El aumento de las solicitudes de vigilancia electrónica por parte del Gobierno en México despierta preocupaciones sobre la falta de supervisión a las autoridades, en un país plagado de corrupción y de colusión entre funcionarios y grupos criminales.
El año pasado, los operadores de telefonía móvil registraron más de 55 mil solicitudes de las autoridades para obtener información sobre llamadas de ciudadanos, sus mensajes y datos de localización, casi un 25% más que en 2013, según cifras de la industria obtenidas por Reuters.
El Gobierno mexicano ha estado envuelto durante una década en una guerra contra los carteles de la droga y ha utilizado vigilancia para luchar contra sus operaciones de tráfico, extorsión y secuestro. Sin embargo, la corrupción es un problema cotidiano en el país.
A las empresas de telefonía y a los activistas de privacidad les preocupa que el sistema esté plagado de huecos, y una flamante pero ambigua ley de telecomunicaciones enfrenta el riesgo de dar a la gente equivocada el derecho a pedir información personal.
El año pasado, agencias federales y estatales gastaron más que cualquier otro país en el software de espionaje de la empresa italiana Hacking Team, según documentos filtrados recientemente.
El principal producto de Hacking Team permite a gobiernos descifrar mensajes encriptados para espiar a sus objetivos.
