En medio de mutuas acusaciones entre el consorcio IBT Health Group y el Ministerio de Salud (Minsa), entidad que amparó la relación contractual con la constructora de origen estadounidense, se descubren significativos aumentos en el costo de hospitales y centros de atención primaria.
IBT consiguió de la mano de la administración del presidente, Ricardo Martinelli, aumentar sus contratos en el sector salud de $409 millones a $523.7 millones, utilizando el sistema de adendas para la asignación de trabajos que no se habían pactado originalmente.
Estas adiciones, que suman $114.3 millones, parecen ser la génesis del problema entre el Estado y el contratista. No solo por el alza de los contratos, sino porque han quedado a la deriva un centro de atención primaria y cuatro hospitales que desde octubre de 2012 debieron estar construidos y equipados.
La constructora edifica hospitales en Colón, Darién, Chiriquí y Los Santos. A todos se les han concedido adendas. Todos registran atrasos y algunos se enfrentan al anuncio de paralización de obras.
En la suma de los contratos adquiridos por IBT con el Estado se enumeran ( incluyendo las adendas) los $50.9 millones por los cinco centros de atención primaria en salud innovador, conocidos como Minsa-Capsi; $346.8 millones en cuatro hospitales de atención completa, adjudicados bajo el esquema de “llave en mano” y $126 millones por 17 salas de hemodiálisis.
De los cinco centros de atención primaria se han entregado el de Las Tablas, en Los Santos; Ocú y Pesé, en Herrera; y Volcán, en Chiriquí. El Minsa-Capsi de Pedasí, en Los Santos, que debió estar listo el 20 de abril pasado, todavía no está terminado.
Entre los hospitales y centros de atención primaria el incremento en el costo de los contratos es equivalente al presupuesto que se necesita para construir 60 escuelas de excelencia.
El Minsa después de aprobar cuatro adendas que representaban más dinero a favor de IBT, ahora - a menos de un mes de que termine el actual gobierno- revela que la empresa demoraba hasta ocho meses en entregar las facturas que evidenciaran su porcentaje de avance. Y cuando estos documentos eran enviados al Minsa, lo que IBT aludía en sus facturas no tenía concordancia con lo que se veía en el campo.
La empresa, por ejemplo, alegaba un 35% de avance en un hospital, y cuando los funcionarios del Minsa trataban de validar esta información en campo, las obras mostraban entre un 1% y un 4% de avance.
IBT ha salido al paso de las acusaciones y responsabiliza al Minsa de “incumplir con acuerdos contractuales y obligaciones legales adquiridas”.
De acuerdo a ejecutivos de esta empresa –que ahora se desvinculan de Rogelio Oruña, amigo del presidente Ricardo Martinelli y quien se promocionaba en Panamá como representante de IBT– no han podido terminar los hospitales “porque el Minsa no les pagaba a tiempo las adiciones solicitadas y retrasaban la emisión de los certificados de no objeción (CNO) o certificados de avance de la obra”.
“El Estado tiene la responsabilidad de emitir en un plazo de 30 días hábiles los certificados de conformidad para que IBT pueda recibir los desembolsos, y desde junio de 2013 no se ha emitido uno solo de estas aprobaciones, lo que retrasa las obras”, manifestó Jorge Zimerman, subdirector del departamento de Ingeniería de IBT.
“No tienen excusa alguna para que los hospitales no estén listos porque se les tramitaron todos los certificados, tenían adendas refrendadas, todo”, manifestó Javier Díaz, ministro de Salud.
“Ellos [IBT] no han presentado ninguna cuenta en Metetí desde junio de 2013 porque no han avanzado nada, y en Bugaba solo reportaron un avance mínimo”, insistió Díaz.
Hasta abril pasado– cuando se debieron entregar los dos hospitales– el de Metetí solo registraba un avance de 46%, 1.2% más que el reportado en julio de 2013, fecha en la que el Estado le aprueba una segunda adenda de tiempo a IBT.
Igual panorama reflejaba el hospital de Bugaba. En 10 meses el avance solo fue de un 5.7%, según un informe técnico del Minsa.
El lento avance de las infraestructuras hospitalarias y el “supuesto” atraso en el pago de adendas ocasionó la ruptura entre el consorcio IBT y el Estado.
El Minsa le rescindió los contratos de los hospitales de Metetí, en Darién y Bugaba, en Chiriquí, mientras que la empresa paralizó las obras en los hospitales Anita Moreno, en Los Santos, y Manuel Amador Guerrero, en Colón.
Según la institución, luego de analizar las descargas de la empresa “no vieron sustento legal para mantener vigente los contratos”.
IBT apeló la decisión del Minsa y presentó una solicitud de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional, que en Panamá está representada por la Cámara Panameña de la Construcción.
Esta no sería la primera vez que IBT tiene un conflicto por las obras que desarrolla.
En Islas Vírgenes, Perú, España y República Dominicana, la empresa se ha visto involucrada en supuestas irregularidades en las adjudicaciones de contratos, incumplimientos y sobreprecios a través de sus filiales Carimex, IBT y Riogersa.
Jacky Esayag, gerente financiero de IBT, manifestó que la crisis “se origina en el desorden administrativo y financiero que tiene el ministerio [Minsa]”.
El conflicto entre el Estado y el consorcio también afecta a pequeñas empresas locales. Para la construcción de los hospitales IBT recurrió a subcontratistas, a quienes les adeuda entre $8 millones y $10 millones.
Obras en cifras
$10
Millones les adeuda IBT a subcontratistas en Panamá.
$114.3
Millones le aprobó el Minsa a IBT en adendas.
40%
Aumento en el costo de los contratos de los hospitales y centros de atención primaria.
