Las alertas están dadas y deben funcionar como poderosos llamados de atención para una acción rápida, eficaz y de largo plazo que involucre a gobiernos y a la cadena agroindustrial del café.
El derrumbe de los precios del segundo producto agrícola a nivel mundial medido por su volumen de comercio, de unos 15,000 millones de dólares anuales, provoca una crisis con gran impacto social, económico y productivo, principalmente entre los pequeños productores de América Latina y el Caribe. Durante 2018, el precio promedio de una libra de café arábica, el de mayor calidad, fue de $1.01 dólar. Ese valor estaba por debajo de los $0.95 en abril último, el precio promedio mensual más bajo en casi 13 años.
México, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras, Belice, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, República Dominicana, Jamaica y Brasil son países con serios impactos. Los productores de café no logran cubrir los costos de producción, hacer frente a las deudas, sostener niveles de empleo ni atender el cultivo.
Muchos están al borde de la pobreza y la inseguridad alimentaria. Los cada vez más frecuentes eventos climáticos extremos son un caldo de cultivo que atiza el abandono de territorios rurales. Cerca de 14 millones de personas dependen o están relacionadas con la actividad cafetalera en América Latina y el Caribe.
Urge desarrollar políticas que promuevan el diálogo entre actores de la cadena, mejoren el acceso a información y a insumos a precios competitivos, y fomenten la renovación de las plantaciones con variedades más productivas y resistentes. También es imperativo agregar valor con base en calidad y diferenciación, certificando cafés especiales y apostar a indicaciones geográficas, sistemas de producción sostenibles o carbono-neutrales, café orgánico o de comercio justo.
Pero, fundamentalmente, son necesarias acciones a nivel macroeconómico, políticas que mejoren la inversión pública e impacten la competitividad.
El autor es director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.