No solo en Panamá, sino también en Estados Unidos (EU) ha generado controversia el Acuerdo para la Cooperación Fiscal y el Intercambio de Información en Materia de Impuestos (TIEA), firmado entre ambos países.
El mismo día que el acuerdo fue aprobado por la Asamblea Nacional, el Colegio Nacional de Abogados (CNA) presentaba ante la Corte Suprema de Justicia una acción legal pidiendo su inconstitucionalidad y, con ello, ha impedido que por el momento se sancione y se convierta en ley de la República.
Esta legislación es contraproducente para la atracción de inversión extranjera, para la estabilidad del sistema financiero de las dos naciones y para los intereses de los panameños, de acuerdo con los alegatos de analistas, abogados panameños, y de congresistas estadounidenses.
No solo el convenio estaría violando la constitución nacional por su carácter retroactivo, ha advertido el CNA, sino que también envía un mensaje poco favorable a los inversionistas. En este último punto, también coinciden algunos congresistas estadounidenses en lo que respecta a los intereses de su país.
Aparte de lo inconstitucional del convenio, cuya entrada en vigencia es retroactiva tres años (a 2008), también habría una afectación a la inversión y su alcance aplicaría no solo a los estadounidenses, sino también a todo panameño con la doble nacionalidad.
El economista y especialista en derecho internacional, Fernando Gómez Arbeláez, considera que el hecho de que en Panamá se esté cambiando de normas y reglas, que además pueden ser retroactivas, no le da confianza ni seguridad a los inversionistas.
En 2010, la inversión extranjera directa en Panamá totalizó 2 mil 362 millones de dólares, lo que representó un incremento de 33% con respecto a 2009, cuando fue de mil 772 millones de dólares. Un 50% de esta inversión proviene de EU.
Gómez Arbeláez advirtió que el TIEA tiene una serie de fallas, entre las que mencionó que el artículo primero es demasiado amplio y que el Gobierno de Estados Unidos puede pedir información a Panamá para cualquier motivo, incluso para una evaluación.
El citado artículo dice: “la asistencia a través del intercambio de información..., relativas a los impuestos, incluyendo información que pueda ser relevante para la determinación, evaluación, aplicación o recaudación de impuestos... o para la investigación o el enjuiciamiento de asuntos penales tributarios”.
Esto aplica tanto para los estadounidenses como para los panameños nacionalizados en ese país, incluidos los que nacieron en la antigua zona del Canal.
En otro punto, el artículo séptimo deja abierta la posibilidad de que la información pueda ser publicada o traspasada a otro país, siempre y cuando las autoridades panameñas lo aprueben.
El presidente del CNA, Rubén Elías Rodríguez, dijo que este gremio “va con todo” para impedir que el acuerdo se convierta en ley de la República, y coincidió con los planteamientos de Gómez Arbeláez en la afectación a las garantías de ciudadanos panameños.
En materia fiscal para Panamá, recordó, la tipificación de las conductas penales son distintas y con efectos y tratamientos distintos; por lo tanto, agregó que el documento se enfrenta a “un contraste de distinta legislación y distintos enfoques”.
Los congresistas estadounidenses también se oponen al intercambio fiscal, según lo manifestaron en una carta enviada al presidente Obama, y en la que le pide retire una reglamentación sobre este tema, propuesta por la Oficina de Rentas Internas.
Esta regulación requiere reportar los intereses de depósitos bancarios pagados a cuentahabientes extranjeros, de manera que la información esté disponible para los países de origen de dichos cuentahabientes no residentes. A los depositantes extranjeros, señalan los congresistas, les preocupa que la información bancaria de sus cuentas personales, enviada por las autoridades de EU, pueda ser difundida por personas no autorizadas del Gobierno en sus países de origen y llegue a manos de organizaciones criminales o terroristas.
Panamá se comprometió con EU a firmar el TIEA para abrir las puertas a la firma del tratado de promoción comercial (TPC), que supuestamente hoy debe ser enviado al Congreso de ese país para su aprobación.