Una denuncia que presentó el abogado Donaldo Sousa, en representación de la Asociación de Vecinos de Diablo Heights, contra la supuesta comisión de delitos contra el ambiente y ordenamiento territorial para desarrollar el puerto en Corozal, fue archivada por orden del Ministerio Público.
La denuncia es una de las 28 acciones legales interpuestas contra distintos actos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en torno al proyecto del puerto de contenedores de Corozal.
Las primeras acciones legales datan de 2013, cuando estaba en construcción el tercer juego de esclusas y la ACP impulsaba el desarrollo de otros negocios más allá del tránsito de buques.
La denuncia fue presentada contra el administrador del Canal, Jorge Luis Quijano, y contra Alejandro de Jesús González (apoderado dentro de la sociedad Environmental Resources Management Panamá, S.A.), por supuestas irregularidades en el estudio ambiental para la construcción del puerto de Corozal. La decisión de ordenar el archivo aparece en la resolución del 31 de agosto de 2018 del Ministerio Público, al considerar que los hechos denunciados no son constitutivos de delito.
Terrenos en espera de desarrollo
Según la ACP, aun cuando el denunciante tiene la opción de solicitar la revisión de esta determinación ante el juez de garantías, conforme el nuevo sistema penal acusatorio, “estimamos que la misma no prosperará”.
Entre las 28 acciones legales promovidas, 21 las han impulsado firmas de abogados a favor de Panamá Ports Company, que opera el puerto de Balboa, principal terminal de contenedores ubicada en la salida del Canal en el lado pacífico. En total se han resuelto 19 y quedan 9 pendientes de decisión.
La oferta
El modelo portuario consistía en dar la obra en concesión a una empresa a través de una licitación pública internacional, pero la ACP seguía siendo dueña del terreno, por el que cobraría un canon anual.
La terminal se incluyó para añadir más oferta a las empresas navieras que se quejaban de falta de muelle en días específicos en Balboa para atender a las embarcaciones, según la ACP.
Tras el anuncio del proyecto portuario, Panamá Ports Company se quejó porque no se les dio directamente la concesión, mientras que los vecinos exigían que fuera un puerto amigable con el ambiente.
En su propuesta, la ACP señaló que se trataba de un “puerto verde” que utilizaría grúas eléctricas para disminuir el ruido y no afectar a los vecinos.
En marzo de 2017, cuando la ACP hizo la licitación, no se presentó ninguna de las cuatro empresas precalificadas. En ese momento, la ACP indicó que uno de los factores que pudo influir fue el cúmulo de demandas. El proyecto se lanzaría próximamente con algunos cambios en el pliego, dijo una fuente.
