El sector público no financiero sigue deteriorando su balance fiscal por un aumento de los gastos y una caída de los ingresos.
El resultado del tercer trimestre del año arroja un déficit de $2,488 millones, cifra que equivale a un 3.8% del producto interno bruto (PIB) proyectado para el cierre del año.
Hace un año, la diferencia entre los ingresos y los gastos era de $939 millones, un monto equivalente a 1.5% del PIB. Por tanto, el desbalance creció en $1,549 millones en un solo año.
El resultado se explica por una caída de los ingresos y un crecimiento de los gastos.
El sector público no financiero recibió entre enero y septiembre $8,308 millones, un 2% menos que durante el mismo periodo del año anterior.
La disminución obedece a una recaudación menor en el impuesto sobre transferencia de bienes muebles y servicios de ventas e importación, del impuesto sobre la renta a la planilla o el impuesto selectivo al consumo, entre otros, reflejo de una menor actividad económica en el país.
Gustavo Valderrama, viceministro de Economía, que presentó ayer los resultados acompañado del viceministro de Finanzas, Jorge Dawson, y de varios directores de la entidad, señaló que el tercer trimestre suele tener menos dinamismo económico y recordó que el efecto de la huelga de la construcción de los meses de abril y mayo se arrastra durante todo el año.
Aunque los ingresos cayeron, los gastos siguieron subiendo hasta un total de $10,797 millones, un 14.7% o $1,382 millones más que el año anterior.
Los gastos corrientes totalizaron $7,536 millones, un 7.8% más, impulsados por el gasto en personal, mientras que la inversión ascendió a $3,261 millones, un 34.6% más.
Las entidades que más inversión ejecutan son el Ministerio de Obras Públicas ($555 millones) , el Ministerio de la Presidencia ($384 millones), Metro de Panamá ($350 millones) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial ($301 millones). “La ejecución ha llegado a una etapa de madurez y los proyectos avanzan más rápido”, apuntó Valderrama.
Cierre del año
El aumento del déficit pone presión al Ejecutivo para cerrar el ejercicio dentro de los lineamientos de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
La norma fue modificada en octubre para permitir un mayor nivel de déficit, este ejercicio, en concreto 0.5% o unos $300 millones para llegar al 2% del PIB. Aunque el gobierno dijo que ese espacio se utilizaría para aumentar la inversión, la agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings señaló que podría ser empleado para acomodar el desvío de las cuentas en lo que va de año.
Valderrama dijo ayer que en el último trimestre del año se recibe la mayor proporción de ingresos, entre el 30% y el 35% del total, incluyendo los aportes del Canal de Panamá y de empresas estatales.
“Lo que nos toca es monitorear el comportamiento de los ingresos y de los gastos para cumplir a cabalidad con el 2% de déficit que señala la Ley de Responsabilidad Social Fiscal”, apuntó el viceministro.
