Una comisión investigadora de congresistas bolivianos estableció “indicios de sobornos” de las firmas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa en la construcción de carreteras, informó ayer una legisladora oficialista.
El Parlamento “nos instruyó a hacer una investigación completa para detectar si es que había indicios de soborno en las carreteras que han construido las empresas brasileñas en Bolivia y si el Lava Jato llegó a Bolivia. Ambas situaciones están confirmadas”, dijo Susana Rivero, presidenta de la comisión investigadora.
Los congresistas comenzaron sus pesquisas después de que en abril pasado el presidente Evo Morales solicitara averiguar las denuncias publicadas en esas fechas por la prensa local, sobre las actividades de empresas constructoras brasileñas, así como determinar si la operación Lava Jato tenía alguna información sobre acciones ilegales en Bolivia.
Rivero precisó que junto con una oficina gubernamental de investigaciones financieras indagaron las cuentas bancarias de 179 personas de anteriores gobiernos.
“El informe final dará cuenta de aquellas que tengan los movimientos inusuales, sospechosos o pruebas de presuntos sobornos con Odebrecht y Camargo Correa, fundamentalmente”, precisó la parlamentaria.
Las informaciones que circularon en la prensa local mencionan actividades de las dos empresas, desde 2003 hasta 2006. Ambas compañías son mencionadas en la construcción de dos tramos viales en el departamento de Santa Cruz, que inicialmente contaban con financiamiento brasileño y que por diferentes causas internas se reorientaron hacia la cooperación financiera de la Corporación Andina de Fomento.
Fue en 2005, durante el gobierno del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, actual embajador en La Haya para la demanda contra Chile, que se firman los contratos, según reveló meses atrás su antecesor, el exgobernante Carlos Mesa, en cuya administración se iniciaron los procesos.
La Operación Lava Jato, lanzada desde 2014, descubrió una enorme red de sobornos centrada en la estatal Petrobras.
Odebrecht, una de las empresas involucradas en el esquema, admitió haber pagado más de $3,000 millones en sobornos en América Latina y África para adjudicarse proyectos o financiar campañas políticas.
El escándalo de Odebrecht ha llevado a la cárcel a expresidentes y altos funcionarios en países como Brasil, Perú y Colombia.
