La información la confirmó el propio Delgado, quien ayer rindió declaración por 11 horas ante la Administración Provincial de Ingrensos de la provincia de Panamá y presentó ocho cajas de documentos como parte de sus descargos, dentro del proceso que se le sigue.
El agente de instrucción de la DGI, Félix Chamorro, hizo al menos 25 preguntas al ex funcionario.
A su salida de la DGI, a las 8:30 de la noche, Delgado comentó que "salió bien librado" de este proceso que él califica como una persecución política.
Maruja Bravo, abogada del ex ministro, anunció de inmediato que atacará la decisión de la DGI en la misma instancia porque es "arbitraria e ilegal". Bravo dice que la DGI no tiene facultades para establecer este tipo de medidas. "En todo caso, tendrían facultad para imponer multas", precisó.
Sin embargo, el viceministro de Finanzas, Rolando Mirones, dijo que la medida es parte de las atribuciones que la ley le otorga a la DGI en este tipo de procesos.
La abogada lamentó que tenga que recurrir ante la misma instancia que giró el impedimento de salida del país de su cliente, ya que allí es donde se resuelven incluso las apelaciones.
El pasado 16 de diciembre, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) ordenó la cautelación de 17 fincas ubicadas en las provincias de Darién, Panamá y Chiriquí, así como el secuestro de las cuentas bancarias de Delgado tras alegar que el ex funcionario no sustentó sus ingresos tal y como lo establece el artículo 172 del Decreto Ejecutivo 170 del 27 de octubre de 1993 y la Ley 61 de 26 de diciembre de 2002 que regulan las declaraciones de ingresos.
Según la DGI, Delgado tuvo ingresos gravables no declarados para los años 2001, 2002 y 2003, período en que fungió como ministro de Economía y Finanzas.
Su abogada también anunció que prepara un recurso de hábeas corpus y un amparo de garantías para la próxima semana.
