La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) mostró su disconformidad con el anteproyecto de ley 53, que modifica la Ley 24 de 2002, que regula la información del historial de crédito de los consumidores.
Presentada por el diputado Rony Araúz, la iniciativa propone reducir el tiempo de prescripción de la información de los siete años actuales a tres años contados a partir del último pago efectuado.
“Transcurrido este plazo, el dato será excluido del sistema, base o banco de datos sobre historial de crédito que tenga la agencia de información de datos”, recoge el proyecto de ley.
Además, cuando un cliente cancele una deuda, se propone un plazo máximo de tres días para actualizar la información, “a razón de borrar la nota crediticia negativa ya cancelada”. No hacerlo será considerado como una falta grave y el Ministerio de Comercio e Industrias aplicará las sanciones, según la propuesta legal.
La ABP señaló que “limitar, borrar, prohibir, restringir el uso profesional del historial de crédito, como propone el anteproyecto de ley, privaría a las entidades financieras de un elemento fundamental en la evaluación del riesgo de recobro de los préstamos”.
Según cifras que maneja la ABP, el 94% de los consumidores tiene buenas referencias de crédito.
El historial de crédito es una de las pocas herramientas con que cuenta toda empresa o persona para demostrar su carácter frente a un compromiso financiero y la única herramienta disponible para que quien, en algún momento tuvo un historial negativo, pueda demostrar mejoría y recuperar su capacidad para volver a solicitar un préstamo, explicó la asociación que agrupa a los bancos de Panamá.
Por eso, el gremio solicita que se reconsidere la conveniencia del anteproyecto de ley.
