El consorcio Mec Shipyards de la familia Kardonski, que opera el astillero de Balboa, antiguo Braswell, solicitó a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) que le reduzca el canon fijo de arrendamiento establecido en el contrato firmado en 2013 para operar esas instalaciones. También pide una reconsideración del canon variable de la concesión.
El consorcio Mec Shipyards está integrado por las sociedades Marine Engineers Corporation Inc. y Mec Balboa Shipyard Inc. El grupo otorgó poder especial a la firma de abogados Rosas y Rosas para que presentara la solicitud de modificación de la cláusula quinta del contrato No. A-2012-12 del 14 de enero de 2013, celebrado con la AMP, para que se le reduzca el canon fijo mensual y el canon variable.
En aquel momento de la licitación, el grupo ofreció el pago de $250 mil mensuales el primer año, para un total de $3 millones en los 12 meses y un incremento de 5% cada año hasta completar el pago de $99.1 millones en los 20 años del contrato.
Esta propuesta fue casi cinco veces superior al precio de referencia establecido en el pliego de condiciones por la AMP: $19.8 millones. Se recibieron otras tres propuestas de los consorcios Panamá Dry Docks, $67.7 millones; Astillero del Pacífico, $38.5 millones, y Talleres Dry Docks, $36.1 millones.
Sin embargo, cuatro años más tarde, el grupo empresarial que se ganó la licitación le solicita a la AMP que le rebaje el canon fijo a $170 mil, con base en la cláusula sexta del contrato, sobre equilibrio económico financiero.
“Durante el periodo de ejecución del contrato, la empresa ha venido sufriendo pérdidas significativas debido a la carga financiera que pesa sobre ella, especialmente por el canon fijo de arrendamiento, sumado a las obligaciones financieras que debe cumplir”, indica la solicitud enviada a la directiva de la AMP.
En respuesta a preguntas de este diario, el consorcio dijo que la causa principal de esta alteración es la grave crisis económica que afronta el sector marítimo global y que ha conducido a la quiebra a múltiples astilleros alrededor del mundo.
Consultado sobre el tiempo que tomaría esta reducción, respondieron que el contrato de concesión establece que la modificación solicitada, en caso de ser otorgada, “continuará vigente mientras que perduren las condiciones por las cuales tuvo que ser otorgado el restablecimiento del equilibrio económico financiero del contrato”.
Explicaron que corresponderá a la AMP revisar periódicamente la situación económica de la concesión, para determinar si se han restablecido las condiciones originales, y de ser así, suspender la medida adoptada provisionalmente.
La solicitud está en la junta directiva de la AMP y si es aprobada, requiere el refrendo de la Contraloría General de la República.
Representantes de los otros grupos que participaron en la licitación afirmaron que esta cláusula citada por el consorcio no estaba en el modelo de contrato original que se incluyó en el pliego de la licitación y no consideran correcto que se modifique el acuerdo para rebajar el pago del canon.
También alegan que el negocio de la industria marítima tiene sus altas y bajas, y aunque durante los últimos meses ha habido una ralentización económica, esto puede variar en unos meses.
AMPLIACIÓN NO AYUDÓ
El astillero tiene tres diques secos de distintos tamaños para reparar barcos. El más grande permite acomodar buques panamax. Los neopanamax que transitan por el Canal ampliado tienen dimensiones superiores y no pueden ser atendidos. Con el tercer juego de esclusas la tendencia es sacar del mercado los panamax para poner en operaciones los neopanamax, que pueden transportar mayor volumen de carga.
El consorcio alega que hasta la fecha ha invertido en el mejoramiento de la infraestructura del astillero más de $9 millones y que es superior a lo requerido en el contrato a la fecha.
En el desglose económico sobre las operaciones del astillero desde 2013, informaron que suman $115.6 millones aproximadamente: $50.3 millones pagados en salarios, $21 millones en canon de arrendamiento a la AMP, $17.6 millones a la Caja de Seguro Social, $16.1 millones en compras a negocios locales y $10.5 millones en contratación de servicios.
