La expresión urbana dice que cuando transcurre la primera mitad del año hay que planificar la Navidad. En términos de administrar el patrimonio estatal de forma eficaz, esto se traduce en verdaderas urgencias.
Hablar de lo que se debe hacer en un año podría caer en la categoría de tardanza si no hay una ruta a seguir.
Con esta referencia, el Canal de Panamá se encuentra en un momento histórico, crucial y complejo. Justo en el instante decisivo de asumir sus retos sin retrasos. Y es que en 2019 se sucederán hechos que en los 18 años de administración panameña serán inéditos.
Por ejemplo, el actual administrador del Canal, Jorge Luis Quijano, concluye su periodo de siete años en septiembre de 2019 y a varios vicepresidentes se les cumple su tiempo de trabajo en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Han llegado a la edad de jubilación y a otros se les vence el contrato, lo que implica salir de la entidad con el incentivo de una bonificación, como sucede con los empleados canaleros.
Se conoció que en esta situación se encuentran: Manuel Benítez, subadministrador de la vía. También Francisco Míguez, vicepresidente ejecutivo de Administración y Finanzas; Esteban Sáenz, vicepresidente de Operaciones; Óscar Bazán, vicepresidente ejecutivo de Planificación y Desarrollo Comercial, y Jacinto Wong, vicepresidente de Tecnología e Información. Cambios en 4 de 10 vicepresidencias.
Se desconoce si Benítez ha decidido acogerse a la jubilación, mientras hay algunos vicepresidentes que desde hace dos años debían retirarse, pero extendieron su periodo en el Canal a petición de Quijano, para no dejar a la entidad en medio del proceso de expansión.
Aunque la ACP ha venido trabajando en la sucesión de mando en estos puestos de vicepresidentes, la salida de todas estas personas al mismo tiempo, recién llegado un nuevo administrador, podría ser traumática.
Le corresponde a la junta directiva decidir cómo maneja la situación, ya que se trata de una posible retención de personal que implicaría una movida económica que escapa de las injerencias de Quijano. Una posibilidad es programar retiros escalonados, pero desembolsando la bonificación que les corresponde.
‘Tic tac’
La urgencia de escoger al nuevo administrador radica en que para los tiempos del Canal, esta persona debería estar seleccionada, al menos, un año antes de la salida de Quijano. Es decir, en dos meses.
Una transición natural y sin traumas implica no solo conocer las interioridades del puesto, sino viajes y reuniones con clientes, usuarios y gobiernos.
El administrador del Canal es una especie de embajador que debe tener una buena relación con el mundo naviero y conocer las incidencias de la economía mundial que afectan el uso de la ruta acuática.
A diferencia de cuando asumieron el puesto Alberto Alemán Zubieta y luego Jorge Luis Quijano, el nuevo administrador tendrá que lidiar con un nuevo desafío.
El que sea nombrado en el cargo debe asumir el reto de desarrollar los nuevos negocios del Canal, además de las funciones propias que le corresponden y que han ejercido sus antecesores. Son cuatro ejes de forma inicial para estos nuevos negocios: el puerto de contenedores en Corozal oeste; un puerto para buques portavehículos; un parque logístico en mil 200 hectáreas; y una terminal de gas natural licuado en Farfán u otro punto.
De acuerdo con los planes de la administración actual, antes de que finalice este año se debe convocar a licitación de concesión de, por lo menos, la construcción del puerto “roro” para portavehículos y el parque logístico.
Una de las urgencias en tomar la decisión para estos dos proyectos obedece a que, según los estudios de mercado de la administración, este es el momento para licitarlos.
La decisión la debe tomar la junta directiva del Canal en conjunto con la administración.
El Canal no puede vivir únicamente de los peajes y subir tarifas de forma indiscriminada, porque eso no es viable, señalan especialistas, De allí la importancia de voltear la mirada hacia líneas de negocio complementarias, y sacarle provecho al Canal ampliado y la ruta por Panamá.
La vía interoceánica es el activo más importante del país, porque además del impacto en la economía, cada año le aporta al Estado los excedentes sobre las utilidades. En el año fiscal 2017 el Canal le aportó mil 650 millones de dólares al Tesoro. Además, el Canal hace licitaciones anuales por casi mil millones de dólares y paga salarios a los trabajadores por más de 600 millones de dólares. Panamá es un centro logístico gracias al Canal, sus puertos, la Zona Libre de Colón, las empresas multinacionales, el comercio y los bancos. La división de transporte expresada en el producto interno bruto tiene un peso aproximado de 23% gracias al Canal.
Aunque podría ser reelegido en el cargo por siete años más, Quijano ha dicho categóricamente que no quiere otro período al frente del Canal. Han sido 44 años de trabajo en la vía acuática y, a su juicio, hay que darle paso a nuevas generaciones. Para él, sus años de servicio ya son suficientes.
Por el momento se desconoce quiénes son los candidatos de la junta directiva del Canal, ente que debe escoger al sucesor de Quijano. Igual puede ser una persona que salga de las entrañas del Canal, como un ejecutivo que venga de “afuera”.
Dilema de la directiva
Aunado a las tensiones propias del Canal, el escenario político del país podría interferir en la composición de la junta directiva del Canal, la cual debe estar enfocada en temas vitales después de dos años de ponerse en marcha la ampliación.
Y es que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, debe designar a tres directores de la ACP, a quienes se les vence el plazo en marzo de 2019, tres meses antes de que él culmine su periodo presidencial.
Se trata de los relevos de José A. Sosa, Marco Ameglio y Nicolás Corcione, a quienes se les culmina su nombramiento de nueve años, tras su designación en 2010, bajo la administración del hoy expresidente Ricardo Martinelli.
Ameglio ya anunció su separación del cargo como directivo de la ACP para buscar la candidatura presidencial por la vía independiente.
De acuerdo con la ley orgánica de la ACP, nueve miembros de la junta directiva son nombrados por el presidente de la República, con el acuerdo del Consejo de Gabinete, y la ratificación de la Asamblea Nacional por mayoría absoluta de sus miembros.
En este momento, Nicolás Corcione y Henri Mizrachi son investigados por la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada por la posible comisión del delito de blanqueo de capitales en el denominado caso New Business.
Estas son las aguas en las que se mueve el Canal, que además, a partir de 2019, la administración de la vía acuática deberá sentarse a negociar nuevas convenciones colectivas con sus trabajadores.
