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CONGRESOS Y CONVENCIONES

ATP reconoce a contratista nueva adenda

ATP reconoce a contratista nueva adenda
ATP reconoce a contratista nueva adenda

A ocho días de que termine el primer trimestre del año no hay una fecha clara sobre el fin de la construcción del centro de convenciones Amador, obra que se licitó en 2012, marcando un periodo de siete años de tropiezos.

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Obra en Amador incumple código de infraestructuraContratista de obras millonarias, en quiebra

El contrato venció el 31 de diciembre de 2018; el avance es del 80%, y en este momento hay más preguntas que respuestas. Se desconoce el tiempo que le tomará al contratista CCA-Cocige arreglar las mil 200 fallas o irregularidades que la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) ha encontrado desde 2016 en el proyecto.

Tampoco el grupo ha detallado si la empresa China State Construction Engineering Corporation Ltd. (CCA) asumirá el 40% del consorcio que está en manos de la panameña Construcciones Civiles Generales, S.A. (Cocige), luego de que la ATP informara que esta última estaba en quiebra.

Mientras se resuelven estas interrogantes, la ATP hizo pública la cuarta adenda que autorizó la Contraloría General y que extiende hasta el 30 de abril la vigencia del contrato.

“Las fallas o irregularidades que encontró la ATP son pequeños detalles para un proyecto de esta magnitud”.


Federico Humbert
Contralor general.

Esta nueva extensión de tiempo no está relacionada con el retraso que provocó la baja cantidad de trabajadores que tenía el contratista en el proyecto, ni a los problemas financieros de Cocige. La prórroga es el tiempo que la ATP le reconoce al grupo por los efectos de la huelga de 30 días que realizó entre abril y mayo de 2018 el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).

El contrato venció el 31 de diciembre y el 7 de febrero el administrador de la ATP, Gustavo Him, envió una carta a CCA-Cocige advirtiendo que anularía el contrato debido a múltiples anomalías cometidas por la empresa, como realizar trabajos sin contar con los planos finales aprobados, y mala calidad encontrada en obras ya ejecutadas, entre otras.

Inspectores de la Contraloría han indicado que ante la carga de trabajos pendientes, el proyecto no estaría listo antes de junio próximo, lo que pone más presión sobre el sector turístico, que ve en el complejo con una capacidad de 25 mil personas la oportunidad para incrementar la ocupación hotelera en la ciudad capital.

El contralor general, Federico Humbert, señaló que el Consejo Nacional de Turismo había recibido una nueva solicitud de extensión de tiempo por parte de CCA-Cocige, además de la que ya se le aprobó producto de la huelga obrera.

Se intentó contactar al administrador de la ATP, Gustavo Him, para conocer los detalles de dicha solicitud, pero al cierre de la edición no se localizó al funcionario.

Embargo

Tras conocerse que Cocige había perdido contratos por más de 80 millones de dólares con el Estado por incumplimiento, y ante la advertencia de anulación emitida por la ATP, los subcontratistas de esta compañía han comenzado a tomar acciones legales para salvaguardar sus intereses.

A la fecha, cinco empresas reclaman pagos atrasados por más de 150 mil dólares, de las cuales, Delta Security fue la primera en acudir a la esfera judicial para exigir el pago por sus servicios.

Marta Sousa, representante legal de Delta, informó que el Primer Circuito Judicial de Panamá autorizó embargar bienes por 20 mil dólares a Cocige.

“Como se mudaron de sus oficinas principales, acudimos a las instalaciones en Amador, donde encontramos equipos con el nombre de Cocige y logramos embargar bienes por 10 mil dólares”, comentó la abogada.

De los 136 millones de dólares que la ATP ha desembolsado para la construcción del centro de convenciones, 71 millones de dólares han terminado en las cuentas de CCA-Cocige, de los cuales 28 millones de dólares han sido para la empresa panameña, que tiene el 40% del consorcio.

Sousa señaló que han tenido contacto con otras empresas que tienen cuentas con Cocige y señaló que están a la espera de que la empresa se acerque al juzgado que ordenó el embargo para que realice sus descargos.


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