A las 6:00 p.m. de un día regular, la vía principal de Condado del Rey luce como un estacionamiento. Nadie se mueve. Los dos paños construidos desde 1980 se mantienen intactos, a pesar de que la población ha crecido exponencialmente desde hace más de dos décadas.
“El tráfico es nuestro pan de cada día. En esta área de la ciudad somos los primeros que salimos y los últimos en llegar a casa”, asegura Carolina Gómez, residente del área.
El congestionamiento vial es inherente a esta zona que concentra a los corregimientos de Ancón y Betania, del distrito de Panamá, y los corregimientos Belisario Porras, Omar Torrijos y Amelia Denis de Icaza, de San Miguelito.
Los motivos son múltiples, y van mucho más allá de casualidades o imprevistos. Esta parte de la ciudad creció de forma desordenada y sin lineamientos lógicos, y el tranque es apenas un síntoma de la enfermedad.
Con más de 50 mil residentes, esta zona compartida entre los distritos de Panamá y San Miguelito presenta problemas de inundaciones, colapso del sistema vial, derrumbes, precarismo y deficiencia en el servicio de agua potable y alcantarillado.
Ante este caos urbanístico, los residentes piden un alto a los permisos de construcción.
La Alcaldía de Panamá acató el llamado y sugiere la planificación de un estudio técnico para implementar mejoras urbanas. Por su parte, la Alcaldía de San Miguelito estudia el caso para tomar una decisión.
PROYECTOS EN MARCHA
El pasado mes de abril, el Consejo Municipal de Panamá ordenó a la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá que suspenda condicionalmente las futuras construcciones y anteproyectos de construcción en el área de Condado del Rey y Centenial, hasta que se inicie la ampliación de la calle de acceso, se hagan estudios de los drenajes pluviales y del problema de las inundaciones.
Lo que supone que quienes tienen permisos para construir antes de la expedición de la resolución pueden seguir construyendo, pero no se podrá tramitar nuevos permisos, por lo menos del lado del distrito de Panamá.
Se calcula que en Condado del Rey y Centenial se han construido más de 20 edificios en los últimos 10 años, con precios en venta desde los $180 mil por apartamento.
No obstante, este boom inmobiliario no se detiene. La zona está en un continuo proceso de construcción y en el lugar que uno menos se espera aparece un edificio o una plaza comercial.
En el corregimiento de San Miguelito, por ejemplo, se están construyendo actualmente 48 edificios, mientras que en el lado que corresponde al distrito de Panamá se levantan 9 edificios más.
Eric de Gracia, dirigente de la Asociación de Residentes de Condado del Rey, asegura que además de los permisos de construcción, los cambios de zonificación son otro empujón al crecimiento desordenado.
“Las promotoras buscan aprobaciones a las tierras que compran y luego tratan de sacarle el máximo provecho, es decir, en un terreno de 3 hectáreas zonificado como R-E (residencia especial) o P (universidad, iglesia y parque), tratan de transformarlo en RM-2 o RM-3 (residencial de alta densidad) para hacer entre 5 y 7 torres”, dijo.
La Alcaldía de Panamá no fiscaliza en el terreno los proyectos inmobiliarios porque alega que cumplir los planos es responsabilidad exclusiva de quien construye.
El vocero de los residentes de Condado del Rey asegura que padecer de un mal urbanismo es un asunto terrible que afecta no solo a los viejos residentes, sino también a los nuevos vecinos que tienen una expectativa urbanística distinta.
“Los residente de Condadado del Rey no nos oponemos a las nuevas construcciones, pero sí nos oponemos a que vengan los promotores, levanten sus edificios y dejen afectadas a más de 50 mil familias, debido a que no expanden las vías para que los nuevos residentes tengan mejores accesos y se pegan a los mismos sistemas de drenaje fluviales y de aguas negras, sin importar a quiénes perjudican” .
Para representantes del sector privado, la suspensión de futuras construcciones y anteproyectos de construcción en Condado del Rey extiende una crisis que le corresponde resolver a las autoridades.
“No son las promotoras ni constructores las que tenemos que ver con la infraestructura urbana, nosotros coadyuvamos a resolver problemas porque nos hemos visto abocados a tener que ayudar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) en el proceso de instalaciones eléctricas y aguas, porque cuando las instituciones no son eficientes, entonces las ciudades no se desarrollan de manera eficiente”, asegura Elisa Suárez de Gómez, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Promotores de Viviendas (Convivienda)
La vocera de Convivienda sostiene que el gremio está de acuerdo con que las construcciones deben ser sostenibles y eficientes, pero no se pueden aplicar leyes y normas que no son consensuadas entre todas las partes involucradas.
“Este tipo de resoluciones agrede la seguridad jurídica de los que ya han invertido en el sector, e incluso, tenemos entendido que vienen otras suspensiones para otras áreas de la ciudad. Si seguimos así, vamos a paralizar todos los proyectos residenciales en Panamá para salvaguardar la ineficiencia de las instituciones del Estado”, dijo.
Mientras tanto, la Alcaldía de Panamá estudia llevar a cabo un estudio técnico de las corrientes hídricas, cuyo valor es de $1 millón, para determinar cómo está estructurada la zona y a partir de ahí, tomar decisiones de desarrollo urbanístico.
“En Condado del Rey no hay un registro de por dónde van las redes en el caso de los drenajes, no hay información integral, no hay claridad de quién se pegó a qué tubería o drenaje”, asegura Manuel Trute, director de Planificación Urbana del Municipio de Panamá.
Explica que a través de este estudio técnico se aclararán varias interrogantes sobre qué hay allá abajo, en qué condiciones está y luego hacer un inventario para determinar qué hay que arreglar, construir o añadir para luego permitir nuevas edificaciones.
Otro punto interesante de este estudio es el proceso de compartir las cargas y beneficios de la ciudad, asegura el vocero de Planificación Urbanística del Municipio de Panamá.
Se trata de un sistema que permitirá a los promotores construir tal y cual proyecto mediante códigos, asignándoles cargas que tiene que cumplir en materia de adecuación o instalación de infraestructura urbanística, si no las cumplen, la ciudad no le otorgará el permiso.
Eduardo Di Bello, representante de una promotora de proyectos, asegura que suspender las construcciones no es una solución viable. “Cuando se detiene esto, estas promoviendo el desarrollo informal, así nació San Miguelito y otros asentamientos informales en el país”, advierte.
Al tomar estas medidas la gente cree que se está atacando al promotor o constructor, pero realmente los afectados son las personas que buscan adquirir una vivienda.
Por su parte, los vecinos de Condado del Rey esperan una solución conjunta de los sectores público y privado que les otorgue el derecho a vivir mejor.
