El contrato del proyecto de construcción de la carretera que unirá las comunidades de Santa Isabel y Cuango, en la costa arriba de Colón, fue cancelado por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), debido al incumplimiento de la empresa contratista RPL-CSI Panamá.
La construcción de la carretera fue adjudicada a finales de 2013 durante la administración de Salomón Shamah al frente de la ATP a la compañía de capital venezolano, por un monto de $19.5 millones.
Esta obra debió estar lista en diciembre de 2014 y pese a la demora, la ATP ya ha pagado más de $10 millones a RPL-CSI Panamá.
La carretera, que tiene una extensión de 18.8 kilómetros, generó expectativas entre los empresarios y comunidades por el impacto que tendría para el desarrollo turístico y económico de ese sector del país.
Además de unir por tierra las comunidades de Cuango y Santa Isabel, la carretera permitiría un mejor acceso a Punta Cocoye, área que limita con la comarca Guna Yala y que posee más de 10 kilómetros de playas de arena blanca.
Hace siete años la cadena hotelera colombiana Decameron estaba interesada en construir un hotel de 320 habitaciones en Punta Cocoye, pero el proyecto no se concretó por la falta de una carretera para acceder.
Han pasado mil 300 días desde que la ATP entregó la orden de proceder al contratista, el 26 de diciembre de 2013, y el avance del proyecto se estima en 60%.
Residentes del lugar consultados por este diario manifestaron que los trabajos en el proyecto están detenidos desde hace dos meses y confirmaron que las lluvias han provocado deslizamiento en los taludes construidos por la empresa. Incluso, la falta de cunetas en algunos sectores ya están comenzando a deteriorar la base de piedra que colocó la compañía para construir la carretera.
Ante la demora de la obra, Gustavo Him, administrador de la ATP, firmó el 24 de mayo pasado la Resolución 061 que ordena la cancelación del contrato y solicita la inhabilitación de la compañía por un año para participar en actos públicos y firmar contratos con el Estado.
Him informó que ya sostuvo una primera reunión con Nacional de Seguros Panamá, compañía que respalda la fianza de cumplimiento por $9.7 millones presentada por RPL-CSI al momento de firmar la última adenda de extensión de tiempo a mediados de 2016.
Para solicitar este beneficio, la constructora argumentó que el atraso en el desarrollo del proyecto se debía a la demora en la aprobación del estudio de impacto ambiental para extraer material no metálico del río Cuango, la liberación de servidumbre y condiciones climáticas adversas, a pesar de que en el contrato la compañía aceptó que conocía las condiciones del terreno por el cual pasaría la carretera.
“Nosotros le explicamos a la aseguradora las razones que nos llevaron a cancelar el contrato y ellos entendieron, y creo que vamos a lograr un acuerdo que nos permita terminar este proyecto”, comentó el administrador de la ATP.
Entre las causales de anulación están la falta de personal idóneo por parte del contratista, la negativa de la compañía de seguir las órdenes de la institución, y el abandono del proyecto, luego de que el personal del Ministerio de Obras Públicas (MOP) hizo un recorrido y detectó la poca presencia de cuadrillas de trabajadores y la maquinaria paralizada.
Tras ser notificada sobre la anulación del contrato, la compañía interpuso un recurso de reconsideración ante el Tribunal Administrativo de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), acción que suspende temporalmente la orden emitida por la ATP.
Him explicó que ya se envió toda la documentación al tribunal en la que se sustentan los incumplimientos del contrato por parte del contratista, y espera que en el corto plazo se tome una decisión al respecto.
En su defensa, RPL-CSI manifiesta en los documentos facilitados a la DGCP que la demora en el proyecto es responsabilidad de la ATP, debido a que la ruta final del proyecto no se definió con tiempo.
Igualmente, señala que la supervisión de obra por parte del MOP se inició meses después del comienzo de los trabajos, situación que elevó sus costos ante los cambios sugeridos por los inspectores de la entidad.
KILÓMETROS DE LA DISCORDIA
De los 18.8 kilómetros de extensión de la carretera Cuango-Santa Isabel hay 3 kilómetros que no han sido intervenidos. El contratista ha realizado trabajos hasta el poblado de Palmira, faltando el último tramo que llega hasta la comunidad de Santa Isabel. Este último segmento pasa por terrenos que pertenecen al empresario Pedro Vallarino Cox.
El contratista alega que Vallarino se opuso a que el proyecto atravesara su propiedad, sin embargo, el empresario aclara que nunca rechazó la propuesta, sino que no estaba de acuerdo con la ruta fijada por la compañía, ya que pasaría por la parte de su finca que a su juicio tiene más valor.
Argumenta que RPL-CSI cambió en tres ocasiones la ruta que pasaría por sus terrenos.
“Con las dos primeras opciones yo no tenía problema, pero ahora, la última sería por el frente de playa, que es la que más valor tiene y donde mi familia proyecta hacer inversiones turísticas”, comentó.
Añade que el contratista estableció una primera ruta sin conocer el terreno, incurriendo en gastos adicionales en el movimiento de tierra por las empinadas colinas que hay en la zona.
Como parte de sus argumentos ante el tribunal administrativo, la empresa venezolana señaló que la ATP cambió en dos ocasiones el tramo final del proyecto.
Originalmente, dice la compañía, la carretera llegaría hasta la comunidad de Santa Isabel, pero ante la demora de conseguir los permisos de servidumbre, la ATP decidió recortar el proyecto y dejarlo hasta el poblado de Palmira. No obstante, indica la constructora, la institución al cabo de algunos días les notificó que se mantendría la extensión original de 18.8 kilómetros.
