacional en el que participaron personas desde los 14 hasta los 90 años”, explicó.
Sin embargo, el contrato de consultoría número 13-2012 en el que este medio se basó para escribir el reportaje que sacó a la luz el tema, señala que la consultora [Imaginariun] se compromete a hacer entrega de 12 aspectos entre los que se cuentan: “el desarrollo del nuevo diseño de la página web.
“Ilústrense; se tiene que pedir permiso a la Secretaría de Innovación para hacer una página web de una institución. Ustedes... los de las escobas, ustedes ¿sabrán barrer? porque yo sí sé barrer... yo sé barrer y trapear, y hacer todo, ellos yo no creo que sepan barrer”, les reclamó a los integrantes del PP, apostados en las gradas.
LA NUEVA SEDE
En torno al contrato de arrendamiento de la nueva sede, que resultó ser más costoso que el antiguo local, indicó que quienes conocieron la antigua Defensoría del Pueblo saben que “ese lugar era realmente una ratonera”. Dijo tener un informe de los bomberos y del Sistema Nacional de protección Civil (Sinaproc), que determinaron “que el edificio era una trampa de muerte”.
También negó que haya comprado equipos de lujo y detalló que compró un sillón que resultó ser el más barato. El mismo, dijo, es usado para atender a los embajadores y funcionarios de Naciones Unidas. Portugal negó tener vínculos de parentesco o de amistad con los representantes legales de las mencionadas empresas. “No tengo vínculos de parentesco ni de amistad ni de enemistad”, enfatizó.
Tras la sustentación de Portugal, el diputado Leandro Ávila, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), manifestó que los hechos que se han dado en la Defensoría del Pueblo no han sido del todo esclarecidos. “Hay hechos que tienen que ser aclarados y queremos saber cuáles eran las reglas del juego entre la empresa Imaginarium Studio y la Defensoría del Pueblo”.
Aunque Ávila le preguntó insistentemente: ¿qué criterios se usaron para contratar de manera directa a estas empresas, en las que existe una relación de madre e hijo? [Jean Pablo Ortega Ramírez que representó a Imaginarium Studio, S.A. y Jazmine Ramírez, fundadora de En Avant, S.A.], Portugal no explicó cómo surgieron estas empresas.
Argumentó que en el caso de Imaginarium Studio, se formó un grupo de trabajo con las personas de relaciones públicas. “Ellos me mostraron el trabajo y me gustó, yo no investigo. ¿Quiénes son?, ¿de dónde son?, esa parte no me toca investigarla”, contestó. Detalló que hubo otro grupo del departamento de recursos humanos, y la secretaría general que “vio” la otra consultoría para capacitación.
NEXOS CON LA POLICÍA
Las dudas sobre estas contrataciones también quedaron expuestas luego que el diputado del Partido Panameñista José Luis Varela señalara que Leila Hassán, jefa de Compras de la Defensoría del Pueblo trabajó con Jazmine Ramírez en la Policía Nacional.
A esta inquietud Portugal respondió que no sabe si eran amigas, pero que “la señora Hassán viene de la Policía, al igual que su asistente”. “Este es un país pequeño y casi todo el mundo se conoce”, explicó.
De igual forma, en la contratación con En Avant, Portugal dijo desconocer en un principio de la relación familiar entre los representantes de estas empresas. “Yo me enteré por los medios de comunicación”, manifestó.
Varela mencionó la existencia de otro contrato por $263 mil (ver relacionada).
Portugal le recordó a Varela que pidió el cierre de la Defensoría. Ante este cuestionamiento, el opositor lo negó y le ripostó: “si personas como usted siguen al frente, sí hay que cerrarla”.
Más adelante, la cuestionó el panameñista Adolfo Valderrama. Mientras el político increpaba a la funcionaria, su hijo Román Mollah bajó a las gradas más cercanas al vidrio y le pidió calma a su madre. Valderrama le preguntó a Portugal si ella o alguien de su familia conocía a los dueños de las empresas vinculadas en los contratos por $450 mil. Mollah buscaba con desesperación los ojos de su madre, mientras negaba con la cabeza. “Mi hijo trabajó en la Policía y quizá sí conoció a esa muchacha [Jazmine Ramírez]”, respondió.
Culminada la sesión, y después de varios intentos por despistar a los medios, Portugal se retiró de la Asamblea casi a las 3:00 p.m. “Yo no voy a renunciar porque no he hecho nada incorrecto”, manifestó la mujer que durante décadas ha pedido justicia por el asesinato de su padre que fue víctima de la dictadura.
EL FUTURO
Tras la comparecencia de Portugal en el pleno, el presidente de este órgano, Sergio Gálvez, indicó que la funcionaria dejó “muchas lagunas en su intervención” por lo que en los próximos días, en una reunión de directiva ampliada, decidirán si nombran a una comisión investigadora, o si definen si se se somete a discusión separarla o no del cargo.
Durante la comparecencia de la defensora del Pueblo, Patria Portugal, ante el pleno de la Asamblea Nacional, el diputado panameñista José Luis Varela sacó a relucir un nuevo contrato por $363 mil otorgado a través de licitación abreviada por esta funcionaria el 27 de diciembre de 2011.
La empresa beneficiada fue Edber International Consulting, S.A. y el contrato era para “el diagnóstico, estudio y diseño de una estrategia institucional para optimizar la atención a las víctimas y concienciación de los derechos humanos de los ciudadanos”. Varela reveló que la contratación fue por la suma de $244 mil, pero después se le hizo una adenda por $119 mil sumando $363 mil.
Frente a esto, el secretario general de la Defensoría del Pueblo, Esteban López, justificó el contrato argumentando que estaba dirigido a detectar las falencias que tenía la institución en todo el país y cómo se podía mejorar.
Isidro Rodríguez
Como parte de las pesquisas que adelanta la procuradora de la Nación, Ana Belfon, por el supuesto sobreprecio en dos contratos firmados por la defensora del Pueblo, Patria Portugal, por $450 mil, funcionarios del Ministerio Público hicieron una inspección en la sede de esa entidad.
La revisión se llevó a cabo la tarde del pasado miércoles, después de que Belfon fuera autorizada para que efectuara dichas investigaciones por la Sala Penal de la Corte Suprema.
En la diligencia, que se prolongó hasta las 7:00 p.m., los funcionarios revisaron los contratos originales, que además se llevaron para análisis forense.
Elio Núñez
