La Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias de Andorra (AREB) deberá entregar a los clientes cuyos fondos en Banca Privada d’Andorra (BPA) han sido bloqueados, los informes de la consultora PriceWaterhouse Coopers (PwC) sobre la revisión de sus cuentas.
En febrero, el juzgado de ese país admitió a trámite la demanda contra el organismo de regulación presentada en noviembre de 2016 por algunos clientes en la que denunciaban irregularidades y falta de transparencia en el traspaso de los fondos al banco VallBanc, entidad que absorbió el capital de BPA tras su intervención.
Según informó la Radiotelevisión Pública de Andorra (RTVA), la sentencia considera que el AREB no comunicó a los clientes el resultado del análisis de sus cuentas y tampoco si estaban en condiciones de ser transferidas a VallBanc, dejándolos en situación de indefensión.
La resolución dispone que el ente de supervisión financiera notifique a los clientes de BPA si sus cuentas bancarias pasaron o no los controles de blanqueo de capitales, adjuntando los informes emitidos por PwC que sostienen dicha decisión. El AREB puede recurrir la sentencia.
Precisamente, la familia Cierco, accionistas mayoritarios de BPA hasta su nacionalización, presentó en marzo un recurso ante los organismos del Consejo de Europa encargados de la lucha contra la corrupción por considerar que el proceso de análisis de cuentas bancarias llevado a cabo por la empresa PwC fue “arbitrario” y “discriminatorio”.
Este requerimiento se sumó a los presentados en el mes de enero ante la Comisión Europea y el Banco Central Europeo para que se revise si el proceso de intervención y resolución de la entidad vulneró la normativa europea.
Según afirman los Cierco, el proceso de traspaso de clientes y cuentas habría derivado en una situación injusta en la que hay “cientos de clientes afectados y que no pueden disponer de sus activos”.
Fuentes cercanas a su entorno legal explicaron a La Prensa que en la base jurídica de la demanda se aduce que la liquidación de dicha entidad llevada a cabo por el principado de Andorra “no se ajustó a la normativa comunitaria transpuesta a derecho interno”.
Es pronto para saber de qué manera podrían afectar estos requerimientos a la transferencia de los 190 millones de dólares actualmente congelados pertenecientes a las operaciones que el grupo tenía en Panamá.
El dinero está físicamente en una cuenta dentro del BPA de Andorra, que a su vez tiene como corresponsal al banco suizo Credit Suisse. Según informó recientemente la AREB, en este momento en BPA quedan en torno a 1,300 clientes en cuyas cuentas hay activos aproximados de 1,000 millones de euros.
Mientras tanto, en Andorra comenzó el primero de los juicios ligados a las prácticas corruptas en BPA, que dirime la responsabilidad penal de 25 personas, en su mayoría directivos o empleados de la entidad, en las operaciones llamadas de compensación, cuyo objetivo era lavar dinero eludido al fisco.
Los pagos en negro se realizaban a través de la sociedad panameña Landstreet International, que según el registro fue creada el 3 de marzo de 2007 por la firma legal Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal).
