La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) reconoce que desde hace seis años los clientes de las empresas distribuidoras Edemet y Edechi (Naturgy) han percibido “una desmejora en la prestación del servicio público de distribución eléctrica”.
Los constantes apagones y fluctuaciones de voltaje interrumpen la vida diaria de algunos clientes que residen en el área de concesión de estas dos empresas. La concesión de Edemet abarca la parte occidental de la ciudad de Panamá, las provincias de Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas; mientras que la concesión de la Edechi se extiende hacia las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro.
Los contratos de concesión para la distribución y comercialización de energía eléctrica con estas dos empresas fueron renovados en octubre de 2013 por 15 años hasta 2028.
El mal servicio obliga a los clientes afectados a buscar otras alternativas, como instalar pequeñas plantas eléctricas, paneles solares en los techos de las residencias o, en los casos extremos, como una familia en Aguadulce, que ante la falta de energía eléctrica enciende el automóvil por varias horas en la noche para utilizar el aire acondicionado para dormir a los niños.
Otras familias incluso han tenido que alquilar habitaciones en hoteles que tienen sus propias plantas de generación eléctrica, en busca de la comodidad que no pueden tener en su hogar por la falta de energía eléctrica.
Consumidores exigen
Ante este mal servicio, el Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios (Ipadecu) propone a la administración gubernamental que comenzará funciones el 1 de julio, buscar los mecanismos para revisar los contratos de las empresas distribuidoras.
“Hay una negligencia e incumplimiento y las causales para rescindir el contrato están en la propia ley”, afirma el presidente de Ipadecu, Giovani Fletcher. Cómo es posible, se pregunta, que en 20 años de estar prestando el servicio no hayan podido hacer las inversiones necesarias para ofrecer buena atención a los consumidores.
Ajuste semestral
Consultado sobre el planteamiento de Ipadecu, el administrador de la ASEP, Roberto Meana, dijo que los contratos firmados con las empresas de distribución pueden ser modificados por mutuo acuerdo entre las partes, sin embargo, “no es el mecanismo conveniente para buscar soluciones a las interrupciones de servicio”.
“Para disminuir la incidencia de los apagones, las empresas de distribución deben mejorar el mantenimiento preventivo y los tiempos de respuesta ante incidentes”, explica Meana. Aquí juega un papel importante la autoridad regulatoria que debe fiscalizar el cumplimiento. “Si las empresas no cumplen con la prestación de un servicio adecuado, y las mismas son recurrentes en estos problemas, se debe proceder a la resolución administrativa del contrato con base al proceso que ha sido establecido para esos efectos”, advirtió Meana.
Para la ASEP, “es inaceptable que algún cliente tenga interrupciones de servicios superiores a los establecidos en la normativa y, peor aún si es por más de 10 horas, por ello, hemos procedido a ordenar las reducciones tarifarias correspondientes cuando las mismas no cumplen con los índices de calidad de servicio establecido en la regulación”.Si estos eventos continúan siendo recurrentes, la ASEP considera que le quedaría al Estado la opción de proceder a la resolución administrativa de los contratos siguiendo el proceso correspondiente.Durante los últimos cinco años, la ASEP ha aplicado sanciones que superan los $7.5 millones por irregularidades en el servicio prestado por Edemet y Edechi. Otro monto por $33 millones se suma a las sanciones, esta vez relacionadas con las reducciones tarifarias que abarca desde 2011 hasta 2014. Sin embargo, esta suma se encuentra pendiente de devolución a los clientes, debido a recursos interpuestos por Edemet y Edechi ante la Corte Suprema de Justicia.La empresa distribuidora Edemet admite el problema y asegura que se puede resolver con inversiones, sobre todo en más subestaciones y circuitos adicionales.Aunque las incidencias persisten, podría haber una mejoría en el mediano plazo, ya que de 2018 a 2022 se asignan inversiones específicas para calidad de servicio. Se requieren cerca de $350 millones para acondicionar los sistemas.Las inversiones que haga la empresa distribuidora tienen que ser aprobadas por la ASEP para incluirlas en la tarifa que pagan los clientes.
