La venta del extinto Balboa Bank no selló las dificultades, desavenencias y conflictos que registró esta entidad financiera al ser incluida en una lista por supuesto blanqueo de capitales por la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU).
Los accionistas de este bancos demandaron el pasado 5 de octubre a la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) por lo que consideran una actuación negligente, y piden que sea declarada responsable de los perjuicios en el proceso de reorganización y posterior venta del banco en 2017.
Dicho recurso legal fue admitido por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, lo que le da vida al primer paso o trámite una vez interpuesta la demanda.
La Corte envió el pasado 6 de noviembre a la SBP una nota pidiéndole que entregue lo que se conoce como un informe de conducta. Esto, básicamente, es la explicación que debe dar la entidad del Estado que ha sido demanda para acreditar el porqué de sus actuaciones.
Abel Zamorano es el magistrado ponente del recurso legal interpuesto por Strategic Investors Group, sociedad que era dueña del 100% de Balboa Bank & Trust.
El banco fue intervenido en mayo de 2016, tras ser incluido en una lista de personas y empresas supuestamente vinculadas al lavado de activos, producto del narcotráfico, luego que uno de sus directivos, Nidal Waked, fue señalado por EU como colíder de una organización criminal.
Incluir a la entidad crediticia en la llamada lista Clinton fue una sentencia de muerte; no tenía acceso a bancos corresponsales y se cortó su relación con cualquiera empresa estadounidense.
En ese momento, el regulador bancario anunció que tomaba el control para proteger a los clientes, ya que las acciones de la OFAC contra Waked Economic Group, “estrechamente vinculado con Balboa Bank”, ponían en peligro los intereses de los depositantes por el fuerte impacto al riesgo reputacional del banco.
Los accionistas
La intervención, como ya se sabe, terminó finalmente en la venta de la entidad, un proceso que, según los accionistas, estuvo cargado de vicios de ilegalidad, de allí la demanda de $73.9 millones que enfrenta la SBP.
Ramón Martínez, uno de los accionistas del banco, afirma que Balboa Bank nunca actuó como parte de una supuesta red de lavado de dinero, algo que, a su juicio, debió ser el bastión de lucha del regulador para que la OFAC los sacara de la lista.
“En cuatro ocasiones se le solicitó a la Superintendencia que realizara una auditoría forense en el banco para validar si las empresas de la supuesta organización Waked habían utilizado el banco para el blanqueo de capitales, pero el regulador bancario nunca la realizó”, dijo.
En este contexto, advierte que Balboa Bank no había sido multado por la SBP por fallas en sus sistemas de control para la prevención del blanqueo. Y del proceso de toma de control y reorganización que hizo el regulador, no hubo ninguna denuncia contra directivos o funcionarios del banco por supuestos ilícitos de lavado de dinero.
“¿Si la Superintendencia da como ciertas las acusaciones de EU, ello implicaría que el regulador permitió que una supuesta organización criminal utilizara el banco para lavar dinero y nunca se dio cuenta?”, pregunta Martínez.
La relación
A diferencia de las empresas que pertenecían en un 100% a la familia Waked, el banco tenía otra estructura.
Abdul Waked, uno de los listados por la OFAC, no era accionista ni director de Balboa Bank. Por su parte, Nidal Waked, aunque era director del holding del banco y de otras subsidiarias del grupo, lo era en representación de su padre, el verdadero accionista, quien tenía el 20% de las acciones del banco, pero no apareció en la lista de la OFAC.
Las acusaciones contra Waked se vincularon con hechos ocurridos entre 2000 y 2009, cuando Balboa Bank no existía como banco. El banco abrió sus puertas el 31 de mayo de 2010 . Su intervención, en 2016, fue seguida por la reorganización que derivó en la venta al BCT.
¿Cuál fue el efecto real y concreto de las pérdidas generadas en esta operación?
De acuerdo con los antiguos dueños del banco, hay pérdidas contables directas por cerca de $120 millones: el capital del banco de $50 millones, que perdieron en su totalidad los accionistas, y la quita sobre los depositantes, que estaría entre los $60 millones y $70 millones, debido a un recorte de los depósitos.
Superintendencia defiende su posición
Ricardo Fernández, superintendente de Banco, confirmó que a raíz de la solicitud del informe por parte de la Corte han presentado los descargos, “totalmente justificados”, y en línea con todas las resoluciones que fueron publicadas y ampararon el proceso.
En el caso de Balboa Bank, señala, solo había dos opciones: vender o liquidar el banco, y en este último escenario se hubieran dado de 30 a 40 centavos por cada dólar de los depositantes.
“Lo que se hizo fue un milagro, que fue vender el banco bajo una sanción del Gobierno de EU. Para muchos eran activos tóxicos”, recalcó Fernández.
Lo bueno, aclara, es que el 87% de los depositantes recibió el 100% de sus fondos, mientras que el resto obtuvo cerca del 22%, con la posibilidad de beneficiarse con otros activos. Fernández lideró con este caso una de las pruebas más duras de su gestión. “No había muchas alternativas y creo que se hizo lo mejor”, dijo.
Cuando la OFAC incluyó el banco en su listado, inmediatamente quedaron congelados en el extranjero $60 millones y esto complicó el proceso. “El fondo es que el banco fue sancionado por la OFAC. Eso nos ponía en una situación difícil y no teníamos muchas alternativas”, indicó el funcionario.
“ Yo, personalmente, viajé a Washington y con las conversaciones que tuvimos con las autoridades se logró avanzar con la OFAC”, dijo Fernández a este diario.
Tal como ocurrió con otros procesos de venta vinculados a las empresas de la familia Waked, en los que respecta a las acciones del Balboa Bank, una vez se confirmó el cambio del control a BCT, la OFAC excluyó a todo el grupo bancario de la lista Clinton.
Más allá de las reclamaciones de los accionistas de Balboa Bank frente a las acciones que tomó la SBP, queda una gran incógnita: ¿qué sucedería si la OFAC vuelve a tomar acciones similares contra otra entidad financiera panameña?
