Las apuesta en juegos de azar se encaminan a cerrar su tercer año con balance negativo, pero aún así, el apetito por estas concesiones estatales se mantiene al alza, y ahora apuntan al interior del país.
La empresa española Codere obtuvo una adenda de 20 años para seguir operando los ocho casinos completos que controla desde 2010 cuando adquirió el 63% de las acciones que tenía la empresa estadounidense Thunderbird Resorts, que en 1997 se adjudicó la concesión del Estado para administrar estos locales de apuestas.
La adenda, autorizada el 29 de septiembre pasado, lleva la firma del ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, como presidente de la junta directiva de la Junta de Control de Juegos (JCJ), y de Lucas Alemán Healy y Hernan Collard en representación de la empresa Alta Cordillera, controlada por Codere.
El grupo español administra actualmente 11 casinos completos, y en noviembre pasado alcanzó un acuerdo con los propietarios del hotel Aloft para gestionar el casino completo que opera en este establecimiento.
En la adenda se indica que la empresa pagó un millón de dólares por cada casino incluido en el documento, fondos que fueron depositados en la cuenta de la JCJ. También se señala que será la última extensión de tiempo que se aprueba de forma directa.
Actualmente, hay 15 operadores de casinos completos que manejan 25 locales en todo el país, incluyendo los tres últimos aprobados por la actual administración, que dio luz verde para la apertura de casinos en la ciudad de Penonomé, provincia de Coclé, y en Chitré, provincia de Herrera.
Al cierre del tercer trimestre se habían apostado 145.9 millones de dólares en mesas de apuestas, juegos que son exclusivos de los casinos completos, que en la ciudad capital solo pueden operar en hoteles de 300 habitaciones.
En el interior del país no existe un mínimo de habitaciones para solicitar la concesión de un casino completo.
En total, en los primeros nueve meses del año se apostaron mil 710 millones de dólares, un crecimiento de 27.2 millones de dólares en comparación con igual periodo del año pasado.
Eric Ríos, secretario de la JCJ, explicó que el contrato establece la posibilidad de una renovación y además se tomó“en consideración que el administrador mantuvo un comportamiento aceptable y cumplió a cabalidad con el objeto del contrato”.
La suerte de Codere no se limitó a la prórroga de la concesión de sus casinos completos.
La empresa también administrará hasta 2038 el negocio de apuestas hípicas y seguirá controlando la actividad en el Hipódromo Presidente Remón, que fue operado entre 1998 y 2005 por las empresas Equus Entertainment y el consorcio panameño Wall Street, pero ambos grupos abandonaron la concesión.
No fue hasta 2005 cuando Codere se hizo con la concesión del coliseo hípico. Por la extensión de 20 años, Codere, a través de su filial Hípica de Panamá, pagó 1.5 millones de dólares, mientras que por la licencia para seguir operando hasta 2035 las 500 máquinas tragamonedas tipo A que operan en un local colindante al hipódromo pagó 500 mil dólares.
De acuerdo con los reportes financieros del tercer trimestre presentados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, la operación en Panamá generó a Codere 82.3 millones de dólares, una disminución de 1.5%, mientras que el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (Ebitda) al 30 de septiembre fue de 12.6 millones de dólares.
Además de los 11 casinos completos, el hipódromo y la sala de máquinas tragamonedas tipo A, Codere también controla en Panamá 7 salas de apuestas en eventos deportivos, de las 26 que están autorizadas por la JCJ para operar.
RECAUDACIÓN EN ROJO
Hasta el 31 de octubre la JCJ había recaudado 73.7 millones de dólares, pero esta cifra no refleja la realidad del sector.
En septiembre y octubre la entidad registró ingresos extraordinarios por 10 millones de dólares en concepto de renovación de contratos.
Restando esta cantidad, la recaudación de la JCJ por la supervisión de los juegos de azar hasta el 31 de octubre fue de 63.7 millones de dólares, casi 8 millones de dólares menos al compararse con los datos de 2016.
En el caso de los operadores de casinos completos y las salas de máquinas tragamonedas tipo A, estos pagan el 18% de sus ingresos brutos, mientras que las máquinas tragamonedas tipo C tienen un canon fijo de 150 dólares mensuales por cada equipo. En 2012, la administración de Ricardo Martinelli redujo el impuesto que tenían que pagar las máquinas tipo A del 22% al 18%.
El mayor operador de máquinas tipo A es la empresa Gaming & Services de Panamá, S.A., que controla 26 salas de apuestas en todo el país, muchas de ellas ubicadas en sectores con altos índices de pobreza.
Aunque la concesión de la compañía vencía este año, la pasada administración renovó el contrato en 2013 por 20 años adicionales a cambio de un pago de 13 millones de dólares.
La asociaciones que aglutinan a las empresas que operan juegos de azar indican que la recaudación de la JCJ se ha visto afectada por el impuesto de 5.5% que implementó el gobierno de Juan Carlos Varela en 2015 para financiar el incremento a los jubilados y pensionados.
Indican que se estableció un impuesto al servicio; es decir, que no importa si la persona gana o pierde, igual el establecimiento le tiene que retener el 5% de la cantidad que cambie en la caja.
