Carretera de tropiezos

Carretera de tropiezos


La empresa de capital venezolano RPL-CSI Panamá, retiró el recurso de reconsideración que había interpuesto contra la decisión de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) de anular el contrato adjudicado para construir la carretera entre Cuango y Santa Isabel, en la costa arriba de la provincia de Colón.

Con esta decisión se abre la posibilidad de terminar el proyecto, licitado en 2013, y que fue promocionado como la punta de lanza para incentivar las inversiones turísticas en la zona, que cuenta con playas de arena blanca.

La decisión de cancelar el contrato de 19.5 millones de dólares se basó en el argumento de que la compañía no había cumplido con todos los lineamientos acordados en el pliego de condiciones.

RPL-CSI Panamá fue beneficiada con cuatro adendas de tiempo y recibió más de 10 millones de dólares por el avance de 67% que presenta el proyecto.

De los 18 kilómetros por los cuales se extiende el proyecto, se ha intervenido en 14, faltando los 4 kilómetros que hay entre las comunidades de Palmira y Santa Isabel.

Gustavo Him, administrador de la ATP, comentó que una vez el Tribunal de Contrataciones Públicas emita una resolución a favor de la cancelación del contrato, se sentarán a negociar con la aseguradora Nacional de Seguros Panamá, que respaldó la fianza de la obra por 9.7 millones de dólares.

“Nosotros vamos a cumplir con lo que dice el contrato y la carretera se hará hasta la comunidad de Santa Isabel”, afirmó el administrador de la ATP.

Him dijo que tal como hicieron con el contrato del centro del convenciones, donde se cedió a otro contratista, en el tema de la carretera no darán adendas de dinero.

La decisión de RPL-CSI Panamá se da luego de que el Tribunal de Contrataciones Públicas ordenará un peritaje para comprobar el avance del proyecto y la calidad de las obras entregadas por la empresa.

En su defensa la compañía había manifestado que el atraso de la construcción fue el resultado de una suma de factores ajenos a su voluntad, como demoras para liberar la servidumbre pública, retrasos en los permisos ambientales y los cambios que hizo la ATP en el último tramo del proyecto.

Residentes del área indicaron que el contratista cambió en al menos tres ocasiones la ruta del tramo final de la obra, debido a que no quería pasar por las montañas que hay en la zona, para buscar áreas más planas cercanas a la playa, decisión que afectaría el desarrollo de proyectos turísticos que hay contemplados para esa región.

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