El 15 y 16 de abril de 2019 se llevó acabo en Chile un seminario sobre blanqueo de capitales en el sector inmobiliario. Organizado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile, Chile Transparente y Transparencia Internacional, participaron representantes de Perú, Colombia, Brasil y Panamá. Por Panamá asistieron la UAF, la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) y Transparencia Internacional (Panamá).
El blanqueo de capitales en el sector inmobiliario se da por la construcción y adquisición de bienes raíces con fondos provenientes de actividades ilícitas (corrupción, enriquecimiento ilícito, narcotráfico, etc.) y mediante el uso de herramientas jurídicas que no permiten identificar debidamente quiénes son los propietarios finales. Esto genera una distorsión en las leyes de oferta y demanda y afecta severamente, luego de pasado el espejismo inicial, la economía. Informa la Capac que, en 2019, en Panamá “existe sobreoferta de alrededor de 500 mil a 600 mil metros cuadrados en viviendas y locales comerciales, y a través de los conductos habituales de comercialización se necesitarían unos siete años para salir de ellos”. (La Prensa 1/5/2019)
Conforme a la Evaluación Nacional de Riesgos de Panamá (ENR),“el sector inmobiliario y de construcción es fundamental en la economía de Panamá y posee una gran cantidad de recursos”(...). “Por prácticas comerciales, dentro de este sector se manejan altos niveles de efectivo para el pago de planilla laboral, así como de proveedores, lo que hace al sector bastante vulnerable para el blanqueo de capitales”. La ENR señ̃ala que “los sectores identificados como de mayor riesgo son las zonas libres de comercio, el sector inmobiliario y el sistema bancario”.
El sector inmobiliario y construcción, en cuanto a cantidad de sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo, es, con 3235 sujetos obligados, el tercero más grande, después de agentes residentes (abogados), y zonas francas y Zona Libre de Colón.
Panamá presenta importantes contrastes que requieren análisis y explicación. No obstante, la importancia del sector, el alto riesgo identificado y la gran cantidad de sujetos obligados, las solicitudes realizadas por la UAF de 2012 a 2016 a inmobiliarias han sido dos en 2015. Las inspecciones a empresas del sector han sido cinco, dos en 2016 y tres hasta mayo de 2017.
En cuanto a Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), de 2012 a 2016, se han presentado ocho en total, tres en 2015 y cinco en 2016. (Informe de evaluación mutua de la República de Panamá, 2018).
En el reporte de Wikileaks de 21 febrero de 2007: Money Laundering & Panama real estate industry, autoridades norteamericanas formulaban serias consideraciones sobre el sector. Doce años después, el New York Times (2.5.19) reporta que, “desde hace años el vicepresidente y ministro de Industrias de Venezuela ha sido objeto de investigaciones… que lo vinculan al mundo criminal”. Documentos publicados informan que “con ayuda de un testaferro compró parte de una constructora, una participación accionaria en un centro comercial panameño”. Está claro que se requiere prestar la debida atención a un riesgo, antes ignorado, y ahora limitada y formalmente identificado.
El autor es abogado
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