"La multa no se ha pagado porque la empresa está en un proceso jurídico con el Banco Nacional. También venció el plazo de cinco días que la empresa tenía para apelar sin que se hayan notificado. La ANAM tiene la potestad de cobrar esa multa en líquido o a través de los bienes de la empresa", explica Harley Mitchell, del departamento legal de la institución que vela por la protección ambiental.
Sin embargo, la empresa no tendría bienes a su nombre.
Por eso, en estos momentos están averiguando cuáles son los bienes que poseen los propietarios de la empresa para pedir embargos y actuar directamente contra las propiedades privadas de los socios. "Ellos son solidariamente responsables. Si la empresa no puede pagar, deberán responder ellos con sus propios bienes", detalla el abogado.
En la ANAM estiman que algunos de los socios estarían fuera del país. Tampoco se descarta que en los últimos meses, los socios hayan traspasado sus bienes a otras personas para evitar las medidas.
El juzgado ejecutor de la ANAM se encuentra persiguiendo los bienes de la empresa, ya que a este caso, "por su importancia para el país se le está dando prioridad" .
La multa fue por los incumplimientos de la construcción en relación al estudio de impacto ambiental que la ANAM le aprobó a PRONAVI, pero qué ésta, en los hechos, jamás respetó.
