Colegios justifican alza por aumento de salarios

La mayoría de los 750 centros de educación particular que hay en el país ha informado a los padres de familia sobre un incremento en el pago de la mensualidad para el próximo período escolar, que varía entre $100 y $1,000 al año, dependiendo de la escuela o colegio.

Los planteles también comunicaron sobre un aumento en el costo de la matrícula que va entre 5 y 100 dólares, en promedio, según el centro educativo.

Durante los últimos años, los representantes y directores de estos colegios particulares han justificado los incrementos por el alza en el costo de la tarifa eléctrica, ajustes salariales, inversiones en las infraestructuras y por la adquisición de equipos tecnológicos y otros insumos.

Sin embargo, en esta ocasión, la mayoría de los centros manifiestan que el aumento de colegiatura y matrícula notificado obedece a la necesidad de cubrir el alza de salario a los maestros y profesores, para poder equiparar el ajuste de $300 que hará el Gobierno a los docentes del sector público en la primera quincena de julio de 2017.

Los centros educativos particulares están obligados por ley a informar a los padres de familia o acudientes con seis meses de anticipación sobre cualquier cambio en los costos de matrícula, uniformes, útiles escolares y anualidad que vayan a realizar para el nuevo periodo escolar, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 601 de 9 de julio de 2015.

Se calcula que los colegios de educación particular atienden aproximadamente 150 mil estudiantes, pero en los últimos tres años ha habido una migración de 20 mil alumnos de los centros particulares hacia el sector público y se prevé que en 2018 aumente este traslado.

Una encuesta, no científica, a través de prensa.com y donde participaron mil 458 personas, arrojó que el 65% (950 acudientes) ya habían sido notificados de estos incrementos para el próximo año lectivo. Un 28% (408 internautas) dijo que aún no le han anunciado sobre alzas, mientras que un 7% (100) manifestó que no sabía nada al respecto.

CENTROS EDUCATIVOS

La Unión Nacional de Centros Educativos Particulares (Uncep) instó al Gobierno a que asuma las consecuencias del incremento salarial que fue pactado el año pasado con los docentes del sector oficial —para suspender una huelga— y que obliga también al sector privado a ejecutarlo.

El Decreto Ejecutivo No. 879 del 27 de septiembre de 2016 establece que a partir de la primera quincena de julio de 2017 los docentes con categoría de permanente deberán recibir un ajuste salarial de $300.

Este sería el segundo pago que recibirían los docentes del sector público como parte de una promesa que les hizo el expresidente Ricardo Martinelli de aumentarles el salario en $900, divididos en tres pagos, que se iniciaron en 2014 y que culminarán con el tercer ajuste en 2020.

La administración del presidente Juan Carlos Varela optó por honrar esta decisión. La dirigencia de los profesores de colegios particulares reconoció que los ajustes en las colegiaturas para 2018 responden precisamente a estos incrementos salariales, que han sido los mayores en “la historia republicana”.

En un pronunciamiento, la Uncep adujo que muchos colegios se verán indefensos al no poder responder a las obligaciones laborales vigentes.

“Se pone en riesgo la fuente de trabajo de casi 12 mil docentes que laboran en el sector particular, en caso de que haya escuelas forzadas a cerrar producto de la inacción y falta de respuesta del Gobierno”, aseguró Katya Echeverría, vicepresidenta de la Uncep en una consulta que le hizo este diario.

RESPALDO

La ministra de Educación, Marcela Paredes, reconoció que el Código de Trabajo y la ley orgánica de educación establecen taxativamente que todo ajuste en el salario base del sector oficial tiene que ser brindado en el particular. Es decir, que a los profesores de tiempo completo en el sector particular se les tiene que equiparar el salario.

El Decreto Ejecutivo No. 879 de 2016, aunque no aborda implícitamente el aumento en el sector particular, ordena el incremento de $300 al “sueldo base de los educadores”, término que según la Uncep lo vincula al artículo 236, numeral 3 del Código de Trabajo, donde expresa que “el salario de un profesor de cátedra completa y de un maestro de horario regular, no será en ningún caso inferior al salario básico inicial que, según su categoría, le correspondería si trabajase en un establecimiento de docencia oficial”.

Según la ministra de Educación, los representantes del sector privado le han planteado la necesidad de un periodo adicional de tiempo para hacerle frente a este incremento.

También dijo que se están buscando otros mecanismos que permitan brindarle mayor capacidad económica a estas escuelas, como revisar la normativa sobre distintos tipos de exoneraciones.

Asimismo, resaltó que se ha hecho un ajuste a la “beca universal”, sobre todo a los estudiantes de escuelas privadas de bajo costo, lo que ayudaría en parte a los padres de familia a cubrir los gastos. Ante este panorama, el gremio le ha hecho llegar varias propuestas al Gobierno, que incluyen un bono a la escuela para cubrir la diferencia del incremento salarial, que el Gobierno pague el incremento del docente del sector particular, así como la equiparación de tratamiento legal y fiscal de todos los centros educativos del país, ya sean laicos, religiosos o por convenios con gobiernos extranjeros.

Sugieren además la exoneración del impuesto sobre la renta al padre de familia de las escuelas particulares, además de subsidios directos a las escuelas, según el perfil socioeconómico del estudiante que atiendan, entre otros.