El saldo de la deuda del sector público no financiero se redujo en febrero en $468.3 millones respecto al registrado al cierre de enero de este año, para totalizar $38,439.6 millones. En la comparación con febrero de 2020, no obstante, se refleja un aumento de $8,607 millones, según consta en un reporte de la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
El descenso del último mes se explica principalmente por el vencimiento de la Nota del Tesoro 2021, por $412.4 millones. Además, en los pagos mensuales de la deuda interna destacan otros $31.5 millones para vencimientos de Letras del Tesoro.
En lo que se refiere al servicio de la deuda externa, se destinaron $47.3 millones a pagos de capital y $13.9 millones a intereses.
El mayor volumen de pagos efectuados respecto a los desembolsos recibidos explica la caída del saldo de la deuda en el último mes.
No obstante, cuando se compara con los compromisos existentes al cierre de febrero de 2020, se observa un aumento de $8,607.3 millones o un 28.8%, en un año.
La Dirección de Financiamiento Público comentó que la “República busca fondos para financiar las necesidades del Gobierno Central en el transcurso del año. Esto conlleva a que los meses en que se reciben los desembolsos de deuda se presentan saldos inflados que posteriormente van a disminuir, a medida que se vayan pagando las amortizaciones de deuda que están programadas durante cada vigencia fiscal”.
Si se toma como referencia el saldo a diciembre de 2020 respecto al mismo mes de 2019, se registró un aumento de $5,941 millones.
El incremento está vinculado a los efectos de la pandemia y a la gestión efectuada por el Gobierno. Las restricciones y cierres de negocios impuestos por el Gobierno en un intento por contener la propagación del virus provocaron una fuerte caída de los ingresos.
Financiamiento Público dijo que “los desembolsos de deuda programados para el año 2020 fueron utilizados para refinanciar deuda existente y para financiar el déficit del gobierno central, lo cual incluye las necesidades que surgieron a raíz de la pandemia de la Covid-19, el programa Panamá Solidario y la inversión pública”.
Renzo Merino, vicepresidente y analista senior del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s Investors Service, explicó que el Gobierno incurrió en deuda en algunas operaciones que serían típicas de un banco central, figura que no tiene el sistema panameño.
El analista se refirió a recursos captados para un fondo que cubriría eventuales necesidades de liquidez del sistema bancario -que no se ha utilizado a la fecha- y otro fondo para apoyar a las pequeñas y medianas empresas.
El desbalance entre ingresos y gastos, con el consiguiente aumento de la deuda y una contracción económica de 17.9%, llevaron a Moody’s a señalar que el deterioro fiscal del país había sido “inusualmente grande” respecto a países de similar nivel de calificación, lo que se tradujo en una rebaja de la calificación de riesgo de Baa2 a Baa1, concretada el pasado miércoles.
El economista Ernesto Bazán señaló que la “buena noticia” es que la agencia asignó una perspectiva estable a la calificación, lo que quiere decir que no espera que haya cambios en los próximos meses.
El rating de Panamá varía entre tres grandes agencias. Para Moody’s y S&P Global Ratings, está en el segundo nivel dentro del grado de inversión, en Baa2 y BBB, respectivamente, y con perspectiva estable; mientras que para Fitch Ratings está en el primer escalón dentro de lo que se considera grado de inversión, en BBB-, y con perspectiva negativa. Otro downgrade supondría la pérdida del grado de inversión con esta calificadora, lo que se podría traducir en mayores costos de financiamiento para el Estado, las empresas y eventualmente los ciudadanos. (Ver infografía).
No obstante, como han señalado las agencias y ha quedado demostrado en el mercado, las condiciones de acceso a fondos del Gobierno de Panamá son actualmente favorables.
Efecto dominó
La calificación soberana marca una referencia para las notas de riesgo de las entidades públicas y privadas que se desempeñan en el territorio. Por eso, un movimiento a la baja en la nota del país se suele traducir en rebajas a distintas entidades.
Así, Moody’s anunció también la rebaja en las calificaciones de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) y de ENA Master Trust.
La calificación de la ACP pasó de A1 a A2, de manera que sigue tres niveles por encima del soberano.
La agencia destacó que la calidad de crédito de la ACP se apoya en un marco institucional robusto, gobierno corporativo y tratados que aseguran su operación sin interferencias. Señaló, además, que pese a la pandemia y las tensiones entre China y Estados Unidos, el desempeño operativo y financiero de la ACP ha sido fuerte, apoyado por la expansión y un nuevo esquema de tarifas.
La calificación de Etesa pasó de Baa1 a Baa2, con perspectiva estable, exactamente el mismo movimiento que el experimentado por la calificación soberana. La agencia comentó que la calidad de crédito de Etesa refleja algunas fortalezas clave, como una sólida posición al ser la única compañía de transmisión en Panamá con derechos exclusivos para operar la red.
Por su parte, la nota de ENA Master Trust pasó igualmente de Baa1 a Baa2, con perspectiva estable. ENA Master Trust hizo una emisión de $400 millones con vencimiento en 2048 para refinanciar las deudas de los corredores Sur y Este.
La agencia señala que durante 2020, el tráfico y los ingresos de los corredores cayeron 47.8% y 48%, respectivamente, al compararse con 2019.
Para este año se esperan crecimientos superiores al 40% en ambos indicadores.
La agencia también reconoce que la estructura de la emisión es beneficiosa, con un periodo de gracia de cinco años para los pagos de principal, lo que brinda al emisor flexibilidad ante la eventual volatilidad del desempeño operativo.
