Los desarrolladores de complejos hoteleros avanzan en sus planes para tomar partido de la Ley 122 de 31 de diciembre de 2019, aprobada por este Gobierno, y con la cual se amplió el alcance de los créditos fiscales otorgados a los inversionistas que adquieran valores emitidos por empresas turísticas.
En la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) se encuentran registradas o en proceso de trámite emisiones de acciones y bonos, vinculados a esta ley, que en su totalidad suman $466 millones; cifra que irá en aumento a juzgar por lo que anticipa información de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).
La Ley 122 permite que las personas jurídicas o naturales que adquieran bonos, acciones u otros instrumentos financieros emitidos por empresas turísticas, reciban certificados de crédito fiscal del impuesto sobre la renta equivalente al 100% de las sumas invertidas en los proyectos fuera del distrito de Panamá.
La infraestructura turística hotelera se puede ejecutar a raíz de la obtención del dinero que sus promotores logran conseguir con la emisión de valores.
En estas emisiones, el inversionista que compra los instrumentos financieros tendrá el incentivo de recibir en créditos fiscales la totalidad del dinero invertido.
Todo esto va precedido de un largo proceso.
La norma indica que los instrumentos financieros deberán estar registrados en la SMV, así como en la Bolsa Latinoamericana de Valores, y emitidos por empresas que estén inscritas en el Registro Nacional de Turismo.
Entonces, antes de estructurar una emisión, las empresas turísticas deben cumplir con una serie de requisitos para obtener el certificado de turismo.
Lo que dicta la norma
100%
En lugar de una posible deducción por el 50%, tal cual lo establecía una norma anterior, ahora se permite otorgar un crédito fiscal transferible por el 100%.
10 años
La ley establece que el crédito fiscal puede ser utilizado a partir del segundo año de la inversión y en un periodo máximo de una década.
50%
el valor máximo utilizable por año no puede exceder el 50% del impuesto sobre la renta causado en el año fiscal correspondiente.
Desde diciembre de 2019 se han presentado formalmente 17 solicitudes de aplicación a tal registro, específicamente por el artículo modificado por la Ley 122 de 31 de diciembre de 2019, el cual plantea los beneficios fiscales, de acuerdo con un reporte entregado por la ATP a este diario.
De estas empresas, hay 13 sociedades con la certificación que emite la ATP.
Entre los proyectos que han pasado por el tamiz de la ATP para obtener el registro se encuentran: Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A., Playa Escondida Beach Front, S.A., Don Bernardo Hotel, S.A., Quick Collectors International, S.A., West Resort, S.A., Inmobiliaria Palma Bonita, S.A., y Pearl Island Fishing Lodge.
Además de Bluefish Hill, Corp., Lora Marina View, S.A., Ocean Hills Pearl Island, S.A., Resort Development Group, e Inmobiliaria Red Frog, S.A.
Al cierre de la semana pasada se le consultó a la ATP si había una variación en este listado, cuya última actualización data del mes de agosto. También se preguntó sobre los avances en la evaluación de las reformas a la ley que permite otorgar incentivos fiscales, considerando que cualquier cambio a la norma tendría incidencia en los planes de inversión, pero no fue posible obtener una respuesta.
Avance en la SMV
Algunas de las empresas que ya cuentan con el certificado de turismo han dado más pasos y tienen emisiones de valores registradas o en trámite, en las que hacen referencia a los incentivos fiscales que pueden obtener los inversionistas.
Tal es el caso de DB Hotel & Residences, S.A., parte del grupo empresarial de la familia Eleta, que registró una emisión de acciones comunes hasta por $232 millones.
Los fondos que se obtengan en esta emisión serían utilizados para financiar el proyecto hotelero bajo la marca de Ritz Carlton Reserve, piedra angular del desarrollo Pearl Island.
Este desarrollo, que va de la mano de Don Bernardo Hotel, S.A., tiene como objetivo construir un proyecto que incluye un hotel cinco estrellas en aproximadamente 40 hectáreas de terreno sin desarrollar en la isla Pedro González.
El registro de esta emisión, que por ahora es la de mayor monto dentro del espectro de aplicación de la Ley 122, se dio en octubre pasado, tal como se observa en las estadísticas de la SMV.
Antes, en julio de 2020, Inmobiliaria Palma Bonita, S.A., con el respaldo del promotor Empresas Bern, había registrado una emisión pública de bonos corporativos por $155 millones para financiar un apartahotel en el sector de Veracruz, Panamá Oeste, promoviendo entre los posibles inversionistas el incentivo de tener acceso a créditos fiscales, con lo cual se les reconocería la totalidad de su inversión.
Igual movida hizo la sociedad de inversión inmobiliaria denominada Fideicomiso de Fomento Turístico, presidida por Belisario Porras, que en abril pasado registró un programa rotativo de bonos por $40 millones.
Playa Escondida Beach Front, S.A. maneja dos emisiones de bonos turísticos, una por $6.2 millones, y otra por $6.9 millones. En la directiva de la empresa figuran Juan Carlos Tapia Rodríguez, Raúl Santiago Tapia y Juliana de Cáceres.
La empresa está vinculada al desarrollo Playa Caracol, en Chame, Panamá Oeste. Y de acuerdo con su prospecto de emisión, tiene por desarrollar el plan maestro de dos proyectos turísticos que incluirían un hotel, un club de playa y apartahoteles.
Ocean Hills Pearls Island, S.A. tiene en trámite la emisión de bonos turísticos por $26 millones. Cuando finalmente termine el proceso en la SMV se sabrá el tipo de proyecto que espera desarrollar con el financiamiento que obtenga.
Sin rastro de reformas
La ATP ha defendido la ley de incentivos turísticos, con la cual el Estado reconoce y asume a través de un sacrificio fiscal el valor total de la inversión.
Para la entidad se trata de un imán de inversiones a través de mecanismos que facilitarán la capitalización de proyectos fuera del distrito de Panamá. En base a esta norma se espera la creación de proyectos por $899.2 millones.
Sin embargo, se ha advertido de algunos vacíos en la norma, tal como alertó la Cámara de Comercio, cuando recomendó que la ley o su reglamentación debían definir zonas de interés turístico donde aplica, límites a los créditos fiscales y analizar el monto del crédito fiscal en relación con el valor de la inversión.
Iván Eskildsen, administrador de la ATP, dijo en el mes de agosto que evaluaban reformas a la ley que permite otorgar incentivos fiscales.
Precisó que tomando en cuenta los comentarios de la Cámara de Comercio y otros gremios, “ya tenemos una conversación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Y sí se quieren hacer algunos ajustes y digamos que con eso estamos en esa conversación para lograrlo lo antes posible...”.
Pero hasta la fecha nada se ha conocido sobre tales planes, ni la ATP y la Dirección General de Ingresos, que formo parte del debate desde el punto de vista fiscal, han contestado al ser consultados sobre el tema.
